Los datos de la OCDE colocan la presión fiscal española en el 37,3% del PIB para 2024, frente al 34% promedio en las economías desarrolladas y al 40% de la Unión Europea
Con la apertura de la campaña de la Renta la semana pasada, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo retomaron las críticas hacia el denominado “infierno fiscal” que atribuyen al Gobierno socialista, acusando al Ejecutivo central de estrangular a autónomos, empresas y familias mediante su política tributaria. Los líderes populares destacan los niveles históricos alcanzados por la recaudación fiscal y asignan más de un centenar de aumentos impositivos a las dos últimas legislaturas del PSOE. No obstante, al analizar los datos oficiales, España no sobresale por su carga tributaria en comparación con otras economías avanzadas.
La presión fiscal, que define el porcentaje de impuestos y cotizaciones sociales respecto al Producto Interior Bruto, alcanzaba el 37,3% en España en 2024, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque esta cifra supera en varios puntos la media de las economías desarrolladas, que ronda el 34%, sigue siendo inferior al promedio de la Unión Europea, situado alrededor del 40%.
El análisis a nivel internacional posiciona a España en el grupo de países con fiscalidad media-alta en Europa, junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal. Sin embargo, la oposición reclama reducciones fiscales y denuncia un exceso de presión tributaria por parte del Estado. Esta discrepancia entre cifras comparativas y el discurso político alimenta una percepción social muy extendida de que la carga impositiva en España es elevada, especialmente para rentas medias y trabajadores autónomos.
Impacto de la fiscalidad sobre el empleo
Una de las variables que más influye en la percepción ciudadana es la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste total laboral para la empresa y el salario neto que recibe el empleado. En España, este indicador oscila entre el 38% y el 40% para un trabajador con salario medio, según el informe Taxing Wages de la OCDE. Esta cifra supera la media del organismo, que se sitúa alrededor del 35%. Este dato refleja el efecto conjunto del impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales laborales y las contribuciones empresariales. La consecuencia inmediata es una sensación generalizada de que el salario disponible resulta reducido en comparación con el coste laboral total, especialmente en los segmentos de renta media.
Entre los aspectos estructurales del sistema fiscal español que explican estas cifras sobresale el peso de las cotizaciones sociales, que constituyen aproximadamente un tercio de los ingresos públicos. Esta característica no es exclusiva de España; países como Francia y Alemania presentan niveles similares o incluso superiores.
En este sentido, un informe reciente de la OCDE advertía a principios de mes que uno de los principales problemas del sistema fiscal español radica en su estructura. En particular, señalan que la carga tributaria descansa en gran medida sobre el trabajo, lo que podría desincentivar tanto la contratación como la búsqueda de empleo. En sus análisis más recientes sobre la economía española, la organización enfatiza que esta configuración impositiva es “distorsionadora”. Por ello, recomienda reorientar el sistema hacia impuestos como el IVA o los medioambientales, que tienen un impacto negativo menor sobre la actividad económica.
El efecto de la progresividad en frío y las variaciones en la medición
Más allá de los datos globales de presión fiscal, la discusión sobre si España puede considerarse un “infierno fiscal” depende parcialmente de cómo se calculan los impuestos y de la definición exacta de una subida tributaria. En declaraciones recientes, los líderes del PP han indicado que desde 2018 han ocurrido más de cien incrementos impositivos. Sin embargo, esta cifra no siempre responde a modificaciones claras y diferenciadas de las tasas impositivas, sino a metodologías de contabilización que pueden fragmentar una misma medida en múltiples registros estadísticos. Este fenómeno sucede, por ejemplo, cuando se desglosan efectos indirectos o se contabilizan por separado elementos que en realidad forman parte de una única decisión normativa.
Un ejemplo destacado es el del IRPF y el fenómeno conocido como progresividad en frío. Este surge cuando, en contextos inflacionarios, los tramos del impuesto no se actualizan. Como resultado, los contribuyentes pueden experimentar incrementos nominales en sus ingresos —como subidas salariales que simplemente compensan la pérdida de poder adquisitivo— y aun así pasar a tributar en tramos superiores. En la práctica, esto supone una mayor carga fiscal sin que se aumente realmente su capacidad económica. Aunque este efecto está ampliamente reconocido en la literatura económica como una forma indirecta de aumento impositivo, su consideración como “subida de impuestos” depende del criterio aplicado, ya que no deriva de cambios explícitos en los tipos ni en la estructura del impuesto.
La recaudación aumenta, pero no únicamente por subidas impositivas
De forma paralela, la información de organismos como la OCDE o Eurostat indica que la recaudación en España se ha incrementado en los últimos años, situándose en torno a 590.000 millones de euros en ingresos fiscales para 2024. Sin embargo, este crecimiento no se explica exclusivamente por aumentos en los impuestos.
Una parte significativa proviene del propio crecimiento económico y del empleo, dado que los ingresos asociados al trabajo (IRPF y cotizaciones sociales) constituyen alrededor del 21% del PIB, según la OCDE. El aumento del número de ocupados y de los salarios nominales ha elevado de manera automática la recaudación, incluso sin cambios importantes en los tipos impositivos. Asimismo, el efecto de la inflación incrementa las bases imponibles: al subir los precios, también aumentan los ingresos por IVA, y al incrementarse los salarios nominales, sube la tributación por IRPF, aunque el poder adquisitivo no mejore en igual medida.
Con una defraudación estimada superior a 300 millones de euros para 2024 y una estructura compuesta por 38 sociedades, constituye una de las dos mayores redes de hidrocarburos desmanteladas hasta la fecha (Ministerio de Hacienda)
Finalmente, parte del crecimiento reciente en la recaudación se atribuye a la eliminación de medidas temporales aplicadas durante la crisis energética e inflacionaria, como las reducciones del IVA en electricidad y ciertos productos básicos. Al revertirse estas bonificaciones, los ingresos fiscales han retornado a sus niveles estructurales, contribuyendo también al aumento global de la recaudación.