Se denuncia que la «deficiente planificación» y las «instrucciones poco claras» del procedimiento extraordinario provocan demoras, acumulación de trabajo y desorganización
La iniciativa de regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó evidenciando «una deficiente planificación» durante sus primeros días. Así lo ha señalado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato con mayor representación en las administraciones públicas, que también advirtió sobre los recurrentes «problemas informáticos» y que el proceso se está realizando con «recursos materiales y personal insuficiente y con formación inadecuada».
Los delegados sindicales presentes en las oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos habilitadas para realizar estos trámites confirmaron «la falta de medios y la improvisación habitual de la Administración» en este tipo de procedimientos, conforme a lo expresado en su comunicado.
Entre los principales inconvenientes detectados, CSIF destaca las fallas en la red y, principalmente, en la plataforma Mercurio, que es donde se gestionan las solicitudes de los inmigrantes que buscan regularizar su situación. «Se trata de un software de 2022, empleado para trámites de Extranjería en años recientes y que solo admite adjuntar 15 Mb de documentos», explican. Estas dificultades han resultado en «caídas totales del sistema» y, en ciertas ocasiones, han motivado el cierre de algunas oficinas de Correos.
De igual modo, el sindicato señala la falta de una planificación adecuada de las citas como un obstáculo en la tramitación, apuntando al Gobierno, que ha «ordenado atender a todas las personas», generando retrasos en los tiempos previstos para cada solicitud. «A una cita acude varios integrantes de una unidad familiar para regularizar su situación, lo que provoca demoras […] superando así los 20 minutos asignados por cita». Por esta razón, indican en su comunicado, hay casos donde oficinas de Seguridad Social y Extranjería cierran incluso a las 21:00 horas (dos horas más tarde de lo previsto).
Por otro lado, «el número de efectivos implicados en la tramitación del proceso de regularización es insuficiente, lo que provoca colas en ayuntamientos, oficinas de Correos y otras entidades para llevar a cabo la regularización», denuncian.
Sin embargo, la mayor dificultad radica en la deficiente capacitación de estos efectivos, quienes en algunos casos «se forman in situ, consultando a última hora dudas sobre documentación y procedimientos porque las instrucciones recibidas son confusas«.
Asimismo, «Correos no ha considerado el flujo de migrantes en localidades con menos de 50,000 habitantes, cuyas oficinas no están adecuadamente habilitadas como Prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG)».
Todo ello desemboca en un escenario donde el trabajo se acumula y retrasa aún más el proceso. «Para aliviar la carga laboral», señala CSIF, «el Ministerio de Política Territorial se ha visto obligado a implementar un Plan Especial para resolver trámites de Extranjería anteriores al proceso masivo de regularización, con el objetivo de mitigar la carga de trabajo», aunque desde el inicio el Gobierno aseguró que esta regularización extraordinaria no retrasaría ni afectaría a los trámites ya en curso en estas oficinas antes del anuncio y puesta en marcha de la medida.
«Esta situación muestra una vez más la debilidad estructural de nuestra Administración, que vuelve a mostrar sus limitaciones en períodos de alta demanda», lamenta CSIF. El sindicato solicita al Ministerio de la Función Pública (Óscar López) que «reconozca las necesidades de nuestra Administración y se comprometa a aprobar una oferta de empleo público adecuada», especialmente de cara a la segunda fase de la regularización, prevista para julio, cuando se trasladen al «SEPE, Seguridad Social, Justicia (para solicitudes de nacionalidad), Interior (peticiones de residencia), etc.» las «situaciones de saturación».