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Es un lugar poco deseado. Para la mayoría de los costarricenses, aparecer en la misma lista que argentinos o ecuatorianos resulta chocante. Sin embargo, la realidad indica que Costa Rica figura entre las tres naciones de América Latina con mayores adeudos frente al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Argentina lidera la tabla con un saldo de US$56.944 millones, lo que representa el 8,3% de su PIB. Ecuador le sigue con US$8.850 millones, equivalentes al 6,8% de su PIB, y Costa Rica ocupa el tercer lugar con US$2.441 millones, el 2,4% del PIB.
No obstante, la forma en que Costa Rica alcanzó esa posición difiere considerablemente de sus “compañeros de ranking”. Sobre todo, en cuanto a la serie de crisis, renegociaciones y disturbios sociales vinculados a los rescates del FMI en Ecuador y Argentina.
También su evolución fiscal y los ajustes realizados han seguido una ruta distinta.
“Al comparar la deuda en relación al PIB, la obligación de Costa Rica con el Fondo Monetario no es tan elevada como la de Argentina o Ecuador, ambos países enfrentaron escenarios fiscales extremadamente complejos”, aclara a BBC Mundo Luis Mesalles, economista y socio de la consultora Ecoanálisis.
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Desde 2000 hasta 2020, Costa Rica registró déficits fiscales persistentes. El gasto público superaba a los ingresos de manera constante sin que ninguno de sus gobiernos lograra detener esa dinámica.
Dentro de este lapso se incluye la crisis financiera global de 2009, ante la cual el gobierno implementó un programa de gastos conocido como el “Plan Escudo”, y el inicio de la pandemia de Covid-19, que afectó la economía costarricense en un momento donde el país aún tenía vulnerabilidades estructurales en sus finanzas públicas y manejo de la deuda.
Duras reformas
Después de varios intentos fallidos para detener el incremento de la deuda, en 2018 se aprobó una reforma estructural: la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta medida convirtió el impuesto sobre ventas en un impuesto al valor agregado, ampliando el campo del IVA a servicios además de bienes, e introdujo la factura digital, entre otras acciones.
“Se impulsaron cambios que incrementaron la recaudación del Estado en casi 2 puntos del PIB. Paralelamente, se estableció una regla fiscal para limitar y controlar el crecimiento del gasto público”, añade el economista.
Dicha reforma permitió que Costa Rica obtuviera acceso a numerosos organismos internacionales: FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la agencia crediticia de Francia.
Sin embargo, no bastó. Los efectos derivados de la pandemia rápidamente borraron los avances conseguidos.
La deuda pública, que ya se situaba alrededor del 60% del PIB antes de la crisis sanitaria, escaló al 68% en 2020. Además, las agencias de rating le asignaban mala calificación, complicando el acceso a financiamiento en mercados internacionales.
“Aunque Costa Rica tenía acceso limitado a deuda externa, no enfrentaba una crisis de liquidez a corto plazo que impidiera cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, en 2019 la situación se volvió crítica”, recuerda Mesalles.
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En abril de 2020, Costa Rica formalizó su primera cooperación con el FMI.
El gobierno concertó un préstamo de emergencia por US$506 millones bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), mecanismo diseñado para economías que enfrentan presiones inmediatas en su balanza de pagos a causa de desastres naturales o pandemias.
Fue la primera vez en diez años que el país activó un programa formal con Washington.
En marzo de 2021, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó para Costa Rica un acuerdo ampliado de 36 meses por US$1.778 millones.
Entre las condiciones se imponían tres pilares: reformas fiscales para asegurar la sustentabilidad de la deuda, fortalecimiento de la autonomía del Banco Central y reformas estructurales.
Líneas de crédito
“Reconociendo el empeño de Costa Rica para mejorar sus problemas estructurales de deuda, el primer apoyo del FMI fue un financiamiento de emergencia para aliviar las presiones en la balanza de pagos”, señala Luis Vargas Montoya, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Posteriormente llegaron dos financiamientos adicionales: uno para respaldar la reforma fiscal y la estabilidad monetaria y financiera, y otro para sostener esfuerzos frente al cambio climático.
Sin embargo, el tipo de deuda que actualmente Costa Rica mantiene con el FMI la distingue del resto de los países del ranking.
No son líneas de deuda activa, sino líneas de crédito que solo se activan en circunstancias excepcionales.
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“En 2025, el FMI ratificó la evolución positiva de los indicadores económicos de Costa Rica y le concedió una Línea de Crédito Flexible (LCF) por US$1.500 millones, que es la única línea con la que cuenta actualmente y que cumple una función precautoria ante la incertidumbre global”, explica Vargas Montoya.
La LCF está dirigida a países con fundamentos económicos y marcos institucionales de política financiera muy fuertes.
“El riguroso plan de reformas implementado en años recientes ha impulsado el crecimiento, reducido la deuda y disminuido la pobreza, además de fomentar la confianza de los inversionistas internacionales”, afirmaron especialistas del Fondo Monetario Internacional al aprobar esta línea de crédito.
Créditos "verdes"
El año pasado, las exportaciones de bienes alcanzaron un récord de US$23.000 millones y según el Ministerio de Comercio Exterior han continuado creciendo este año.
Además, la inversión extranjera directa alcanzó niveles históricos, impulsada por las zonas francas del país, con nuevos compromisos de multinacionales como Intel, Accenture y Coca-Cola.
Mesalles señala que la deuda de Costa Rica con el Fondo Monetario responde a motivos diferentes a los de Argentina y Ecuador.
“El país no contrajo deuda por emergencia, sino que más bien como parte de una estrategia para cambiar la naturaleza de su endeudamiento”, comenta.
“Muchos de esos recursos disponibles están vinculados a créditos verdes para fomentar la sostenibilidad y mitigar los efectos del cambio climático, una modalidad bastante reciente en el Fondo Monetario”, añade.
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A pesar de que el país pasó por momentos que lo acercaron al incumplimiento, fueron las reformas las que recuperaron la confianza de los organismos multilaterales y los inversionistas extranjeros.
“Se espera que la política fiscal se mantenga dentro de los límites establecidos por la regla fiscal. Esta regla ha sido esencial para sostener la disciplina financiera, mientras que las mejoras en la administración tributaria y los avances tecnológicos ya comienzan a reflejar resultados”, concluyó un grupo técnico del FMI, liderado por Varapat Chensavasdijai, tras visitar San José entre el 25 de febrero y el 9 de marzo de 2026.
La economía costarricense enfrenta retos importantes. Uno de los próximos pasos podría ser una reforma tributaria que aumente el impuesto sobre la renta. No obstante, los especialistas sostienen que esa línea de crédito representa una garantía a largo plazo para el país.
Eventos como el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán y las repercusiones en el precio del petróleo pondrán a prueba las economías mundiales, incluida la de Costa Rica. Sin embargo, estiman que con esta línea de crédito emitida por el FMI, el país cuenta con mayor preparación para enfrentar esos desafíos.