El martes, el Congreso tomará una decisión sobre el destino de esta medida que, aparentemente, también enfrentará el rechazo de Vox.
A tan solo cuatro días para una votación crucial en el Congreso, la presión social aumenta respecto a la posible extensión de los contratos de alquiler. Los sindicatos de inquilinos han enviado más de 50.000 cartas al Partido Popular y Junts, buscando impedir que ambos partidos rechacen el Real Decreto-ley. Además, para mañana domingo está convocada una protesta ciudadana frente a la sede nacional de los populares en Madrid a las 12 horas.
La iniciativa, impulsada por Sumar, socio minoritario del Gobierno, propone congelar durante dos años los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027. En concreto, contempla una prórroga excepcional de hasta dos años para los contratos que concluyan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, estableciendo además un tope del 2 % a la subida de las rentas. Esta medida, introducida por el partido de Yolanda Díaz en un paquete destinado a mitigar el impacto económico derivado de la guerra de Irán, fue aprobada en un tenso Consejo de Ministros marcado por el rechazo de los socios al Gobierno. «Sabemos que aún no hay mayoría parlamentaria para ratificarlo, pero no renunciaremos a responder a la crisis habitacional que afecta a gran parte de la población española», afirmó en su momento Pedro Sánchez.
El rechazo al decreto-ley ha sido manifestado por PP, Vox y Junts. El portavoz popular, Miguel Tellado, declaró el 20 de marzo que su partido estaba listo para aprobar el decreto que incluía la mayoría de las medidas reclamadas por su partido, junto con Junts y PNV, pero no aquellas impulsadas «por la izquierda», referentes a cuestiones de vivienda.
El miércoles pasado, el ministro Bustinduy intentó presionar a los representantes de Núñez Feijóo mediante una carta en la que recordaba que la prórroga de alquileres que finalizan antes de diciembre de 2027 afecta a más de dos millones y medio de personas. «En las actuales condiciones del mercado, renovar esos contratos implicaría para muchos incrementos abruptos de hasta un 50 % en el precio del alquiler. Para cientos de miles de familias, eso equivaldría a tener que abandonar su hogar, con el grave impacto que supondría en sus vidas», señala el escrito.
Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió una comunicación a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que administran o reúnen al menos 50 propiedades cada uno, informándoles de la obligación de cumplir con la normativa vigente desde finales de marzo pasado. En la carta se destaca el «estricto cumplimiento» para todos los contratos de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, hasta que el próximo martes se resuelva el futuro de este decreto-ley.