La inmigración se presenta como una cuestión central para el partido, y los ‘populares’ la integran en los acuerdos y en las medidas legislativas aprobadas en los parlamentos donde cuentan con mayoría.
Las demandas de Vox hacia el PP desde el inicio de la formación de gobiernos en la primavera de 2023 han evolucionado. Temas que en ese momento eran prioritarios y figuraban en los pactos firmados en Castilla y León o Comunidad Valenciana, y también, con algunas diferencias, en Extremadura, Baleares, Aragón y Murcia, han cedido lugar a otras prioridades tras la ruptura de los gobiernos autonómicos en 2024, ya sea en las negociaciones para investiduras, presupuestos o mayorías parlamentarias. La inmigración, considerada una prioridad nacional, ha desplazado al pin parental y a la «violencia intrafamiliar«.
Inmigración
Este tema aparece en 11 apartados del acuerdo extremeño después de ser el último punto del pacto en Castilla y León en 2022, cuyo único propósito era fomentar «una inmigración ordenada». En el pacto valenciano solo figura un epígrafe dentro del apartado de Seguridad, donde ambos partidos se comprometían, «dentro del marco de sus competencias», a informar a las fuerzas de seguridad «sobre posibles casos de inmigración ilegal, poniendo especial atención en las redes mafiosas organizadas». Además, proponían eliminar subvenciones a «entidades que respalden estas prácticas». En Murcia, en septiembre de 2023, la redacción fue similar, destacando la «lucha contra las mafias de la inmigración ilegal».
Estas posturas se endurecieron en las negociaciones para aprobar los presupuestos tras la salida de Vox de los Ejecutivos. En Valencia, se exigió a Mazón suprimir las subvenciones a ONG «que apoyen la inmigración ilegal», asignar una partida para pruebas de diagnóstico de edad —que aún no se ha implementado pero se requiere a Guardiola—, así como no aceptar «ni a un mena más», situación que tampoco se ha materializado debido al cumplimiento de la legalidad y a la distribución establecida por el Gobierno. Tampoco se destinó presupuesto para un plan de retorno de migrantes, propuesta que también figura en Extremadura. En Murcia se aprobó el cierre de un centro de menores que López Miras debió ejecutar y tuvo que revertir la adquisición de viviendas, financiadas con fondos europeos, destinadas a su alojamiento.
No obstante, Vox ha logrado imponer sus políticas en los parlamentos autonómicos. Algunas de las demandas contenidas en el documento para la investidura de Guardiola se han ido aprobando en plenos. A comienzos de 2025, Vox presentó en las Cortes Valencianas la solicitud de estadísticas diferenciadas entre nacionales y migrantes, respaldada por los populares. En Extremadura se ha avanzado más: se estableció una auditoría anual de los gastos relacionados con la inmigración. El pasado primero de abril, en Valencia se aprobaron «medidas urgentes ante la inmigración masiva», entre las que se incluyen la ubicación de centros para menores extranjeros en las periferias urbanas, reforzar la disciplina en estos centros, como señala el pacto extremeño, e impulsar un programa de «retorno voluntario». Como contraprestación a su apoyo, el PP valenciano consiguió eliminar de la propuesta la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y servicios públicos, un punto presente en el documento firmado por Guardiola pero rápidamente modificado por Génova.
Sin embargo, el PP ha aceptado incluir en la Ley de reforma de la Renta Valenciana de Inclusión la exigencia de 15 meses de empadronamiento para los solicitantes.
Otra de las demandas recientes fue la eliminación de las clases de Lengua y Cultura Árabe, que se imparten en Murcia y Extremadura a solicitud de los centros educativos. Aunque Guardiola ha aprobado esta demanda, la supresión no será posible, ya que dicho programa depende del Ministerio de Educación.
Violencia intrafamiliar
Fue una de las primeras disputas entre Vox y el PP, que inicialmente mostró resistencia. Este término se incluyó tanto en el primer pacto de Castilla y León en 2022 como en el suscrito por Mazón, pero posteriormente desapareció en esa redacción para ser reemplazado, tal y como se observa en las pancartas institucionales, por «No a la violencia contra las mujeres», con el respaldo del PP. En Extremadura no se menciona explícitamente esta violencia. De hecho, la única referencia a la mujer es la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos, al considerarse «prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad».
Pin parental
Generó el primer enfrentamiento con el PP y el entonces aliado de ambos en Murcia, Ciudadanos, aunque no llegó a aplicarse como tal. No obstante, hasta ahora siempre se estipula que los padres «autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares». En Murcia tenían que ser notificados con siete días de antelación.
MEMORIA HISTÓRICA
Las conocidas como leyes de Concordia salieron adelante según lo pactado en 2023 y están recurridas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el acuerdo de Extremadura, así como en varias proposiciones de ley autonómicas, se da un paso adicional: Vox compromete al PP a preservar el «valor del patrimonio perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda» y fomenta la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de elementos como cruces de los caídos, escudos o placas franquistas. Esta misma semana, en Valencia, se aprobó una iniciativa en esta línea, que podría generar un conflicto competencial.
MEDIDAS ANTIOCUPACIÓN
Otra propuesta defendida por Vox y adoptada por el PP son las medidas antiocupación, que se han endurecido. De garantizar el derecho a la propiedad y crear oficinas especializadas para asesorar a las víctimas, se ha avanzado hacia su combate mediante la reforma del padrón municipal, su consideración como criterio de exclusión en el acceso a vivienda pública y la aplicación decidida del «desalojo exprés«.