Consumidores y sindicatos critican que las nuevas medidas favorecen a los propietarios de las estaciones de servicio, quienes han elevado considerablemente sus márgenes, y abogan por establecer un precio máximo para el combustible
Las disposiciones aprobadas por el Gobierno para frenar la subida de los carburantes tras el conflicto en Oriente Medio y la escalada del precio del petróleo han mostrado una efectividad menor a la esperada. En lugar de estabilizarse, tanto el gasóleo como la gasolina continuaron incrementándose: a fin de marzo, el primero subió un 20,1% en comparación con el mes anterior, mientras que la gasolina se encareció un 8,1%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.
La tendencia durante abril también ha seguido al alza. Durante la semana del 7 al 13, el precio medio del gasóleo alcanzó los 1,884 euros por litro, representando un aumento del 3,91% respecto a la semana previa; mientras que la gasolina se situó en los 1,552 euros por litro, tal como refleja el último Boletín Petrolero de la Unión Europea.
Esta subida es aún más notable al comparar con los precios del 27 de febrero, un día antes del estallido del conflicto contra Irán, fecha en la que el litro de gasolina promediaba 1,478 euros, y el gasóleo rondaba los 1,435 euros.
Las medidas resultan insuficientes
Tras esta escalada en los precios, tanto sindicatos como asociaciones de consumidores juzgan que las rebajas impositivas aprobadas por el Gobierno el 20 de marzo para proteger el ‘bolsillo’ de los españoles “no han rendido los frutos esperados”.
Entre estas destacan la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y la disminución de los impuestos sobre la gasolina y el diésel hasta el mínimo estipulado por la normativa europea. Según el Ejecutivo, estas medidas debían reflejarse en una rebaja de hasta 30 céntimos por litro —variando según el carburante—, lo que correspondería a un ahorro aproximado de 20 euros por tanque para un vehículo promedio.
Ambos recortes fiscales se consideran insuficientes, en opinión de la asociación de consumidores Facua, que opina que el Gobierno debía haber sido más firme y optar por fijar un tope en el precio de los combustibles. Señalan que quienes más se benefician de estas rebajas son “los propietarios de las gasolineras que aumentan sus márgenes”.
En consonancia, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, critica que el Ejecutivo no haya implementado medidas “firmes”, estableciendo precios máximos para el combustible: “Es necesario contar con precios máximos y una intervención en el mercado. Se requiere un Gobierno que realmente impulse una política progresista para frenar los abusos del mercado”.
Sánchez denuncia que después del “maquillaje fiscal” aplicado por el Gobierno, se han registrado “abusos”, principalmente por parte de las gasolineras, “que han inflado sus márgenes de beneficio y han aprovechado la coyuntura bélica y la subida del petróleo para elevar aún más los precios”.
Facua remarca que las medidas fiscales ocasionaron una reducción media de solo 19,2 céntimos, por debajo de los 23,3 céntimos que se deberían haber reflejado si las gasolineras hubieran trasladado completamente las rebajas fiscales. Sánchez subraya que esa reducción “se ha ido disipando” en las semanas recientes, con nuevas subidas en el combustible y sin que la disminución del precio del petróleo registrada hace días se haya trasladado a los surtidores.
Por ello, insiste en exigir al Ejecutivo la imposición de precios máximos, ya que las rebajas fiscales “benefician primordialmente a quienes inflan sus márgenes a costa de perjudicar el bolsillo de los consumidores”.
Ciudadanos, principales afectados por el aumento del combustible
Una posición similar sostiene el sindicato Comisiones Obreras, que denuncia que las rebajas fiscales no han logrado mitigar el aumento de los combustibles, lo que impacta en la subida del resto de productos de la cesta de la compra.
Por eso, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, subraya la urgencia de implementar medidas de control de precios que aseguren que los costes no se trasladen a la ciudadanía, preservando los márgenes de beneficio empresarial.
“No puede suministrarse dinero a la economía de las empresas y que estas no regulen la subida de precios, afectando al poder adquisitivo de la mayoría de la población”, afirma Pacheco.
Destaca que los niveles de inflación “están erosionando” los aumentos salariales pactados para 2026, y que quienes firmaron sus convenios en el primer trimestre han perdido 0,5 puntos respecto al IPC. Por ello, considera indispensable “intervenir en los precios del combustible”.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, han dirigido una carta a la Comisión Europea solicitando la instauración de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas generados tras el conflicto en Oriente Próximo. “Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo mismo pedimos a la Comisión Europea que explore un instrumento temporal de solidaridad para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre consumidores y contribuyentes”, publicó el ministro Cuerpo en su red social ‘X’ este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)
Ayudas enfocadas en los grupos más vulnerables
Tampoco los técnicos de Hacienda (Gestha) apoyan las rebajas del IVA sobre los carburantes. Consideran que las rebajas generalizadas pueden ser “regresivas e ineficientes” y que presentan dificultades para ajustarse a la regulación europea del IVA, dado que la Comisión Europea ha advertido que el marco europeo del IVA limita la aplicación de tipos reducidos sobre ciertos bienes, incluidos los carburantes.
Sostienen que las políticas de apoyo en respuesta al aumento del costo energético deberían orientarse preferentemente a medidas más específicas y efectivas, como ayudas dirigidas a los colectivos más afectados, incentivos para el uso del transporte público y para una movilidad más eficiente, además de promover el teletrabajo en empresas y administraciones públicas para disminuir desplazamientos y consumo de combustible.
Un ahorro mensual de 35 euros gracias al teletrabajo
Los técnicos de Hacienda recuerdan, basados en datos de la Comisión Europea, que los desplazamientos diarios al lugar de trabajo representan una cuarta parte del consumo total de carburantes de los vehículos en la Unión Europea. Estimando que más de un tercio de los empleados en la UE podrían teletrabajar tres días a la semana, “el consumo de combustible de los vehículos se reduciría entre un 2% y un 6%, generando un ahorro aproximado de 35 euros mensuales por trabajador, incluso considerando un mayor consumo energético en casa”.
De cara a futuros paquetes de medidas, en caso de que la crisis persista, Gestha valora que la reducción de los impuestos especiales se alinea con las propuestas de la Comisión, pero “no debería renovarse la reducción del IVA a la electricidad, gas, gasolina y gasóleos, dado que estas reducciones terminan beneficiando principalmente a los hogares de ingresos más altos, que habitualmente poseen más vehículos y presentan consumos superiores”.
Además, proponen fortalecer los descuentos en el transporte público colectivo, ampliar el bono social eléctrico, mantener el tope de precios para el butano y propano, incentivar en el IRPF la adquisición de vehículos eléctricos, el autoconsumo eléctrico y la mejora de la eficiencia energética en viviendas, con programas dirigidos a barrios más vulnerables, así como la supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia del comportamiento de las operadoras, incluyendo la reinstauración de un impuesto a las compañías energéticas por los beneficios extraordinarios que pudieran obtener.