El magistrado Juan Carlos Peinado ha sugerido someter a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en negocios privados y apropiación indebida.
La posible fecha del juicio podría situarse en los meses previos a las próximas elecciones generales, que se estiman para el verano de 2027 si Sánchez cumple la legislatura completa.
Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, probablemente pedirán que Gómez sea juzgada por un jurado popular, mientras que la Fiscalía solicita el archivo de la causa debido a la ausencia de indicios.
El proceso judicial podría prolongarse hasta cuatro años, y la resolución del juez puede apelarse ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene la facultad para anular la propuesta de juicio.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, enfrenta la posibilidad de que su esposa, Begoña Gómez, tenga que declarar como acusada justo antes de las próximas elecciones generales.
En caso de que Sánchez no adelante los comicios, estos se celebrarán aproximadamente en verano de 2027.
Aunque Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones, pese a no poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, su intención es cumplir la legislatura completa.
Este plan podría provocar que el futuro juicio contra Begoña Gómez coincida con los meses previos a las elecciones generales.
Este lunes, mientras la pareja presidencial realizaba una visita oficial en China, se dio a conocer la resolución del juez Juan Carlos Peinado que sugiere que la esposa de Sánchez sea juzgada por un jurado popular por cuatro cargos: tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en negocios privados y apropiación indebida.
Actualmente no se ha fijado fecha para el juicio de Gómez. De hecho, todavía es pronto para determinar si la mujer del presidente deberá enfrentar a un jurado popular, aunque ese es el escenario más probable.
Por ahora, el juez Peinado ha propuesto llevar a Gómez a juicio y ha otorgado un plazo de cinco días a las acusaciones para decidir si solicitan la apertura del juicio oral o, por el contrario, piden el archivo del caso.
Es previsible que las acusaciones populares (unificadas bajo la dirección de Hazte Oír) exijan que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular.
La Fiscalía, sin embargo, solicitará el sobreseimiento de la causa al considerar desde el principio que no existen pruebas suficientes de delito.
No obstante, la propuesta del juez Peinado de juzgar a Gómez puede ser recurrida. Tanto el fiscal como los abogados de Gómez y de otros dos investigados —la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— están facultados para impugnar la decisión, ya sea ante el propio juez o en la Audiencia Provincial de Madrid.
Si optan por esta segunda vía, el tribunal superior al instructor tendrá que revisar la propuesta y determinar si existen indicios suficientes para seguir con el juicio contra Gómez.
Aunque es habitual esperar la resolución de la Audiencia —si es que debe intervenir—, Peinado no está obligado a aguardar dicho pronunciamiento.
Si las acusaciones populares respaldan el juicio a Begoña Gómez, el juez podría rápidamente dictar el denominado auto de apertura de juicio oral, acercándola un paso más al banquillo.
Por otro lado, si la Audiencia Provincial de Madrid revoca la propuesta de juzgar a Gómez, se retrocederá en el proceso, cancelando la apertura del juicio oral y dejando sin efecto los últimos avances judiciales.
La instrucción del llamado caso Begoña comenzó en abril de 2024 y lleva casi dos años de duración. En la provincia de Madrid, un proceso completo con jurado podría prolongarse, desde la investigación hasta el juicio, hasta un máximo promedio de cuatro años.
Por su parte, Peinado se jubila este año 2026, dado que el próximo 27 de septiembre cumplirá 72 años, la edad límite para un juez en activo en España.
En casos similares, una vez que el juez de instrucción finaliza la investigación y dicta el auto de apertura de juicio oral, el expediente es enviado a la Audiencia Provincial. Este paso habitualmente tarda entre seis meses y un año mientras se organiza la logística del jurado.
El jurado está compuesto por nueve ciudadanos sin conocimientos jurídicos, encargados de decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
Formar el jurado requiere trámites adicionales para el juicio, como el sorteo de los integrantes y la fase de descarte.