Hazte Oír, que encabeza las denuncias, exige que el presidente Sánchez y el ministro Bolaños testifiquen en la vista oral
«Desde la designación de su esposo como presidente del Gobierno, la proyección institucional de la investigada se incrementó, al igual que su capacidad de influencia sobre la administración, diversos sectores privados, su círculo social y sus accesos a altos directivos empresariales; siendo plenamente consciente de ello y, por tanto, de su poder para influir en terceros gracias a sus relaciones personales. Igualmente, accedió a emplear recursos y medios públicos con fines privados, profesionales, comerciales y/o universitarios». Así caracteriza la acusación popular la conducta de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, para quien solicita hasta 24 años de prisión.
El equipo jurídico de Hazte Oír, que aglutina las demás acusaciones populares del caso, le atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción empresarial, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Además, reclama 22 años de prisión para la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y seis años para Juan Carlos Barrabés, empresario que presuntamente se benefició de contratos con la Administración.
Gómez está a un paso de sentarse en el banquillo —aunque su procesamiento debe ser ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid— por supuestamente aprovechar su condición de esposa de Sánchez para obtener decisiones públicas favorables a su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. También se le acusa de apropiarse del software asociado a la cátedra y de intentar obtener réditos económicos mediante la plataforma digital que empresas como Google, Indra y Telefónica desarrollaban en una cátedra financiada por La Caixa y Reale Seguros. Además, Peinado busca que Gómez sea juzgada por haber encargado a su asesora en Moncloa temas relacionados con sus negocios personales.
Respecto a estos hechos, el escrito de acusación subraya que «tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, la investigada, plenamente consciente y de manera voluntaria, cambió radicalmente su carrera profesional, y en junio de 2018 (o en fechas cercanas al ascenso de su esposo) solicitó una excedencia». «En agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center; estableció vínculos con la OMT y Wakalua (así como con sus colaboradores, como el Grupo Barrabés); y, manteniendo la codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la UCM desde el curso 2014/2015, promovió en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, formalizada el 30 de octubre de 2020. Todo esto ocurrió pese a no ser licenciada universitaria y sin constar en el expediente un proceso competitivo de selección académica equivalente al habitual en la Universidad Complutense», continúa el escrito.
La carrera profesional de la esposa del presidente ha derivado en que gran parte del núcleo político y empresarial relevante de España figure entre los testigos propuestos para el juicio. En primer lugar, las acusaciones populares incluyen la citación del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, solicitan que declare el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia, Manuel de la Roca; y el exdirector de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, entre otros.
En el ámbito empresarial, los testigos solicitados van desde Marc Murtra, actual presidente ejecutivo de Telefónica y ex presidente de Indra; pasando por José María Álvarez-Pallete López, ex presidente ejecutivo de Telefónica; hasta José Bogas, consejero delegado de Endesa, y Rosauro Varo, ex vicepresidente y consejero de Movistar. También se ha pedido la declaración del empresario Víctor de Aldama, comisionista arrepentido en el caso Koldo.
Del sector académico, se han solicitado testimonios del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, y del ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la misma universidad, Juan Carlos Doadrio, entre otros.
Como informó EL MUNDO, los plazos habituales en la Audiencia Provincial de Madrid sitúan el posible juicio a Gómez antes o en las proximidades de las elecciones generales previstas para julio de 2027.
A la esposa del presidente del Gobierno la acusación popular solicita seis años de prisión por tres supuestos delitos de tráfico de influencias (junto con la prohibición de contratar con la Administración y recibir subvenciones durante 10 años), cuatro años por corrupción empresarial (más seis años de inhabilitación para realizar negocios), ocho años por malversación (con 20 años de inhabilitación absoluta), y seis años adicionales por apropiación indebida. En el caso del empresario Juan Carlos Barrabés, se piden dos años por tráfico de influencias (y una inhabilitación de 10 años para contratar con el sector público), y cuatro años por corrupción empresarial (junto con seis años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales).
Las acusaciones populares argumentan que «dada la existencia de un riesgo evidente y fundado de fuga por parte de los tres acusados», derivado de «la gravedad de las penas reclamadas en este escrito», se deben imponer medidas cautelares como la prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Por su parte, Gómez afirma que el juez Peinado está «distorsionando» la verdad con el fin de alcanzar un «objetivo».