La consejera vasca de Justicia, perteneciente al PSOE, ha aplicado este régimen a un total de 18 terroristas en los últimos diez meses.
La ex líder de ETA, Soledad Iparragirre, ‘Anboto’, es la más reciente protagonista de una extensa lista de presos de la banda terrorista que han accedido a un régimen de semilibertad gracias a la decisión del Gobierno vasco. Anboto salió de prisión el pasado 24 de marzo amparándose en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que otorga un estatus de semilibertad muy semejante al tercer grado.
Conforme a los datos oficiales facilitados por el Gobierno vasco al PP en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso EL MUNDO, esta modalidad se ha aplicado a 48 condenados por terrorismo desde octubre de 2021, momento en que el Ejecutivo integrado por el PNV y el PSOE asumió la gestión de las prisiones. De ellos, veinte permanecen actualmente en régimen de semilibertad.
Los números evidencian un proceso acelerado últimamente. Desde mayo de 2025, el 100.2 se ha concedido a 18 terroristas, lo que representa casi dos otorgamientos mensuales en ese lapso. La Consejería de Justicia es la que decide la aplicación, revisada posteriormente por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Uno de los casos recientes es el de Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, quien desde febrero sale de prisión de lunes a viernes. La Fiscalía avaló explícitamente esta medida, aunque la resolución definitiva recae en el juez.
Respecto a Anboto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional expresó ayer su rechazo a la semilibertad. Según el comunicado oficial del Ministerio Público, el informe del fiscal Carlos García Berro dirigido al magistrado José Luis Castro, considera que se trata de una aplicación «encubierta» del tercer grado anticipado para la ex dirigente de ETA. El documento señala que esta figura «no puede usarse como un tercer grado prematuro», recordando que el artículo 100.2 «no fue diseñado para autorizar actividades ordinarias de reinserción social externas, sino como un mecanismo excepcional y puntual para actividades específicas incompatibles con el régimen ordinario, siempre dentro de un itinerario progresivo».
La Fiscalía sostiene que la resolución del Departamento vasco de Justicia, en manos del PSOE, «desvirtúa» el propósito del 100.2, al permitir salidas diarias con doble actividad externa (mañana y tarde), correspondiente estrictamente a un tercer grado, a pesar de que Anboto «no ha accedido a ese grado ni cumple con los plazos mínimos establecidos».
El informe concluye advirtiendo una «falta de motivación reforzada» en la decisión. «Dado el perfil de terrorista de gran notoriedad y gravedad especial, la concesión del 100.2 debería haberse sustentado en una justificación más sólida, una evaluación específica del impacto social y victimológico, así como una explicación clara de la omisión de la progresión habitual». El fiscal sostiene que existe una «vulneración flagrante del principio de progresividad», ya que la condenada no ha cumplido tres cuartas partes de la pena y «solo ha disfrutado de un permiso de dos días» otorgado directamente por los servicios penitenciarios sin pasar por el juez. Por tanto, no ha transitado por la fase de permisos más extensos y reiterados que permitan valorar su conducta en libertad.
«La progresividad es un principio básico del sistema penitenciario, cuya ruptura es especialmente grave en delitos terroristas», señala el escrito.
97 TERCEROS GRADOS
Más allá del 100.2, la vía habitual para la excarcelación es el tercer grado. La respuesta parlamentaria del Gobierno de Imanol Pradales, fechada el 31 de marzo, indica que 97 terroristas han accedido a este régimen desde 2021. En 20 ocasiones se interpusieron recursos por parte de la Fiscalía, único órgano con capacidad legal para ello.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo llevan tiempo denunciando la política penitenciaria del Gobierno vasco. Según Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), las cifras de semilibertad reveladas por EL MUNDO confirman que «el 100.2 se está utilizando como un subterfugio para la concesión encubierta del tercer grado a presos que no reúnen los requisitos legales».
A juicio de esta letrada, estos datos, sumados a los 97 terceros grados, «dibujan una realidad penitenciaria en la que más del 50% de los presos etarras salen cada día de prisión, ya sea por horas mediante el 100.2, o por el tercer grado». En su opinión, el Gobierno vasco está «más enfocado en facilitar la salida de prisión que en asegurar que cumplan íntegramente sus condenas y se garantice justicia para las víctimas». «Las víctimas solo exigen que las sentencias, las penas establecidas y los límites máximos de cumplimiento fijados por la ley sean respetados», añade. Por ello, la AVT demanda que los presos de ETA colaboren efectivamente con la Justicia para recibir concesiones. «Nosotros respetamos la ley, que establece que las penas deben orientarse a la justicia y a la reinserción», recuerda la abogada.
El PP vasco fue quien solicitó los datos al Departamento de Justicia. Su presidente, Javier de Andrés, considera que el Ejecutivo autonómico lleva «al límite» la aplicación de estos beneficios penitenciarios, que «en numerosas ocasiones son recurridos por los jueces, y otras no». Añade: «Ninguna ley penitenciaria fue pensada para excarcelar a terroristas que manifiestan apoyo a sus acciones».