Condenamos el asesinato por parte del Estado mexicano de la luchadora Rocío Mesino, parte de la dirección de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, también el del dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), el camarada Luis Olivares Enríquez y el de su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinados a balazos en el interior de su domicilio en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, en el municipio de Coyuca de Benítez.

Coincidimos con las organizaciones que señalan que no se trata de casos aislados, sino que confirman la tendencia represiva del Pacto por México para liquidar físicamente a un conjunto de cuadros del movimiento popular con el claro propósito de descabezar procesos organizativos, sembrar el terror e inmovilizar y desmovilizar a los contingentes de las distintas organizaciones del pueblo.

Los asesinatos de Luis Olivares, Ana Lilia Gatica, y Rocío Mesino se suman al asesinato de Raymundo Velázquez, secretario general del PCM en esa entidad, Samuel Vargas Ramírez, Miguel Ángel Solano Barrera, así como al de otros 13 luchadores sociales asesinados solo en Guerrero y solo en lo que va de la administración de Aguirre Rivero. En el resto del territorio nacional son 4 luchadores sociales por mes los que en promedio ha venido asesinando el gobierno de Peña Nieto desde que tomó posesión.