El COI veta la participación de mujeres trans en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos, excluyendo a atletas con cromosomas masculinos.
Catorce comunidades autónomas españolas deberán actualizar sus leyes LGTBI para adecuarlas a la nueva regulación del COI sobre deportistas trans.
Diversas organizaciones y personalidades públicas, entre ellas la ministra Milagros Tolón, han manifestado posturas enfrentadas sobre la resolución del COI y su repercusión en la igualdad y la inclusión en el deporte.
Especialistas alertan sobre posibles contradicciones legales entre las leyes autonómicas vigentes y las normativas deportivas internacionales tras la decisión del COI.
Catorce comunidades autónomas deberán revisar su legislación tras la decisión del Comité Olímpico Internacional, que impedirá la competición en categorías femeninas a las mujeres trans.
La reciente normativa bloquea la participación en categorías femeninas a deportistas con cromosomas masculinos, lo que excluye de facto a mujeres trans de los Juegos Olímpicos.
Galicia, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Canarias, La Rioja, Castilla‑La Mancha y País Vasco incluyen en sus leyes LGTB disposiciones que reconocen a las personas trans como aptas para competir en categorías femeninas.
Solo dos comunidades autónomas carecen de normativa LGTBI: Castilla y León y Asturias, aunque este último tiene previsto aprobar su legislación durante este año.
Andalucía, en 2009, y Navarra, en 2014, aprobaron leyes de identidad de género que no contemplan aspectos deportivos.
La resolución del COI ha generado debate. La Asociación Feminista Contra el Borrado de las Mujeres exige ahora la «revisión y reforma inmediata» de aquellas leyes que vulneran «los principios de igualdad, equidad y seguridad en el deporte femenino”.
Por otro lado, la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI LGTB+) manifiesta su «total rechazo» a la resolución del COI.
En este contexto, la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha pedido garantías para la igualdad y la inclusión de las personas transexuales en el deporte, recordando que la Ley del Deporte «establece la igualdad entre hombres y mujeres».
«Para mí, lo fundamental es la igualdad», afirmó al ser consultada sobre la decisión del Comité Olímpico Internacional.
El especialista en derecho deportivo Miguel García Caba señala que la política del COI entrará en vigor a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028, aunque no necesariamente afectará «al deporte en general».
García Caba opina que no será obligatoria una «reforma inmediata y general de las leyes autonómicas», pero podría surgir un «conflicto normativo entre algunas regulaciones autonómicas y las futuras reglas de elegibilidad a nivel federado e internacional».
Por ello, considera imprescindible que el artículo 26.3 de la Ley Trans impulsada por Irene Montero especifique que en eventos deportivos federados «se seguirá la normativa específica aplicable a nivel nacional, autonómico e internacional».
También señala la necesidad de evaluar caso por caso, ya que en ciertas comunidades, «si la ley autonómica contiene mandatos rígidos e incompatibles, podría ser necesaria una modificación legal o regulatoria».
Las comunidades que establecen sin excepciones que las personas trans compitan siempre según su identidad sexual o de género «a todos los efectos» podrían estar en conflicto con la resolución del COI.
En este grupo estarían, al menos, Extremadura, Murcia, Navarra, Andalucía, Aragón, La Rioja, Castilla‑La Mancha y Canarias, cuyas leyes LGTBI/trans determinan expresamente que, en eventos deportivos, las personas se reconocerán conforme a su identidad sexual o de género percibida.