Las claves
Hazte Oír solicita una pena de 24 años de prisión para Begoña Gómez por supuestos delitos de malversación, corrupción, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Según la acusación, Gómez habría usado su posición como esposa del presidente para influir en procedimientos administrativos y favorecer intereses particulares.
Asimismo, se pide encarcelamiento para Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por su presunta participación en los hechos investigados.
El escrito destaca que Gómez supuestamente empleó su influencia y recursos públicos con fines personales y profesionales, incluyendo contratos y cartas de recomendación.
Hazte Oír, que lidera las acciones populares personadas en las diligencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha presentado hoy el escrito de acusación en el que solicita para ella 24 años de prisión por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Este documento cobra especial importancia dado que las acusaciones populares son las únicas que ejercitan la acción penal. El fiscal nunca apreció delito en las actividades profesionales de Gómez, por lo que presentará conclusiones absolutorias, según fuentes del Ministerio Público.
Así, la apertura de juicio oral para sentar a Begoña Gómez en el banquillo ante un Jurado popular se realizará en su caso (quedan pendientes varios recursos) únicamente con la acusación de las acciones populares representadas por Hazte Oír.
Petición de penas
La acusación popular imputa a Gómez tres delitos de tráfico de influencias, por los cuales solicita un total de 6 años de prisión.
También reclama cuatro años de cárcel como autora de un delito de corrupción en los negocios y seis años por apropiación indebida, igualmente como autora.
Finalmente, exige ocho años de cárcel como inductora de un delito de malversación, vinculado a la contratación de Cristina Álvarez como personal eventual en Presidencia del Gobierno para asistirla.
Para Cristina Álvarez se pide un total de 22 años de prisión: ocho años como autora de malversación, y seis años por apropiación indebida como cooperadora necesaria, más cuatro años por dos delitos de tráfico de influencias y cuatro años por corrupción en los negocios.
Para el tercer acusado, el empresario Juan Carlos Barrabés, la acción popular pide seis años de cárcel en total: dos por tráfico de influencias y cuatro por corrupción en los negocios.
Influencia por su relación con Sánchez
En consonancia con las resoluciones del juez instructor Juan Carlos Peinado, el escrito de acusación de Hazte Oír sostiene que Gómez, tras la elección de su esposo como presidente del Gobierno, «amplió su proyección institucional» y su «capacidad de influencia tanto ante la Administración como en sectores privados».
También aumentó «su red de relaciones sociales y oportunidades para acceder a directivos de grandes empresas, siendo plenamente consciente de ello y, por tanto, de su capacidad para influir mediante sus vínculos personales».
Asimismo, tuvo acceso a «la posibilidad de usar medios y recursos públicos para fines personales, laborales, mercantiles y/o académicos».
La tesis acusatoria señala que, desde junio de 2018, con su llegada a Moncloa, la esposa del jefe del Gobierno dio un «giro significativo a nivel profesional».
En agosto de 2018, fue nombrada directora del IE Africa Center y comenzó intercambios con la OMT, con Wakalua y sus colaboradores, como el Grupo Barrabés.
Continuó codirigiendo el Máster Propio en Dirección de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), iniciado en el curso 2014/2015.
En 2020, promovió la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
Todo esto «a pesar de no contar con un título universitario» y «sin un proceso público y competitivo de selección académica equivalente al ordinario de la Universidad Complutense».
La acusación concede especial relevancia a que en 2020 Gómez registrara la denominación TSC Transformación Social Competitiva, el dominio transformatsc.org y posteriormente la marca Plataforma de Transformación Social Competitiva transformatsc.org. También creó la empresa Transforma TSC, S.L.
Procedió «con la intención de ligar estas inscripciones a la Cátedra (primero en proyecto y luego constituida) y al desarrollo tecnológico generado en ella». Y con el objetivo de «controlar exclusivamente, apropiarse y explotar en beneficio propio o de terceros (no de la UCM) el nombre y el desarrollo informático creado».
«Presión moral» para la contratación de Cristina
En lo relativo a Cristina Álvarez, el escrito de acusación asegura que Begoña Gómez ejerció una «presión moral eficaz sobre las voluntades de los implicados» en el proceso de contratación de su asistente, motivada por la amistad y «alterando el procedimiento que justificaba dicho nombramiento», pues «no se valoró la falta de experiencia laboral previa en protocolo (…) ni su carencia de titulación».
Según la acusación popular, el trabajo de Álvarez «nunca abarcaba la gestión de la agenda privada, empresarial, laboral, académica o societaria» de Begoña Gómez.
Sobre Barrabés, se sostiene que inició una relación profesional con Begoña en 2018 mediante la colaboración entre IE Africa Center y Wakalua, plataforma integrada por compañías como Globalia, Barrabés.biz y la Organización Mundial del Turismo.
Durante la pandemia, Barrabés mantuvo reuniones en Moncloa a invitación de Gómez «con el objetivo de crear una apariencia de institucionalidad y poder«.
La esposa de Sánchez, que también se entrevistó con Barrabés, le solicitó apoyo para desarrollar contenidos del máster que codirigía en la UCM.
En julio de 2020, coincidiendo con las reuniones en Moncloa, Begoña Gómez firmó cartas de respaldo a la UTE encabezada por Barrabés en el proceso de adjudicación de contratos de Red.es.
Hazte Oír resalta que esas cartas no fueron firmadas por el codirector del Máster, José Manuel Ruano, ya que «no correspondía con la firma de la esposa del presidente del Gobierno» y ello «a pesar de dirigirse a una entidad pública dependiente del Gobierno que presidía su esposo».
Tanto la firmante como el destinatario de la carta de recomendación «eran conscientes de la relevancia y el peso de dicha firma al presentarse en un proceso de adjudicación».
Según la acusación popular, esas cartas «influyeron en los funcionarios y autoridades responsables de resolver las adjudicaciones».
Begoña las elaboró «aprovechándose conscientemente de su condición» de esposa de Sánchez y «ejerció una presión moral eficaz sobre la voluntad de los involucrados en la adjudicación para que favorecieran a empresas vinculadas a Barrabés, modificando el proceso que motivaba dichas adjudicaciones».
El empresario «aceptó libre y voluntariamente esta influencia».