El Consejo de Estado solicita una revisión del decreto para la regularización masiva de inmigrantes debido a serias deficiencias en las garantías y en su redacción.
Destaca especialmente la sustitución del certificado de antecedentes penales por una declaración responsable, advirtiendo sobre el riesgo de convertirse en un «coladero de delincuentes».
El informe identifica fallos en la protección de datos, plazos de trámite, acreditación de vulnerabilidad y el rol de empresas como Tragsa y Correos.
Exige que el decreto avance solo después de corregir siete observaciones esenciales y alerta sobre la incompatibilidad con la normativa europea y los procesos de asilo.
El dictamen del Consejo de Estado realiza críticas contundentes a las garantías y la redacción del decreto extraordinario de regularización de extranjeros.
Por ejemplo, señala que el texto «debe ser revisado, eliminando las disposiciones» que permiten sustituir la «no presentación del certificado» de antecedentes penales por una «declaración responsable».
Prevenir este «coladero de delincuentes», como ha denunciado el Partido Popular, es considerado una de las siete «observaciones esenciales» del documento, compuesto por 82 páginas, al que ha tenido acceso este medio.
En sus conclusiones, el informe indica que para «llevar a la aprobación del Consejo de Ministros» el texto, debe realizarse «solo una vez subsanadas» esas reservas clave.
Sin embargo, el Gobierno planea aprobarlo definitivamente el martes 14, para su publicación y entrada en vigor, dado que no pasará por el Congreso. Mantendrá el carácter masivo e inmediato de la regularización a pesar de estas advertencias.
El máximo órgano consultivo sí aprueba la vía jurídica seleccionada, el Reglamento, y esa fue la base que las fuentes de Moncloa usaron durante el fin de semana para considerar «avalado» su proyecto de real decreto.
No obstante, el organismo, encabezado por Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez, emite un diagnóstico muy crítico sobre los múltiples «coladeros» detectados.
Se refiere al ya mencionado que generan «las excepciones» en el sistema de antecedentes penales, así como al vacío creado por «la ausencia de un marco claro de criterios para valorar la vulnerabilidad», base para otorgar residencia a quienes la reclamen.
Además, señala fallos en la «protección de datos«, los plazos de tramitación considerados «demasiado estrictos» y las garantías futuras por un régimen de prórrogas «sin demostrar los requisitos».
Fuentes oficiales del PP lamentan que “desde enero hemos estado alertando sobre el ‘coladero’ de posibles delincuentes propiciado por la ‘declaración responsable’ de antecedentes penales”, explican. «Ahora, los responsables deberán asumir lo que suceda, porque han sido advertidos«.
Estas críticas no solo provienen del máximo órgano consultivo estatal, sino también de la Comisión Europea: tanto por escrito, en una respuesta parlamentaria la pasada semana, como verbalmente, por el comisario Marcus Brunner en el debate pleno de febrero en el Parlamento Europeo.
Incluso la propia Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior se ha pronunciado al respecto.
En un informe entregado al Consejo de Estado el 11 de marzo de 2026, el departamento de Fernando Grande-Marlaska «cuestiona los efectos» del recurso a la declaración responsable y exige que el interesado «acredite que no posee antecedentes penales».
Antecedentes penales y seguridad
El Consejo de Estado critica duramente el manejo de los antecedentes penales, que permite reemplazar el certificado por una simple declaración responsable si el país de origen no responde.
«Las disposiciones de la reglamentación propuesta […] aplican al cumplimiento de este requisito general de la Ley Orgánica de Extranjería una técnica (la declaración responsable) que es inadecuada para un proceso masivo de tramitación […] y que facilita prácticas poco rigurosas e incluso irregulares«.
El órgano consultivo ordena eliminar las dos grandes excepciones y observa que se debe «priorizar una acreditación estricta de la ausencia de antecedentes penales en terceros países».
Incluso exige que «los solicitantes presenten ese certificado o documento equivalente y que, si no lo aportan al realizar su solicitud, el procedimiento administrativo quede suspendido hasta su presentación».
Esta crítica refuerza la postura del PP, que apoyó «por coherencia democrática» la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en la que se basa el decreto.
«Si contaba con apoyo ciudadano, debía ser debatida. Nosotros presentamos enmiendas», explica una fuente del liderazgo popular, y añade que «al ver que no tiene votos para actuar a su antojo, el Gobierno ha cometido esta chapuza».
El Senado ya aprobó, con voto contrario del PSOE, una reforma para «cerrar ese coladero». Pero el Ejecutivo vetó esas enmiendas, incluso con objeción del letrado del Congreso.
Además, los populares recuerdan que el Gobierno «argumentó problemas presupuestarios» para vetar las reformas, alegando que requerían ampliación de plantilla en Policía y Fiscalía, mientras el propio decreto asegura que «no impone cargas administrativas innecesarias».
Declaración de vulnerabilidad
El dictamen cuestiona la tendencia del decreto a reemplazar «certezas documentales» por autodeclaraciones en materia de antecedentes y vulnerabilidad.
