Puntualizaciones económicas del Covid-19: ¿la letalidad no es también económica?
Manuel Morales Alvarez
La Paz, 19 de abril de 2020
Contenido
La economía y la salud.
Acceso a dinero: endeudamiento con el FMI
Los agroindustriales quieren plata, pero no aclaran sus deudas y qué hicieron con los recursos otorgados por el gobierno de Evo Morales.
Una buena política de salud contra el covid-19 se reflejará en la economía.
Bibliografía.
La economía y la salud
El virus del covid-19 ha generado una pandemia que ataca la salud de la humanidad, pero, ¿qué impacto tiene en la economía global y nacional?
El conocimiento de la enfermedad está empezando a dar resultados a nivel del estudio de las causas, la patología, la fisiopatología, los probables tratamientos, las consecuencias, complicaciones sanitarias, conscientes que no hay curas absolutas ni vacunas por el momento. Los estudios a nivel de salud, se están compartiendo en tiempo real con aportes desde China, Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, etc. En otras palabras, el conocimiento médico comienza a producir resultados que en pocos días y semanas son fuente de debates, pero también de medidas que en algunos países están dando resultados y en otros no.
El covid-19 ha mostrado un impacto económico nunca antes visto. No hay antecedentes de una paralización de sectores importantes de la economía como los que se han dado, especialmente a partir de marzo y abril. Algunos economistas hablan de que no se conocían situaciones parecidas desde la crisis financiera de 2008, otros hablan de la gran depresión de los años 30, incluso algunos ponen de referencia la situación de calamidad que se vivió durante la segunda guerra mundial, sin embargo y hay que decirlo claro: ¡no hay situación precedente! Incluso, otras enfermedades, como el ÉBOLA, el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio), no tuvieron el impacto generalizado y la paralización de la economía merced de la cuarentena masiva de la población.
El covid-19 está generando una crisis del sistema capitalista, una crisis civilizatoria, una crisis entre la sociedad y la naturaleza cuyos desenlaces no podemos aún perfilar con certeza.
Siendo una necesidad el análisis económico, vayamos abordándolo desde algunas puntualizaciones, para luego generar algunas tendencias, aún cuando nos quedemos a medias en las formulaciones por tratarse de un asunto en pleno desarrollo, cambiante, pero no inmune al uso de las herramientas de análisis, generación de hipótesis, escenarios y probables respuestas.
Acceso a dinero: endeudamiento con el FMI
Con una paralización temporal de la economía, acceder a dinero se vuelve una necesidad para muchos. En primer lugar, destaca la decisión del Fondo Monetario Internacional de dar un crédito de $us 327 millones para que el gobierno de Bolivia pueda enfrentar el Covid-19 (El Deber, 2020).
El FMI recordó que el “apoyo adicional de otros socios para el desarrollo también será fundamental para ayudar a abordar las necesidades fiscales y de balanza de pagos” (El Deber, 2020).
Según el FMI, la pandemia ocasionará un severo impacto en Bolivia, porque una combinación de precios bajos a escala mundial y la actual cuarentena que vive el país generará una brusca caída de las exportaciones, la producción e ingresos fiscales. De momento no se conocen cuáles son las condiciones para que Bolivia reciba este préstamo, plazos ni tasas.
Seguramente la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá que aprobar mediante Ley este crédito.
La caída de las exportaciones dará un duro golpe a la economía del Estado y del sector privado. La evidencia más clara que se tiene es la caída de los precios del petróleo, con ello, la reducción de los precios del gas de exportación. Adicionalmente Brasil, es decir, Petrobras ha reducido de 14 a 10 millones de metros cúbicos el volumen diario de gas que compra a YPFB (Opinión, 2020).
Los ingresos por exportación de gas se reducirán significativamente, durante este 2020 y probablemente el siguiente año, generando problemas a las arcas del Estado, que tiene un mecanismo de compensación parcial gracias al ahorro en las importaciones de diésel y gasolina por la cuarentena, pero que no sucederá lo mismo con las gobernaciones y los municipios que verán una reducción dramática de sus ingresos sin muchas posibilidades de generar sus propios ingresos.
