Por afectar a la gestión migratoria, fiscal, fronteriza, aduanera y medioambiental
El Partido Popular solicita al Gobierno que lleve a votación en el pleno del Congreso el acuerdo Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar, publicado el pasado 26 de febrero, al considerar que representa un «hito de primer orden» con repercusiones directas en ámbitos clave para España como la gestión de fronteras y migratoria, los controles y el espacio Schengen, la cooperación policial y aduanera, aspectos medioambientales, así como temas de fiscalidad, competencia portuaria y aeroportuaria, que influyen directamente en el área del Campo de Gibraltar.
Los populares han registrado una propuesta para que la Cámara se pronuncie sobre la necesidad de que el Gobierno someta a debate este acuerdo, con el fin de que pueda ser ratificado por el Congreso.
En su iniciativa, citan lo estipulado en el artículo 94.1 de la Constitución, que exige la autorización previa de las Cortes Generales para tratados o acuerdos internacionales que afecten a la integridad territorial, tengan un carácter político o militar, incidan en derechos y deberes fundamentales, generen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o requieran medidas legislativas para su implementación.
El PP sostiene que el acuerdo sobre Gibraltar incide, al menos, en varios de estos supuestos, por lo que su sometimiento a las Cortes Generales es una obligación constitucional que el Gobierno debe cumplir.
Además, añaden que las negociaciones del acuerdo se llevaron a cabo «con falta de transparencia y sin el adecuado control democrático», dado que «ni las Cortes Generales ni el principal partido de España fueron informados de los aspectos esenciales finalmente incluidos en el texto». Esto ocurrió a pesar de que el Grupo Popular en el Congreso solicitó repetidamente información, debido a que el acuerdo «afecta a los intereses estratégicos de España».
El documento, asimismo, no se ha publicado en una versión en castellano a pesar de su importancia para España y para los ciudadanos directamente implicados, lo que, según los populares, «limita el correcto conocimiento y examen público de su contenido».
El PP recuerda que Gibraltar es una colonia que desde 1960 está incluida en la lista de las Naciones Unidas de «territorios no autónomos pendientes de descolonización» y, por lo tanto, «constituye una anomalía jurídica y política en la Europa del siglo XXI». Señalan asimismo que la cesión de Gibraltar al Reino Unido por parte de España, recogida en el Tratado de Utrecht de 1713, se limita únicamente «a la ciudad y el castillo», junto a su puerto, defensas y fortaleza, pero no abarca el istmo ni las aguas circundantes, pese a que, en la práctica, actualmente están bajo ocupación británica.
En 2016, el Reino Unido decidió abandonar la UE, proceso que concluyó en 2020. Esto colocó a España en una posición negociadora ventajosa respecto al acuerdo, dado que la salida británica modificaba el contexto aplicable al Peñón. Finalmente, el acuerdo, cuya vigencia está prevista para el próximo 15 de julio, no altera la soberanía británica sobre Gibraltar, pero sí elimina la verja y los controles fronterizos; incorpora el Peñón al espacio Schengen, con controles de entrada y salida gestionados por España en el puerto y el aeropuerto; establece para la colonia un impuesto equivalente al IVA que comenzará en un 15%, y armoniza las normativas medioambientales y comerciales con las vigentes en la UE.