Un año después del incidente conocido como «cero eléctrico», la operadora ha programado el doble de centrales de gas y nucleares, aunque niega que la relajación de medidas de ese día haya sido la causa del desastre.
Se aproxima el primer aniversario del mayor apagón ocurrido en la Unión Europea en dos décadas, evento sucedido el 28 de abril en la península Ibérica. Nadie ha asumido responsabilidad alguna, pero la transformación más notable desde entonces es la forma en que trabaja Red Eléctrica Española (REE), el operador integrado en Redeia y controlado por el Estado. Aunque descarta tener culpa en lo sucedido, este mes de abril de 2026 opera con un nivel de protección un 110% superior al que utilizó el 28-A.
De acuerdo con la información obtenida por EL MUNDO, la empresa presidida por la ex ministra socialista Beatriz Corredor está programando en promedio más de 21 centrales de ciclo combinado de gas y nucleares durante este mes, las cuales aportan estabilidad al sistema frente a la intermitencia de las energías renovables. Este refuerzo supera más del doble las 10 centrales que REE preparó para el crítico 28-A. Corredor asegura que esas centrales eran suficientes, mientras que el presidente de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el responsable de Endesa, José Bogas, atribuyen a esa falta de precaución de REE el origen de la imposibilidad de controlar la sobretensión que sufrió el sistema ese día, la cual culminó a las 12:33 horas con el insólito «cero eléctrico» que afectó a 60 millones de personas, principalmente en España y Portugal. Ese momento alcanzó una sobretensión de 475.000 voltios, incontrolable dentro de un marco de alta producción renovable y mínima generación síncrona que aporte estabilidad debido a la escasez de centrales activas en reserva. Además, esta comparación muestra que el promedio de abril de 2026 supera en un 50% al de abril de 2025, período en que también se emitieron alertas de posibles fallos. Considerando todo el primer cuatrimestre del año anterior en el que hubo otro riesgo de apagón además del ocurrido, en el mismo periodo de este año se opera con una protección un 55% mayor.
El informe del Gobierno presentado el pasado junio por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, indica como factor principal que “el sistema evidenciaba una insuficiencia en las capacidades de control dinámico de tensiones suficiente para mantener la estabilidad.” Explica además que “el número de grupos acoplados con capacidad de control de tensión era inferior a los programados por el operador en semanas y meses previos, y menor también que el día anterior, debido a la falla de uno de los grupos la tarde del 27 de abril que no fue reemplazado por el operador.”
En efecto, REE aquel día trabajó con la guardia más baja del sistema desde el inicio de 2025, según los datos recopilados desde el 1 de enero de ese año, y no sustituyó la central de ciclo combinado de San Roque, perteneciente a Endesa y Naturgy, declarada «indisponible» la víspera, aunque fácilmente reemplazable. “El operador explica que la decisión de no mantener la programación a partir de las 9:00, debido a restricciones técnicas en tiempo real, se basó en la situación operativa hasta ese momento y la previsión para las horas siguientes, con niveles adecuados de tensión y recursos suficientes para el control en la zona.” Sin embargo, a partir de las 09:00 comenzaron a registrarse oscilaciones de aproximadamente 20.000 voltios hacia arriba y hacia abajo. Esto activó dispositivos de protección que a la postre debilitaron el sistema.
Aunque Corredor sostiene con argumentos que las conclusiones del informe europeo Entso-E (del que forma parte Redeia) no se centran en la baja guardia de aquel día, es un hecho que desde el 29 de abril de 2025 se ha implementado lo que denomina «operación reforzada», que consiste precisamente en acoplar muchas más centrales convencionales que en esa fecha. Esta medida conlleva un coste, dado que implica activar generadores que, en el caso de las centrales de ciclo combinado, dependen además del precio altamente variable del gas. El gasto ocasionado por esta operación precautoria de Redeia para los consumidores supera los 1.100 millones, según Ruiz-Tagle basándose en el análisis de la consultora Nera, mientras que Corredor lo cifra en 600 millones. Resulta llamativo que esta situación se mantiene, indicando que la condición “reforzada” es en realidad la necesaria, y que lo que existió el 28-A fue insuficiente y arriesgado.
Fue especialmente crítico que, de las 10 centrales de gas y nucleares programadas -11 si se cuenta una de carbón-, sólo una estuviera activa en el sur de España, un área predominante en energía solar: el ciclo de Arcos de la Frontera. “Una de las preguntas fundamentales después del incidente es por qué REE no programó un generador de reemplazo tras que una de las dos unidades contratadas para la zona suroeste fuera declarada indisponible la noche previa,” señala el informe del Centro de investigación para Energía y Política Medioambiental (CEEPR) del reconocido Instituto de Tecnología de Massachusetts.
¿Cuál fue la razón para que el operador asumiera tal riesgo? “En teoría, REE debería tener escasos incentivos para asumir riesgos elevados buscando minimizar el coste de los servicios de control de tensión. Sin embargo, la regulación vigente incluye un incentivo económico explícito que refleja el interés del regulador —es decir, del Gobierno— en reducir el volumen de energía contratada para este fin. Existen varias motivaciones detrás de esta situación. Por un lado, cada MWh programado para el control de tensión desplaza un MWh de generación renovable, lo cual contradice el objetivo político de maximizar la participación de renovables,” responden los especialistas de CEEPR. En otras palabras, a mayor presencia de gas y nuclear, menor es el logro del objetivo político de aumentar la cuota de renovables en comparación con otros países europeos.
El Gobierno controla Redeia como primer accionista con un 20% del capital, además de nombrar a la presidenta, en este caso Corredor, así como a la directora general de Operación, Concha Sánchez.
Corredor atribuye el problema a que los operadores privados incumplieron la normativa de control de tensión y aseveró en el Senado: “Lamentablemente, la regulación sí otorgaba incentivos a otros operadores para aumentar sus beneficios a partir del incumplimiento de la normativa vigente. Los únicos beneficiarios económicos de la falta de absorción de reactiva y la operación reforzada son las empresas de generación y comercialización.”
La asociación que representa a los operadores privados, Aelec, en cambio, responsabiliza a Redeia, mientras que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia sólo imputa a esta empresa la infracción más grave. Será la justicia la que resuelva la avalancha de demandas presentadas.
Corredor, por su parte, pronunció dos afirmaciones aparentemente contradictorias en el Senado. Primero, indicó que aún con la guardia máxima no hubiera sido posible evitar el apagón, ya que la causa residía en otros factores. Y segundo, aseguró que mantendrá la guardia reforzada “lo que sea necesario” en adelante.