Las obras departamentales y municipales a ser implementadas en esta gestión se cancelarán o reprogramarán, y gobernaciones y municipios deberán hacer inversiones urgentes en salud para enfrentar las consecuencias del SARS-CoV-2 (covid-19).
¿El gobierno nacional compartirá parte de los recursos de endeudamiento con las regiones (Departamentos y Municipios)?
Los agroindustriales quieren plata, pero no aclaran sus deudas y qué hicieron con los recursos otorgados por el gobierno de Evo Morales
Estamos ya en una gran crisis. Y no es de extrañarnos que algunos sectores quieran obtener beneficios de la misma. Esto sucede con los agronegocios asentados en Santa Cruz.
Llama la atención la solicitud del sector de empresarios dedicados a la agroindustria en Santa Cruz de solicitar un financiamiento de 1.500 (mil quinientos) millones de dólares, es decir, casi cinco veces lo que el FMI está prestando a Bolivia.
Este sector agrupado en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) demanda al Gobierno la creación de un ‘Fondo de Reactivación Agropecuaria’ con un monto de “$us 1.500 millones para destinar, una parte, a la compra de la cartera que tienen los productores con casas comerciales, agroindustrias y otros financiadores, y el resto para inversiones. Plantean el financiamiento a 12 años plazo, dos años de gracia y a una tasa del 4% de interés anual” (Periódico El Deber, 2020).
Lo que no puede dejar de llamar la atención es que el sector tiene una deuda de 3.500 millones de dólares: “una cartera de créditos en el sistema financiero que alcanza los $us 2.500 millones y que las deudas suman $us 1.000 millones en casas comerciales, agroindustrias y otros financiadores”. Adicionalmente piden “acelerar la aprobación del procedimiento abreviado para permitir el uso de semillas transgénicas y arancel cero y exención de impuestos para la importación de insumos, genética, equipos y maquinaria de la cadena agropecuaria sin plazo establecido” (Periódico El Deber, 2020).
El empresariado de los agronegocios está haciendo solicitudes fuera de la realidad jurídica y económica del país. Es más, se podría decir que está en contra de la realidad jurídica y económica. A nivel jurídico, la Constitución Política del Estado y leyes concordantes con el mandato constitucional prohíbe la introducción de transgénicos a Bolivia. Parecería que los empresarios agropecuarios no conocen las leyes o actúan en contra de ellas a partir de sus intereses ilegales, pretendiendo que las autoridades del gobierno violen las disposiciones legales a favor de ellos, siendo objeto de juicios y penalidades (funcionarios públicos).
En segundo lugar, pretenden arancel cero para las importaciones de insumos y maquinarias que los benefician, situación privilegiada que se sumaría al casi inexistente pago de impuestos que hacen al cobijarse dentro del Régimen Agropecuario Unificado (RAU); amén de favorecerse de la subvención al diésel que consumen masivamente sus maquinarias agrícolas.
A todo esto, se suma la pretensión de beneficiarse con un crédito del Estado para la compra de su deuda y otro crédito concesional para capital de inversión, es decir, liquidez de recursos para gastarlos con libre disposición.
Ahora el sector empresarial debe aclarar el destino y resultado de los recursos económicos otorgados por el gobierno de Evo Morales, en el año 2017, cuando dispuso el 5% de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para la conformación de un fondo de inversión de 150 millones de dólares, que otorgará créditos al sector empresarial.
Evo Morales, dijo: “Felizmente hemos llegado a acuerdos. Se va a disponer del 5% de las pensiones para la creación de un fondo de inversión, viene a ser como 150 millones de dólares, de los cuales 100 millones serán destinados a crédito” (Página Siete, 2017).
Evo Morales, acompañado de los ministros de Economía, Luis Arce; de Defensa, Reymi Ferreira, y de Autonomías, Hugo Siles, se reunió con representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara de Industria y Comercio (Cainco), Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO).
La creación del nuevo fondo está enmarcada en la Ley de Pensiones, que establece que las AFP pueden invertir hasta 5% de los Fondos de Pensiones en Pequeñas y Medianas Empresas (artículo 140 II c. de la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010).
