Las claves
El PP de Murcia critica el incremento del caudal ecológico del Tajo, argumentando que solo favorece a Portugal y perjudica al Levante español.
Jesús Cano señala las medidas adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica que impactan negativamente en el sector agrícola y los regantes del Levante.
Especialistas advierten que reemplazar el trasvase por la desalación encarecería el agua y generaría dependencia del suministro eléctrico.
Cano demanda una política nacional del agua basada en diálogo, consenso y criterios técnicos, defendiendo el Trasvase Tajo-Segura como una obligación del Estado.
Jesús Cano, diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional de Murcia, ha expresado con firmeza su postura en la reciente Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura.
El diputado ha criticado las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica, que, a su juicio, ocasionan un «grave daño» económico y social al Levante español sin demostrar beneficio alguno para ningún otro, salvo para Portugal.
Esta visión, apoyada por expertos como Andrés Molina, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, subraya la necesidad de una «revisión profunda de la política hídrica nacional», según Cano.
«Después de escuchar en la Comisión del Trasvase tanto al vicepresidente del Sindicato Central de Regantes como al profesor Andrés Molina, quedó patente que no hay evidencia científica que demuestre que alguien se haya beneficiado del aumento del caudal ecológico del Tajo, excepto Portugal«.
«Los dos comparecientes nos instaron a defender el trasvase desde nuestras respectivas responsabilidades, destacando que no es una opción política, sino una obligación de Estado, dado que solo una planificación hidrológica estricta podrá resolver los problemas relacionados con el agua», afirma Cano.
El parlamentario murciano señala contradicciones que percibe en el sistema: «Existe una seria contradicción y una grave incoherencia entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura«.
Además, alerta sobre las repercusiones de alternativas como la desalación: «Ambos también evidenciaron que reemplazar el trasvase por la desalación condenaría a los regantes a pagar el agua más cara de Europa y a depender de infraestructuras sujetas al suministro eléctrico».
Críticas al Gobierno
Cano arremete contra el Ministerio para la Transición Ecológica, señalando que «no atienden nuestras demandas y no existe comunicación con los usuarios», reflejando una completa ausencia de diálogo y consenso.
Recuerda que las sentencias del Tribunal Supremo ordenaron el establecimiento de caudales ecológicos, pero «en ningún caso especificaron ni condicionaron su volumen exacto«, rechazando el uso político que se está haciendo de estas resoluciones.
El diputado acusa al Gobierno central de violar los principios del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, herramienta fundamental de gobernanza hídrica, adoptando criterios arbitrarios, alejados del consenso y la base técnica.
Esta situación pone en riesgo la viabilidad del sector agrícola del Levante, motor económico del sureste español, y genera inquietud entre los regantes del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura).
Asimismo, Cano reprocha al Partido Socialista su rechazo a la participación de usuarios y regantes en la Comisión, considerando este hecho una muestra de falta de respeto hacia quienes poseen conocimiento directo del sector. «España no necesita más improvisaciones en materia hídrica, sino una política nacional sólida, estable y eficaz«, enfatiza.
Para concluir, Jesús Cano insiste en que «defender el Trasvase Tajo-Segura no es una opción política, sino una obligación del Estado«.
Solo garantizando su defensa junto a una planificación hidrológica seria y coherente será posible solucionar los problemas del agua en el país, reclamando un cambio de enfoque basado en diálogo, consenso y fundamentos técnicos.
Esta intervención de Cano destaca la necesidad de corregir errores acumulados en la planificación hidrológica reciente, priorizando los intereses de agricultores y regantes murcianos frente a decisiones que desconocen la realidad local.