Las claves
Vox ha remitido una carta a Europol para solicitar un seguimiento exhaustivo sobre la regularización de presos extranjeros impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La formación política advierte que esta medida podría transformar a España en un refugio para delincuentes y exige fortalecer la colaboración para detectar y expulsar a criminales.
Funcionarios penitenciarios y sindicatos policiales manifiestan su preocupación por la falta de transparencia y control en el procedimiento de regularización, alertando sobre amenazas para la seguridad.
Según datos oficiales, en 2024 existían 4.035 presos preventivos extranjeros en España, cifra que ha ido creciendo en los últimos años.
Vox ha enviado un escrito a Europol alertando de que la orden del Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar la regularización de presos extranjeros podría convertir a España en un «refugio de criminales«.
La carta, firmada por el eurodiputado Jorge Buxadé y a la que ha tenido acceso este medio, solicita que la agencia europea intensifique la «vigilancia«.
Al mismo tiempo, reclama reforzar «la cooperación» para detectar y «deportar a delincuentes» que puedan acogerse a este nuevo decreto.
Vox envía esta comunicación tras la circular emitida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dirigida a todos los centros para informar a la población reclusa extranjera sobre la regularización extraordinaria.
Esta instrucción indica a los directores de prisiones que faciliten a los internos «toda la documentación» requerida y los acompañen durante el proceso «con la mayor celeridad».
En la carta, Buxadé señala que «la magnitud del problema no termina ahí» y destaca que los presos extranjeros constituyen más del 30% de la población penitenciaria, «muchos de ellos presentes en España de forma ilegal».
«En lugar de deportarlos inmediatamente luego de cumplir su condena, aquellos que cumplan los requisitos podrán permanecer legalmente en territorio español”, indica el eurodiputado en su misiva a la directora de Europol, Catherine De Bolle.
«Todos estos factores convertirán a España en un refugio seguro de facto para criminales, contribuyendo a la inseguridad y fortaleciendo el modelo de negocio de las mafias dedicadas a la inmigración ilegal», añade Buxadé.
Simultáneamente a esta carta, el líder de la delegación de Vox en Bruselas ha presentado un conjunto de preguntas a la Comisión Europea sobre «los riesgos vinculados a la regularización de delincuentes por parte del Gobierno español».
El eurodiputado cuestiona a Bruselas sobre qué acciones planteará «para garantizar la seguridad de los españoles y de los demás europeos en conformidad con el artículo 67.3 del TFUE».
También indaga «cómo puede la Comisión, en colaboración con Europol, facilitar la detención y expulsión inmediata de delincuentes peligrosos, incluidos aquellos que legalicen su estancia en España».
Según Vox, la problemática de la regularización no es únicamente política, dado que el decreto «elude» el Reglamento Eurodac, que exige comprobar las bases de datos criminales de todos los Estados miembros antes de conceder cualquier estatus legal.
La entrada en vigor inmediata de la regularización, insiste Vox, impide realizar ese cribado anticipado de antecedentes en otros países,
En otras palabras, un interno sin antecedentes en España, pero con condenas en Alemania, Francia o Italia, podría obtener documentación española y luego desplazarse libremente por Schengen, advierte el partido de Abascal.
«El filtro simplemente no existe. Estamos comprometiendo la seguridad de toda la Unión Europea», ha denunciado Buxadé.
El Gobierno ha señalado que los presos preventivos acogidos a la regularización «no pueden tener antecedentes penales y deben ser sometidos a un informe policial que garantice que no representan un riesgo para la seguridad ni para el orden público».
«Caos» en las cárceles
La circular del Ministerio del Interior, adelantada por EL ESPAÑOL, ha provocado preocupación y desconcierto entre directivos y empleados de las prisiones, colocando a los trabajadores sociales en la posición de «facilitadores» del proceso.
Según los últimos datos oficiales de 2024, en España había entonces 4.035 presos preventivos extranjeros, cifra que ha ido aumentando gradualmente durante los últimos años: 3.299 en 2020, 3.393 en 2021, 3.549 en 2022 y 3.719 en 2023.
No todos los presos extranjeros en prisión preventiva están en situación irregular, pero un porcentaje importante, principalmente procedentes de Marruecos y Argelia, países que aportan la mayoría de reos foráneos, podrían beneficiarse de esta vía abierta por el Ejecutivo.
Desde el ámbito penitenciario alertan sobre el «caos» organizativo que implica la decisión ministerial. Señalan que la instrucción recibida no define con claridad a qué internos afecta ni establece un protocolo específico para quienes puedan acogerse.
A la inquietud de los funcionarios de prisiones se suma la preocupación policial, cuyos sindicatos critican esta medida.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideran «profundamente preocupante» promover procesos de regularización en el ámbito penitenciario sin garantizar un control riguroso de los antecedentes y la situación judicial de cada caso.
«No se trata de un debate ideológico, sino de seguridad y seriedad en la gestión», expresan fuentes del SUP a este medio.