También es importante recordar, que los precios de la soya, el trigo y el maíz han caído en los mercados internacionales, que los países importadores de soya van a reducir sus compras (China y Europa), además de que países soyeros están cosechando y estocando los productos, lo que presionará a la baja los precios. En otras palabras, el sector agropecuario afrontará una crisis adicional por la pandemia, de manera que antes de seguir dándoles recursos desde el Estado, deben aclarar el curso de su economía y el nivel del cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Solo para tener una idea cabal de la situación aflictiva del sector, señalar la caída del precio de la soya (de 360 a 314,16 $us la tonelada) (Infobae económico, 2020), la reducción de los cultivos por razones de sequía (producida por el mismo sector que fomenta la deforestación: 35 % de afectación por la sequía) (Delta financiero, 2019).
En otras palabras, el gobierno tiene otros problemas -y muy grandes- para estar atendiendo a un sector que es ineficiente económica y financieramente, más allá de la buena imagen que tuvieron en el pasado.
También es importante recordar que este sector agropecuario estuvo comprometido hasta el “tuétano” con el gobierno de Evo Morales, con la quema de la Chiquitanía y toda la Amazonía y que jamás lucho por la democracia, y que ahora pretende saquear los recursos económicos del país, amén de asaltar depredadoramente a la naturaleza.
Una buena política de salud contra el covid-19 se reflejará en la economía
Por cada dólar que se invierta en pruebas o test para detectar enfermos positivos de covid-19 se evitará invertir 20 dólares en hospitales, personal, equipos, medicamentos, y sobre todo en muertes con sus secuelas.
El gobierno de la Presidenta Jeanine Añez ha definido una política restrictiva para el acceso de la población a las pruebas de covid-19, “reduciendo así la posibilidad de conocer a ciencia cierta la cantidad de infectados que hay en el país. Esta decisión no fue bien recibida por profesionales en salud, quienes sospechan que de esta manera varios casos continuarán sin salir a la luz” (Página Siete, 2020).
El ministro de Salud, Marcelo Navajas, instruyó ayer a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) “la toma de muestras a casos sospechosos con sintomatología activa y no así a contactos de un caso confirmado o sospechoso que al momento no presenten sintomatología”. Quien incumpla este instructivo será sujeto a una sanción, se añade.
La orden se ampara en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, se pusieron varios requisitos para considerar a alguien como caso “sospechoso” o que acceda al test.
Por ejemplo, los casos de “contacto” quedarán al margen de las pruebas. Éstos son quienes estuvieron cara a cara con un caso probable o confirmado de coronavirus, a metro y medio de distancia o menos, y durante 15 minutos; quienes tuvieron contacto físico con un caso probable o confirmado; y quien haya atendido a un paciente con Covid-19 sin el equipo de protección.
El instructivo señala también que “se procesarán muestras sólo a pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso”.
Un caso “sospechoso” es aquel que tenga una infección respiratoria aguda y que haya estado en un área donde se reportó la transmisión de la enfermedad durante los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas.
“Sospechoso” también es un paciente con una infección respiratoria aguda que haya estado en contacto con un caso confirmado de Covid-19 en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. O un paciente con respiración aguda grave que requiera hospitalización y cuya situación no pueda explicarse de otra manera que no sea con el coronavirus (Página Siete, 2020).
Debe hacerse una inversión significativa en la adquisición de pruebas para el coronavirus, porque de esa manera se podrá disponer de medidas sanitarias y epidemiológicas, teniendo un mapeo más preciso de los contagios.
Para el caso de Taiwán, sus resultados son muy buenos, debido a que además de tomar pruebas masivas, “ha invertido en su capacidad de investigación biomédica en las últimas décadas y que los equipos de investigación han estado trabajando para producir en masa una prueba de diagnóstico rápido para COVID-19” (Cluster salud, 2020).
En el siguiente Gráfico se muestra como Taiwán va controlando la expansión de la enfermedad mediante el uso masivo de pruebas para lograr identificar casos y evitar el incremento de mayores contagios, mientras que Bolivia hace lo contrario.
Gráfico N°1
Comparación de casos positivos covid-19