España ha otorgado amnistías a inmigrantes en situación irregular seis veces entre 1986 y 2005.
Los empleados de las oficinas de inmigración en toda España cancelaron su plan de huelga tras llegar a un acuerdo con el gobierno, que atendió sus inquietudes respecto al aumento de carga laboral derivado del programa de amnistía para migrantes indocumentados, informó el sindicato CCOO el jueves.
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Los sindicatos que representan a los oficiales de inmigración suspendieron el paro planificado para la próxima semana tras asegurar un aumento salarial del 10 al 18 % y el compromiso de cubrir 700 puestos vacantes, indicó el líder sindical César Pérez.
Los dirigentes sindicales habían advertido que un sistema ya saturado enfrentaría dificultades para procesar el incremento de solicitudes tras aprobar el gobierno español el martes una amnistía para migrantes, que permitirá a alrededor de 500,000 inmigrantes viviendo y laborando sin autorización en el país solicitar la legalización de su situación.
Esta iniciativa contrasta marcadamente con la tendencia predominante en Europa, donde la mayoría de los gobiernos procura limitar la llegada de inmigrantes y aumentar las deportaciones.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó esta medida como «un acto de justicia y una necesidad».
Ratificó la postura de su administración respecto a que quienes ya residan y trabajen en el territorio de 49 millones de habitantes deben hacerlo «en igualdad de condiciones» y cumplir con sus obligaciones fiscales.
«Reconocemos derechos, pero también exigimos deberes», expresó Sánchez en sus redes sociales.
El gobierno estima que unos 500,000 individuos que habitan España sin autorización serán elegibles para presentar su solicitud.
Algunos expertos calculan que hasta 800,000 personas viven fuera de los registros oficiales en la sociedad española.
Numerosos inmigrantes provenientes de América Latina y países africanos desempeñan funciones esenciales en sectores como la agricultura, el turismo y los servicios.
Quienes cumplan con ciertos requisitos podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por un año, indicó la ministra de Migración Elma Saiz, y añadió que las solicitudes presenciales pueden comenzar el 20 de abril, mientras que las online se habilitarán desde el jueves.
La amnistía fue acelerada mediante un decreto que modifica las leyes migratorias. Esta vía permitió al gobierno de Sánchez evitar el parlamento, donde un intento anterior de amnistía se estancó y donde no cuenta con mayoría propia.
Saiz destacó esta medida como un mecanismo para que España, que ha sido una de las economías europeas de crecimiento más rápido en los últimos dos años, continúe expandiéndose.
«Nuestro progreso está directamente vinculado a cómo gestionamos la migración y a la aportación de los trabajadores extranjeros», afirmó. «Su esfuerzo permite que la economía crezca, se generen empleos y se mantenga el sistema de bienestar social.»
Los inmigrantes deben haber llegado a España antes del 1 de enero y acreditar que llevan residiendo al menos cinco meses en el país. Esto puede demostrarse mediante documentos «públicos o privados», explicó Saiz.
Además, se requiere que los solicitantes no cuenten con antecedentes penales, indicó el gobierno.
España ha concedido amnistías a inmigrantes en situación irregular en seis ocasiones previas, entre 1986 y 2005.
Fuentes adicionales • AP