Las claves
Carlos Hugo Preciado, vocal del CGPJ, ha presentado un recurso contra el proceso de selección del nuevo juez español en el TEDH y solicita su suspensión.
El comité de selección dejó fuera a Preciado y a otros 12 candidatos en la fase de entrevistas, por lo que ha interpuesto este recurso alegando falta de transparencia.
Preciado señala que la mayoría de los integrantes del comité están relacionados con el Gobierno, lo cual podría incumplir las directrices europeas sobre independencia en estos procesos.
Existe la posibilidad de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa rechace la terna española si considera que el procedimiento no ha sido transparente ni equilibrado.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Hugo Preciado, ha interpuesto ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo frente a las bases de la Orden del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que regulan la selección de una terna de juristas para designar al nuevo juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Preciado, que había presentado su candidatura, ha solicitado a la Audiencia Nacional que suspenda provisionalmente el procedimiento, que ya se encuentra en una fase avanzada.
El comité de selección está entrevistando hoy y ayer a los 16 candidatos convocados. La semana pasada, el comité excluyó a 13 aspirantes -entre ellos a Preciado- que no avanzaron a la etapa de entrevista. Además, un candidato desistió.
La selección seguirá su curso debido a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha concedido la medida cautelarísima (sin audiencia previa) que Preciado había pedido para detenerlo.
Según una resolución conocida por EL ESPAÑOL, la Sala argumenta que «no existe la especial urgencia porque el procedimiento cautelar, orientado a posibilitar una tutela provisional, si es admisible, no perderá su objeto aunque su tramitación se demore unos días en el trámite ordinario». Esto se debe a que «este proceso de selección [del juez del TEDH] incluye varias fases que se suceden de forma gradual».
«En estas circunstancias, y teniendo en cuenta los distintos momentos del procedimiento», añade, «no concurre esa urgencia especial que requiera una decisión inmediata sobre la medida cautelar, ya que el procedimiento cautelar ordinario podrá resolverse pronto, garantizando, en su caso, un resultado útil».
A partir de ahora, se tramitará la medida cautelar ordinaria y el proceso queda envuelto en la incertidumbre respecto a su legalidad.
En el recurso, Preciado —quien no ha querido hacer declaraciones— critica su exclusión «sin notificación expresa, sin resolución motivada que justifique dicha exclusión y aplicando unas bases redactadas de forma confusa e imprecisa», que considera contrarias a la seguridad jurídica y a la prohibición de arbitrariedad.
El comité que selecciona la terna tiene una clara mayoría de miembros vinculados al Gobierno. Está compuesto por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Gema Espinosa y Paz Andrés. Esta última fue nombrada por el Gobierno como miembro permanente del Consejo de Estado, órgano asesor del propio Ejecutivo.
Preciado argumenta en su recurso que «dado que la mayoría del comité (4 de 5 integrantes) está vinculada al Gobierno, esto podría vulnerar las directrices del Consejo de Europa que exigen una composición equilibrada y libre de influencias indebidas».
Fuentes jurídicas comentaron que el recurso señala el «riesgo de rechazo» de la terna española por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es la encargada de elegir al juez del TEDH por cada país.
Las mismas fuentes recuerdan que «hay precedentes claros, como el caso de Hungría en 2025, donde la Asamblea Parlamentaria rechazó ternas porque los comités nacionales de selección estaban bajo control gubernamental o carecían de transparencia».
La próxima semana, precisamente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene previsto emitir un pronunciamiento sobre una propuesta de resolución aprobada por unanimidad el 17 de marzo por su Comisión para la Elección de Jueces del TEDH.
En dicha propuesta se plantea que los Estados aumenten la «equidad y transparencia» en la selección de las ternas de candidatos.
Se menciona expresamente que es necesario que el Ejecutivo «no controle la composición del órgano nacional de selección». Esto no se cumple en el comité que realiza la selección de la terna española.
La propuesta a debatir por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recalca que la mayoría de los miembros del comité nacional encargado de escoger candidatos al TEDH debe provenir «de fuera de la estructura gubernamental, por ejemplo, del Poder Judicial, la oficina del defensor del pueblo, los colegios de abogados y el ambiente académico».
El nuevo juez sucederá a la actual representante española en el TEDH, María Elósegui, cuyo mandato finaliza en marzo del próximo año.
El mandato de los jueces en la Corte de Estrasburgo es de nueve años. Entre los postulantes entrevistados figuran Lorena Bachmaier, catedrática de Derecho Procesal; Dimitri Berberoff, vicepresidente del Tribunal Supremo; Rafael Bustos, catedrático de Derecho Constitucional y miembro titular de la Comisión de Venecia; José Miguel Company, fiscal adscrito a la Fiscalía de Sala y coordinador de cooperación jurídica internacional; Daniel Sarmiento, profesor titular de Derecho Administrativo y de la UE, exletrado del TJUE; y Cristina Hermida, catedrática de Filosofía del Derecho;
También han sido convocados a entrevista Luis Jimena, catedrático de Derecho Constitucional; Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal; Manuel Ponte, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Santiago Ripol, jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, y Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público