La iniciativa está liderada por los ministerios de Igualdad, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Sanidad
La Moncloa planea llevar a cabo una nueva reforma constitucional durante esta legislatura, enfocada en garantizar el derecho al aborto de las mujeres dentro de la sanidad pública. En octubre, cuando el Ejecutivo comunicó su intención y presentó el texto para su evaluación por órganos consultivos como el Consejo de Estado, el PP manifestó su desacuerdo, argumentando que «ya está autorizado y regulado en España, además de respaldado por una sentencia firme del Tribunal Constitucional». Actualmente, el Gobierno ha enviado al Congreso el proyecto para modificar el artículo 43 de la Constitución. Según Ana Redondo, ministra de Igualdad, «en la sanidad pública no está garantizado».
Esta propuesta surge en un momento político clave, en el que deben definirse los acuerdos entre el PP y Vox en diversas comunidades —Extremadura, Aragón, Castilla y León— para establecer la gobernabilidad regional. Este escenario resulta fundamental y condiciona la decisión de avanzar con la iniciativa, que precisa del respaldo de los populares para ser aprobada en el Congreso. El Ejecutivo denuncia el «movimiento ultrarreaccionario que ha señalado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel mundial, también en España». En el Ejecutivo recuerdan lo ocurrido recientemente en Elche, donde PP y Vox se unieron para anular cualquier legislación que permita el aborto.
Esta iniciativa está coordinada por los ministerios de Igualdad, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Sanidad. El Consejo de Estado dio luz verde al planteamiento gubernamental, pero advirtió que la interrupción voluntaria del embarazo debería incluirse en el capítulo de derechos fundamentales, lo que implicaría disolver las Cortes. Es decir, lo recomendable sería protegerlo como un derecho fundamental en lugar de un derecho para la protección de la salud, para lo cual sería necesario modificar el artículo 15 y no el 43 de la Carta Magna.
Para evitar esta recomendación, el Gobierno sostiene que la libertad de decisión de la mujer está amparada por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que las autoridades deben asegurar su ejercicio bajo condiciones de igualdad real y efectiva.
«Lo que está en peligro es la dimensión prestacional (del derecho al aborto) en la sanidad pública», explicó la ministra de Igualdad. «Lo relevante es proteger lo que está en riesgo. Y lo que está amenazado es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres en muchas áreas de España. Cuando una mujer acude a un centro privado, se expone a insultos y acoso por parte de grupos que aguardan en las inmediaciones. En cambio, en un hospital público, nadie conoce su motivo y su libertad es completa y absoluta».
El texto que será incorporado a la Carta Magna fue modificado tras el análisis del Consejo de Estado. La versión presentada en octubre de 2025 proponía añadir el siguiente punto 4 en el artículo 43: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».
La propuesta actual dice: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con todas las prestaciones y servicios necesarios para dicho ejercicio». «El texto anterior era más complejo. Ahora es más claro que el presentado inicialmente, aunque el contenido se mantiene. El objetivo sigue siendo proteger el derecho al aborto. Eso no ha cambiado», explicó Redondo tras la reunión del Consejo de Ministros.
Desde este momento, la reforma promovida por el Gobierno seguirá el procedimiento establecido, conforme al artículo 167 de la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos (210 votos en el Congreso) tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que plantearía un nuevo texto, el cual volvería a someterse a votación. De no alcanzarse acuerdo, el texto podría aprobarse mediante mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.