La Guardia Civil confirma una relación de confianza entre la actual presidenta del Congreso y el asesor de José Luis Ábalos. Aldama utilizó su influencia para obtener contratos de mascarillas por valor de 3,7 millones.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe judicial que el empresario Víctor de Aldama ejerció su «influencia» mediante el binomio «Koldo-Ábalos» para lograr la adjudicación de contratos de material sanitario también en la comunidad balear, que en ese momento presidía Francina Armengol. La trama cobró 3,7 millones de euros de las arcas públicas de Baleares a cambio de mascarillas que luego resultaron inutilizables.
Los investigadores han registrado la relación entre Armengol y Koldo, desarrollada durante los meses de la pandemia, reuniendo y reconstruyendo hasta 65 mensajes de mensajería telefónica intercambiados entre ambos.
En su informe, la UCO destaca que el primer contacto entre Armengol y Koldo García, asesor personal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, tuvo lugar el 25 de abril de 2020, es decir, antes siquiera de que comenzara la tramitación de los contratos bajo investigación en Baleares.
Tras contactar con la presidenta de las Islas, Koldo García se comunicó de inmediato con el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, a quien se le ofreció un millón de mascarillas FFP2 suministradas por la empresa central en la trama –Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL– a un coste de 2,50 euros por unidad.
Desde ese instante se activó toda la tramitación administrativa, y al día siguiente la propia Armengol consultó a Koldo si conocía a alguien que vendiera mascarillas infantiles. El asesor ministerial respondió: «Te lo arreglo». Poco tiempo después, el asesor de Ábalos, actualmente en prisión preventiva, comunicaba personalmente a la presidenta balear y líder del PSOE local la oferta: «Saldrían un millón por unos 800.000 euros, dependiendo del avión y el transporte».
De este modo comenzó la contratación de material sanitario intermediada por Aldama «sin haber firmado previamente el contrato correspondiente». Todo ello tras la gestión directa de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, quien desde que estalló el escándalo ha buscado desvincularse de estas negociaciones y restar importancia a su relación con Koldo.
En los mensajes que aporta la UCO en su reciente informe, se refleja, por ejemplo, cómo Armengol también conectó a Koldo con la consejera de Salud balear, Patricia Gómez, a lo que el asesor respondió: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».
La relación entre Koldo y Armengol continuó en los meses siguientes y no se limitó únicamente a ese contrato de mascarillas, que se pagó con «agilidad», según confirmó la empresa adjudicataria, que incluso agradeció por escrito esa rapidez en el pago.
Según lo reflejado en el último informe judicial, la entonces presidenta balear solicitó al hombre de confianza de Ábalos que le «ayudara con el tema de los fondos europeos y las inversiones en Baleares». Además, compartió con él el contenido de sus conversaciones con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Le he visto más predispuesto», le dijo Armengol a Koldo, quien le respondió en tono burlón: «Serás jodida».
Koldo también ejerció presión sobre Armengol para que recibiera a los empresarios vinculados con Aldama, actuando como «facilitador» de los intereses del empresario. «Si cenas algo rápido mañana con ellos en un reservado… te voy a querer siempre». La presidenta balear le proporcionó el teléfono de su secretaria, que Koldo envió inmediatamente a Aldama junto con capturas de las conversaciones con Armengol, a quien querían presentar «un proyecto COVID para Baleares» de los grupos empresariales Eurofins, Megalab y Fertinvest. Este proyecto tenía un presupuesto aproximado de un millón de euros y la trama ya lo había llevado a las Islas Canarias, que entonces presidía el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La actuación de Koldo se desarrolló, según la UCO, siempre bajo el rol de «correa de transmisión basado en la influencia que tendría debido a su posición como asesor de Ábalos entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama». Los mensajes aportados confirman esta conclusión de los investigadores, desmontando la coartada de una gestión estrictamente técnica de los contratos bajo investigación.
Asimismo, la UCO documenta las gestiones realizadas por Koldo en favor de Aldama para intentar implantar sus negocios de material sanitario en la República Dominicana.
Aquí, la Guardia Civil señala que el empresario facilitó al asesor del ministro el «teléfono personal» del presidente dominicano y acordaron involucrar a Ábalos en el contacto con dicho mandatario. Al retrasarse Koldo, Aldama mostró impaciencia y lo reprendió: «Llama (sic) al puto presidente de RD, que tenéis ahí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más». Los investigadores concluyen que «finalmente se concretó una relación contractual en la República Dominicana para la prestación de los servicios mencionados».
La rama balear es una de las vertientes desarrolladas en el caso Koldo. En ella se investiga principalmente el pago de 3,7 millones de euros públicos a la red supuestamente corrupta por un lote de mascarillas durante la pandemia, destinadas a proteger a los sanitarios de Baleares.
El pago se llevó a cabo, pero las mascarillas nunca se utilizaron. Seis años después, aún permanecen almacenadas en una nave del servicio de salud público de Baleares. Un informe determinó que no podían cumplir la finalidad prevista porque no alcanzaban el estándar de calidad exigido. A pesar de esto, el gobierno del PSOE efectuó el pago y otorgó a la empresa investigada un certificado de idoneidad.