Las claves
Gaspar Zarrías abonó 16.000 euros a Leire Díez por un informe acerca de la presunta participación de Villarejo en el caso ERE, basado únicamente en datos públicos.
El documento elaborado por Díez no consiguió confirmar la hipótesis de que el excomisario Villarejo estuviera detrás del inicio del caso ERE en 2011.
El juez indaga a Leire Díez por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras que Zarrías es investigado como testigo debido a su contratación en la consultora Zaño.
Zarrías afirmó que el encargo del informe tenía como objetivo esclarecer la verdad sobre el caso ERE, sin intención de usarlo en recursos judiciales.
El exconsejero andaluz del PSOE Gaspar Zarrías desembolsó 16.000 euros a Leire Díez por un informe extenso, basado en información accesible públicamente y que «no logró demostrar» la tesis planteada: que el comisario jubilado José Manuel Villarejo estuviera vinculado al caso ERE.
Así lo explica el propio Zarrías en diálogo con EL ESPAÑOL, pocas horas después de haber sido interrogado como testigo por el magistrado Arturo Zamarriego.
Este juez investiga a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Se indagan las supuestas maniobras de Díez para entorpecer las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
Como reveló EL ESPAÑOL, Zarrías, una vez desvinculado de la política, mantuvo a Díez en nómina en 2024 a través de su lobby, denominado Zaño Sociedad Consultora SL. Por ese motivo, el juez Zamarriego lo llamó a declarar como testigo en esta investigación.
Ante el juez, Zarrías, condenado en el caso ERE y luego absuelto por el Tribunal Constitucional (TC), explicó que pagó 4.000 euros mensuales a Díez entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2024.
Durante ese tiempo, Díez investigó la posible implicación de Villarejo en la apertura de aquella causa judicial, que causó un gran impacto en la política andaluza y nacional.
El caso ERE provocó, entre otras consecuencias, la condena por prevaricación y malversación del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, del PSOE.
Así lo dictaminó la Audiencia Provincial de Sevilla. Sin embargo, posteriormente el Constitucional anuló dicha condena.
Algo similar ocurrió con Zarrías: un TC dividido revocó la sentencia de nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Esto sucedió en julio de 2024, el segundo mes en que Díez trabajaba para Zaño Sociedad Consultora SL.
No obstante, en entrevista con este medio, Zarrías sostiene que la contratación para elaborar el informe sobre Villarejo no fue con la intención de usarlo en su recurso de amparo ante el TC, que se presentó con anterioridad.
Asegura que buscaba conocer «la verdad» detrás del caso ERE. Sin embargo, como él mismo reconoce telefónicamente, la investigación de Díez no pudo implicar a Villarejo en el origen de esta causa judicial, que comenzó en 2011.
El exconsejero entregó este jueves al juez Zamarriego un pendrive con dicho dossier. «Tiene muchas páginas. Toda la información es pública», explica a EL ESPAÑOL. «Y no, no logró demostrar la implicación de Villarejo,» reconoce en la conversación telefónica.
Ante el juez
Zarrías detalló este jueves al juez que conoció a Leire Díez en 2021. Ella lo contactó telefónicamente y se presentó como «periodista» —había estudiado Periodismo— y como «militante del PSOE», dado que estaba afiliada al partido.
Ya ese año, según su relato, Díez le comentó que investigaba al excomisario Villarejo, para lo cual Zarrías le facilitó «documentos y sentencias».
Tres años después, finalmente la contrató.
«Nos reuníamos generalmente en una cafetería frente a mi despacho», explicó el exfuncionario sobre su relación laboral con Díez. «Por tratarse de un tema tan puntual, lo gestionaba yo personalmente, sin involucrar a empleados [de Zaño]», aclaró.
Además, señaló que Díez no dispuso de una cuenta de correo corporativa del lobby. «Tampoco hubo intercambio de emails», añadió.
«Los viajes, dietas y demás estaban incluidos en su salario de 4.000 euros mensuales», puntualizó. «No era un trabajo administrativo; era un asunto confidencial», enfatizó, refiriéndose al papel de Díez.
Cuestionado sobre los motivos para cerrar su consultora —que ocurrió en diciembre de 2025—, el exconsejero mencionó ante el juez su próxima jubilación, sus obligaciones familiares y se desligó del PSOE y de los supuestos delitos investigados en esta causa.