La comisión del apagón señala que Red Eléctrica carecía de sistemas de alerta para identificar fallos con tiempo suficiente de respuesta

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, durante su comparecencia ante la comisión de del apagón. Las claves

La comisión del Senado concluye que Red Eléctrica carecía de sistemas de alerta que permitieran identificar fallos con un margen suficiente para reaccionar antes del apagón.

El mecanismo de supervisión no era capaz de captar a tiempo la reducción de los márgenes de seguridad, aunque los indicadores oficiales permanecían en verde.

El informe cuestiona el marco regulatorio y demanda una revisión completa de los protocolos para ajustarlos a la complejidad actual del sistema eléctrico.

El Senado advierte que, sin modificaciones, los apagones pueden volverse una amenaza recurrente en lugar de eventos excepcionales.

La comisión investigadora del Senado sobre el gran apagón presenta este miércoles sus hallazgos, y según pudo confirmar este medio, indican que la operadora Red Eléctrica no disponía entonces de un sistema «capaz de ubicar geográficamente los incidentes» con suficiente margen para actuar.

Dicha carencia, advierten los senadores, mantuvo a la red «ciega» ante una inestabilidad creciente mientras que los indicadores formales continuaban en verde, dentro de los parámetros de seguridad.

El documento, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, se publica justo cuando se acerca el primer aniversario del apagón del 28 de abril de 2025.

Las conclusiones de la comisión describen un sistema de vigilancia diseñado para comprobar que la tensión se mantuviera dentro de ciertos rangos numéricos, pero incapaz de identificar oportunamente el deterioro de los márgenes de seguridad.

Según los informes de la comisión, la empresa pública presidida por Beatriz Corredor no disponía de herramientas para cruzar en tiempo real la volatilidad, velocidad de cambio, recurrencia de desvíos y localización precisa de los incidentes. La red aparentaba estabilidad, pero no lo estaba.

«Tras la experiencia del 28 de abril, es imprescindible que el operador del sistema implemente un sistema de alertas más riguroso«, señala el informe de conclusiones.

Agrega que esta nueva estructura no debe limitarse a comprobar que la tensión esté «dentro de un rango formal», sino que debe incluir «parámetros de volatilidad, velocidad de variación, recurrencia de desvíos, localización geográfica de los incidentes y posibles reducciones de los márgenes reactivos«.

El documento parlamentario manifiesta de forma clara una crítica profunda al marco regulatorio español.

La comisión señala que, un año después del gran apagón, la normativa vigente continúa permitiendo «situaciones de alta inestabilidad mientras ciertos valores se mantengan dentro de los límites permisibles».

En otras palabras, el sistema puede operar al borde del límite aunque los indicadores indiquen que todo está en orden.

«Mejora concreta e inmediata»

«Esa enseñanza debe reflejarse en una mejora operativa clara y urgente», advierten los senadores.

Las fuentes consultadas destacan que el informe no solo asigna responsabilidades políticas, sino que también profundiza en las deficiencias técnicas y regulatorias. Es una llamada de atención a Red Eléctrica, a las grandes energéticas y al propio Ministerio para la Transición Ecológica, promotor de las normativas actuales.

Además, el texto solicita «una actualización integral de los protocolos de actuación frente a oscilaciones, sobretensiones y cambios bruscos en los márgenes de control de tensión».

La experiencia del 28 de abril mostró que ciertas maniobras que mitigan oscilaciones de frecuencia, al mismo tiempo, pueden empeorar problemas de tensión.

«Por lo tanto, los protocolos deben incorporar explícitamente el impacto de estas medidas en la tensión, apoyándose en las evidencias técnicas disponibles», concluye la comisión.

Los expertos ya lo dijeron

Las conclusiones del Senado coinciden con informes previos de expertos que señalaban un fallo de seguridad «multifactorial» en el sistema eléctrico, que va más allá de una planta o tecnología específica. El apagón no fue un evento aislado, sino la consecuencia de semanas de alertas.

El mismo documento parlamentario enfatiza que «el comportamiento del sistema en las semanas y días previos al apagón demuestra que pueden ocurrir situaciones de intensa inestabilidad» sin que se activen las alarmas.

Los senadores describen así un escenario de crecimiento del riesgo, con repetidos episodios de sobretensión y variaciones abruptas, mientras la regulación seguía evaluando la red con herramientas obsoletas.

La red resistía, aunque con menos margen. Nadie modificó los protocolos hasta que gran parte de España quedó sin suministro.

El informe señala un problema de diseño institucional: los protocolos estaban ideados para una realidad diferente del sistema.

La masiva incorporación de renovables, la rápida electrificación y la mayor complejidad de las redes no se acompañaron de un rediseño acorde en las herramientas de control.

Por ello, la comisión exige una revisión de los protocolos para abordar oscilaciones y que se actualicen los criterios de planificación y operación.

Corredor y la responsabilidad

En este contexto se entiende la intervención de Corredor, presidenta de Redeia, ante la comisión.

La máxima responsable de la empresa reafirmó que el origen del «cero eléctrico» estuvo en una gran planta solar de Badajoz y se apoyó en el panel europeo de expertos para afirmar que Red Eléctrica «no falló».

No asumió responsabilidad alguna por la falta de un sistema de alertas más preciso ni por los fallos «multifactoriales» señalados por los técnicos.

Corredor, exministra socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, protagonizó una de las sesiones más tensas de toda la investigación.

Tras la difusión de audios entre centros de control de la red y compañías eléctricas, se enfrentó con los senadores del PP, quienes la acusaron de «ocultar información» y de «culpar a las renovables».

La presidenta solicitó protección al presidente de la comisión, quien decretó un receso «para que la señora Corredor recuperase la calma».

El enfrentamiento político no altera, sin embargo, la conclusión principal que emergen de los hallazgos. El Senado reconoce que el sistema eléctrico español llegó al apagón del 28 de abril sin un sistema de detección adecuado para anticipar la tormenta perfecta que se formaba.

Y lanza una advertencia con proyección futura: si no se modifican las reglas, los apagones dejarán de ser casos excepcionales para transformarse en una amenaza persistente.

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