La defensa de la esposa del presidente del Gobierno denuncia que el instructor ha «omitido trámites» durante la preparación del juicio
El equipo legal de Begoña Gómez ha presentado un documento en el que solicita al juez Juan Carlos Peinado que detenga el avance hacia un juicio con jurado hasta no resolver primero los recursos pendientes. Este «escrito de impulso procesal» argumenta que continuar de este modo constituye una violación del derecho de defensa de la esposa del presidente del Gobierno.
El abogado y exministro socialista Antonio Camacho señala que interpuso un recurso de reforma—es decir, ante el propio Peinado—contra la decisión adoptada el 20 de marzo, en la que se acordó tramitar el caso Begoña mediante el procedimiento con Jurado. Sin embargo, «sin haberse resuelto» dicho recurso, el juez ya ha dado el siguiente paso crucial: desestimar las solicitudes de archivo presentadas por las defensas el pasado 30 de marzo ante el Juzgado 41 de Madrid.
«Aunque esta parte entiende que el recurso de reforma no suspende el procedimiento hasta su resolución, lo cierto es que la ausencia de una resolución sobre el recurso interpuesto contra el auto de incoación, mientras se avanza de forma anormalmente rápida en el proceso, daña el derecho de defensa de mi representada». Para él, el instructor está «incumpliendo los trámites establecidos en la Ley del Jurado».
En su resolución más reciente, Peinado no solo autorizó el avance hacia un juicio con jurado, sino que además instó a las partes a pronunciarse sobre la apertura del juicio oral, lo que implica que las acusaciones deben especificar ya los delitos y las penas que solicitan para la esposa de Pedro Sánchez. Así, el instructor sigue adelante mientras se aguarda la decisión sobre los recursos presentados ante él y a la sección de la Audiencia de Madrid que revisa sus acuerdos.
«La falta de resolución de los recursos presentados priva a esta parte de conocer los motivos por los cuales se aceptan o rechazan sus pretensiones, generando un escenario de incertidumbre procesal incompatible con el derecho de defensa», señala el escrito, que subraya que no se trata solo de «una irregularidad procesal menor», sino de una verdadera «vulneración sustantiva del derecho de defensa, ya que impide la supervisión de las decisiones recurridas y priva a esta parte de una garantía fundamental en el proceso penal».