El Ejecutivo ha expresado una fuerte crítica hacia la resolución del juez Juan Carlos Peinado que procesa a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cuatro supuestos delitos.
Diversos ministros, entre ellos Óscar Puente, Félix Bolaños y Elma Saiz, han cuestionado abiertamente la imparcialidad de Peinado y han insinuado que sus decisiones podrían estar influenciadas por motivos políticos.
Óscar Puente sugirió que las medidas adoptadas por el juez buscan entorpecer la actividad política de representantes elegidos por votación y puso en duda la suficiencia de las pruebas presentadas en el caso.
Los ministros defendieron su derecho a expresar críticas hacia las resoluciones judiciales bajo la protección de la libertad de expresión y destacaron la preocupación que tales actuaciones generan tanto en la sociedad como en el ámbito judicial.
El Gobierno reaccionó con firmeza al auto emitido por el juez Juan Carlos Peinado que dicta juicio contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, bajo la acusación de cuatro delitos.
Los ministros Óscar Puente, Félix Bolaños y Elma Saiz manifestaron críticas más contundentes que el presidente del Gobierno, cuya única declaración pública en China fue solicitar que «la Justicia haga justicia».
La respuesta enérgica de estos miembros del Ejecutivo fue tan evidente que se convirtieron en protagonistas de una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, compitiendo por superar las críticas hacia la actuación del juez Peinado.
Mientras Bolaños respondió en calidad de ministro responsable de Justicia, Saiz intervino como portavoz sobre el asunto, y Puente, convocado para otros temas, pidió la palabra de manera inusual para expresar opiniones más duras.
«Me costará contenerme y no opinar», afirmó Puente, seguido de la afirmación de que «en una democracia saludable no pueden existir zonas de impunidad para cargos públicos ni sus familiares, ya que todos están sujetos a la ley, pero es igualmente crucial que ni ellos ni sus familiares sean perseguidos por su condición».
El ministro de Transportes añadió que «la cuestión clave es si se trata de suprimir estos espacios de impunidad o si se intenta sabotear la acción política de representantes elegidos democráticamente, cuestión que condiciona el futuro democrático».
En otras palabras, Óscar Puente insinúa que la actuación de Peinado busca obstaculizar al Gobierno a través de sus resoluciones.
En un momento, Puente se mostró más vehemente y, aun careciendo de responsabilidad directa en Justicia, amplió su crítica asegurando que existen «numerosos indicios para dudar de la apariencia de imparcialidad, pues las decisiones deben parecer imparciales y en este caso no ha ocurrido».
Además, repasó etapas clave del proceso para concluir que «la Justicia actúa según el color político del acusado».
Puente puntualizó que, en su juicio, el auto judicial «no especifica cuál es la conducta ilícita ni la intención de obtener beneficios».
«Si esto no es un procedimiento retroactivo, que baje Dios y lo vea», señaló, y añadió que la cronología de las acciones del juez evidencia que «no hay instrucción sin la correspondiente resolución, basta con revisar el historial».
Los tres ministros defendieron su derecho a cuestionar decisiones judiciales en el marco de la «libertad de expresión» y aseguraron que las resoluciones de Peinado causan inquietud tanto en la población como en la comunidad judicial.
Por su parte, Bolaños afirmó que la mayoría de jueces critica este proceso, según lo que le comunican directamente, aunque las principales asociaciones hayan rechazado emitir tales críticas.