El magistrado Manuel Marchena ha sido incorporado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, presentando un discurso sobre la aplicación de tecnologías en la investigación penal.
Marchena advirtió que la inclusión de datos electrónicos como GPS, drones y direcciones IP no puede justificar una investigación sin límites que comprometa la privacidad de los ciudadanos.
Subrayó la relevancia de proteger la intimidad frente a la intervención estatal, dado que la información tecnológica puede revelar aspectos personales y patrones de conducta de las personas.
El evento tuvo la presencia de destacados miembros del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y la RAJL.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ingresó esta tarde en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con un discurso centrado en la incorporación de datos electrónicos al proceso penal, abordando el uso de información proveniente de drones, GPS, direcciones IP y los códigos IMSI e IMEI de los dispositivos telefónicos.
«La necesidad de actualizar los métodos en la investigación penal no debe legitimar, bajo la excusa de las ventajas que aportan las tecnologías avanzadas y especialmente la IA, una investigación en la que todo vale, sin considerar la profunda injerencia estatal y el consecuente sacrificio del espacio privado que cada ciudadano delimita frente a las autoridades públicas y terceros”, afirmó Marchena.
En este sentido, remarcó que la intervención del Estado en las esferas de privacidad de las personas «no puede ser ignorada».
Explicó, por ejemplo, cómo conocer la lista de ubicaciones de alguien «proporciona más que un simple dato geográfico.» Esta información posee un valor especial que, por sí misma o combinada con otros datos, permite establecer patrones conductuales: hábitos, preferencias, relaciones e incluso, en ocasiones, inclinaciones religiosas, sexuales, intelectuales, culturales o recreativas, llegando a conclusiones sobre áreas profundas de su vida privada».
En su ingreso en la RAJL, el expresidente de la Sala Penal del TS fue respaldado por el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce (quien pronunció el discurso de contestación), el reconocido penalista Gonzalo Rodríguez-Mourullo y José Antonio Escudero López.
Portará la medalla número 18, vacante desde el fallecimiento, en abril de 2023, de José Luis Pérez de Ayala.
Al solemne acto asistieron la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el vicepresidente del TS, Dimitri Berberoff; el presidente de la Sala Tercera, Pablo Lucas; magistrados del alto tribunal y del Tribunal Constitucional; vocales del CGPJ; fiscales de Sala; así como numerosos magistrados, juristas y académicos de la RAJL, encabezados por su presidente, Luis María Cazorla.