Las claves
Diego Pérez de los Cobos aseguró en el juicio del caso Kitchen que en ningún momento detectó irregularidades en la gestión de fondos reservados durante el periodo examinado.
El coronel afirmó que su responsabilidad consistía en controlar la documentación de los fondos reservados, sin supervisar el propósito final de dichos gastos.
Manifestó no recordar pagos vinculados a la operación Kitchen ni al excomisario Enrique García Castaño, y explicó que el control se realizaba de manera escalonada entre distintos organismos.
Pérez de los Cobos destacó que no se llevó a cabo ninguna auditoría sobre los fondos reservados tras la revelación de la operación Kitchen en 2015.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos testificó en el juicio del caso Kitchen en relación con el uso de fondos reservados para financiar la supuesta operación parapolicial presuntamente ideada en 2013 desde el Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, destinada a sustraer documentación delicada al extesorero Luis Bárcenas para el partido.
Desde 2013 hasta 2015 y hasta 2018, Pérez de los Cobos desempeñó el cargo de director de gabinete de Coordinación y Estudios en la Secretaría de Estado de Seguridad, con competencia en estos asuntos.
«Mi papel era el de cajero», resumió. «El cajero tiene un control documental, pero no sobre la finalidad última del uso de esos gastos», añadió, subrayando que durante ese lapso «nunca» detectó «ninguna irregularidad».
Uno de los acusados, Sergio Ríos, que fue chófer de Bárcenas, está acusado de proporcionar información a la supuesta trama parapolicial a cambio de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados.
Pérez de los Cobos explicó que, si hubiera alguna irregularidad en algún pago, corresponde a «los jefes de unidad» evaluar si un gasto se ajusta a lo que la ley determina como necesario para la seguridad del Estado, y por tanto, no requiere justificación. «Es esa persona la que autoriza, y en su caso, con el control de su superior inmediato. Pero ese control sobre la finalidad última no se eleva escalón a escalón hasta el nivel superior [del Ministerio del Interior]».
Al ser preguntado por el fiscal, el coronel manifestó no recordar pagos de fondos reservados para la operación policial llamada Kitchen o relacionados con Bárcenas. «Es cierto que la lista de operaciones que recibíamos mensualmente superaba el centenar o los doscientos», precisó.
Asimismo, indicó que no recordaba gastos nominativos vinculados al excomisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, uno de los investigados en esta causa que no llegó a juicio por motivos de salud. «No lo recuerdo, pero a mí no me suena en absoluto».
Por otra parte, Pérez de los Cobos señaló que únicamente sostuvo una reunión con el exministro Jorge Fernández Díaz para explicarle «este complicado mecanismo» del pago de fondos reservados. «Lo comprendió y yo no volví a tratar este tema con el ministro hasta que comparecí ante la comisión de Secretos Oficiales».
Consultado por la Abogacía del Estado, Pérez de los Cobos aclaró que el titular del Ministerio del Interior no supervisaba ni controlaba la gestión que su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, realizaba sobre los fondos reservados. «Según tengo entendido, no. A través de mí, en todo caso, no».
«¿Le preguntó Jorge Fernández Díaz por el pago a algún confidente?», cuestionó el abogado del exministro. «No, nunca».
Ante la pregunta del abogado de Martínez, Pérez de los Cobos afirmó que el sistema para el pago de fondos reservados fue siempre el mismo en etapas anteriores y posteriores. Además, destacó que el gabinete de Coordinación y Estudios nunca recibió recibos firmados por Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, ni por Enrique García Castaño.
Comentó también que no percibió un incremento sustancial en el volumen total de fondos reservados asignados entre 2013 y 2015, periodo en que se desarrolló la Operación Kitchen.
Este martes, el coronel señaló que existen «varios órganos que pueden utilizar fondos reservados» y que «en cada uno de esos niveles hay una caja». «El sistema de control es en cascada: la caja principal de ese árbol, en lo referente a Interior, estaba ubicada en el gabinete que yo dirigía», detalló.
«Por debajo estaban la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y la de la Guardia Civil. A principios de mes, yo llamaba telefónicamente a los responsables de caja de cada uno para que me indicaran las sumas consumidas en el mes anterior. Con la suma total, gestionaba un talón que presentaba al secretario de Estado de Seguridad. Estas cantidades se debían retirar en efectivo del Banco de España, para lo cual se requerían dos de las tres firmas autorizadas: la mía, la del secretario de Estado y la del director del otro gabinete del secretario de Estado», explicó.
«Lo usual era que yo acudiera al despacho del secretario con el talón ya cumplimentado. Él lo firmaba, luego yo, y se autorizaba a una persona para retirar esos fondos del Banco de España», relató Pérez de los Cobos.
Después comentó que, tanto en la Policía como en la Guardia Civil, existe «un libro de registro» donde se anotan las salidas de fondos reservados, asignando a cada una un código correlativo correspondiente a cada recibo.
Además, explicó que los fondos se desglosaban entre la parte destinada a operaciones y la dedicada a la obtención de información, subdivididas en aproximadamente nueve categorías: colaboradores fijos, ocasionales, compra de material, entre otros.
«Puede haber una operación (…) en una comisaría de Cáceres donde se paga a 25 colaboradores, en plural, y a la Secretaría de Estado se le remite el total consumido el mes anterior en pagos a colaboradores de la operación X», ejemplificó.
En su declaración ante el juez de instrucción, Pérez de los Cobos negó haber estado informado sobre pagos con fondos reservados para la Operación Kitchen, dado que no disponía de detalles sobre los confidentes específicos ni sobre la naturaleza exacta de las operaciones financiadas.
Finalmente, el testigo reconoció que, aunque EL ESPAÑOL destapó la Operación Kitchen en 2015, no se llevó a cabo ninguna auditoría para examinar el uso de los fondos reservados.