Destaca que, en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales «no se atacan mediante descalificaciones públicas», sino que se impugnan a través del «sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos».
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera “inadmisible” que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, critique la instrucción realizada por el juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez y afirme que «ha avergonzado» a numerosos jueces y magistrados.
Así lo expresó la APM en un comunicado, donde recalca que en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales «no se impugnan con descalificaciones públicas», sino mediante el «sistema de recursos y cauces procesales legalmente reconocidos». Estos mecanismos, subrayan, están diseñados «precisamente para proteger los derechos de todas las partes y corregir, cuando sea necesario, cualquier posible exceso o infracción».
De esta manera, critican las declaraciones de Bolaños, quien el lunes afirmó, tras conocerse la decisión de procesar a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las actuaciones del juez no solo habían «avergonzado» a «muchos ciudadanos, jueces y magistrados», sino que además habían provocado un «daño irreparable» al «buen nombre de la Justicia». También expresó su esperanza de que un «tribunal superior» y «imparcial» revoque «las decisiones que se están adoptando».
En este sentido, la Asociación puntualiza que los jueces y magistrados españoles «no requieren que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos». «Lo que demandan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, incluso cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno», resaltan en el comunicado.
Por ello, la APM considera que sería «deseable» que el ministerio dirigido por Bolaños «centrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia», enfocándose en «las serias dificultades organizativas y materiales que está mostrando la implantación de los tribunales de Instancia», en lugar de emitir «evaluaciones políticas sobre procedimientos en trámite».