El Consejo advierte que el uso de la declaración responsable en un proceso que alcanzará cientos de miles de expedientes «permite relajar sin justificación la diligencia razonable esperada» de quienes accedan a esta regularización.
Como solución, recomienda restringir esta figura a casos excepcionales y exigir documentos verificables, sujetando las declaraciones responsables al régimen del artículo 69.4 de la Ley 39/2015.
Esto implica que no existe presunción de veracidad, sino sanciones para quienes actúen de mala fe. En otras palabras, que «la inexactitud, falsedad u omisión esencial […] determinará la imposibilidad de que el solicitante continúe ejerciendo sus derechos«.
En el proyecto, la vulnerabilidad se convierte en una llave casi universal para obtener la residencia. La cláusula que considera vulnerables «en todo caso» a todos los irregulares genera una inseguridad considerable y contradice el rol asignado a servicios sociales y organizaciones del Tercer Sector.
«Esa presunción debe eliminarse», señala el dictamen, indicando que esta corrección también tiene carácter esencial, pues de lo contrario, «las Oficinas de Extranjería […] enfrentarían un gran obstáculo para gestionar eficientemente el proceso».
Tragsa y Correos: falta de garantías
El Consejo de Estado dedica un segmento a analizar la participación de las empresas públicas Tragsa y Correos en la gestión y critica al Gobierno por la ausencia de justificación y límites precisos.
Respecto a Tragsa, advierte que no se observa «una clara compatibilidad entre su objeto social y las funciones asignadas». Además, aclara que «en ningún caso se le pueden atribuir poderes públicos sobre las solicitudes».
Por tanto, exige restringir su papel a “gestión material y apoyo técnico” como señala la disposición adicional, pero sin intervenir en decisiones, firma de resoluciones ni valoración jurídica de los expedientes.
En cuanto a Correos, el dictamen considera exagerado asignarle «gestión material de procedimientos» y sugiere limitar su función a la recepción y registro de solicitudes, conforme a la legislación administrativa vigente.
Asilo y apátridas
En el plano subjetivo, el Consejo rechaza uno de los ejes del decreto: la suspensión automática del procedimiento de asilo cuando un solicitante pida la nueva autorización.
Considera que dicha «paralización» puede obstaculizar «gravemente la tramitación de procesos de protección internacional en curso». Solicita eliminar el apartado que condicionaba la suspensión a la denegación definitiva de la autorización extraordinaria, clasificando esta como otra observación «esencial».
Además, veta incluir a solicitantes bajo la condición de apátridas en el mismo trámite, recordando que «se aplica un régimen específico» y que fusionarlos con el procedimiento de asilo «implica tratamientos» inapropiados para situaciones disímiles.
Plazos, gestión y retornos
El órgano consultivo subraya que el calendario propuesto –plazo de solicitudes hasta el 30 de junio de 2026– es legalmente válido, pero muy ajustado si se consideran las cifras del estudio (750.000 solicitantes potenciales y 500.000 beneficiarios).
Más aún si se consideran las cifras policiales. Según un informe oficial de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, el número estimado de beneficiarios directos será aproximadamente de 1.250.000 ciudadanos extranjeros.
«Esto implicará afrontar y gestionar un proceso complejo y masivo de presentación, tramitación y resolución de solicitudes», enfatiza el Consejo de Estado, que advierte que será «un desafío importante para la capacidad de las Administraciones involucradas».
El informe acepta como «coherente» que la concesión de la autorización conlleve la cancelación de órdenes de devolución y expulsiones.
Pero recuerda que el diseño de plazos y consecuencias debe ajustarse a las exigencias del Derecho de la UE en materia de retorno y asilo, especialmente justo cuando Bruselas ha ratificado la intensificación de expulsiones bajo el nuevo reglamento de Retornos.
Protección de datos e ILP
El Consejo advierte que la reforma «afecta de manera significativa la protección de datos personales», al manejar expedientes masivos con información muy sensible, razón por la cual estima que «habría sido altamente aconsejable obtener un informe de la Agencia Española de Protección de Datos».
Aunque reconoce que el proyecto obliga a Tragsa a designar al personal que tendrá acceso a sistemas y a respetar la normativa de protección de datos, considera que estas medidas son insuficientes sin un dictamen específico de la AEPD.
Además, el dictamen desmantela el argumento político del Gobierno, que ha presentado el decreto como una respuesta directa a la Iniciativa Legislativa Popular, respaldada por más de 600.000 firmas.
Señala que «no es correcto afirmar que la nueva disposición reglamentaria forme parte de un proceso de participación ciudadana», dado que ambos procesos son de naturaleza y ejecución distintas. Y concluye que «tanto el preámbulo como la Memoria deben eliminar dichos enunciados«.
Para la oposición, el dictamen confirma que Moncloa intenta alterar de facto el modelo de extranjería mediante un decreto reglamentario, «contraviniendo la normativa europea» sobre migración y retorno.