El proceso judicial por el ‘caso Mascarillas’, que comienza hoy en el Alto Tribunal, pone en el banquillo al hombre clave del PSOE y superministro de Sánchez. Jessica, una de las beneficiarias, también testificará.
Desde hoy, el majestuoso Salón de Plenos del Tribunal Supremo acoge el juicio inicial del llamado caso Koldo, donde el principal acusado es el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. En el banquillo le acompañarán su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, quienes fueron estrechos colaboradores del ex ministro y mano derecha de Pedro Sánchez.
Se les juzga por conformar una supuesta organización criminal que habría comenzado a actuar tras la llegada del PSOE al Gobierno en 2018. Los imputados habrían explotado la influencia de Ábalos, como miembro del Ejecutivo español y figura destacada del Partido Socialista, para obtener beneficios a través de contratos con la Administración pública. Según el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, «cada acusado desempeñó un papel distinto y complementario» en esta red delictiva, con «una distribución clara de funciones que resultó muy efectiva». La Fiscalía afirma que «la organización criminal se creó además con una clara intención de permanencia» y que estuvo activa «durante varios años», extendiéndose su «actividad ilícita en diversos ámbitos» de la vida pública.
Desde el 27 de noviembre, Ábalos junto a su «alter ego» Koldo García permanecen en prisión en Soto del Real (Madrid). El Supremo ha estimado que, dada la alta probabilidad de fuga y la gravedad de las penas solicitadas por la Fiscalía, deben mantenerse encarcelados.
El ex secretario de Organización del PSOE está acusado de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos. Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de prisión (la pena mínima para los cinco delitos que se le imputan es de 12 años y medio). Para Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años y medio. Además, Aldama enfrenta una petición de siete años de cárcel por cohecho y pertenencia a la organización criminal, junto a una multa por aprovechar información privilegiada. Las acusaciones populares —PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade e Iustitia Europa— exigen que Ábalos reciba una condena de 30 años de prisión.
El tribunal encargado de juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama está formado por jueces con diferentes orientaciones. El presidente, Andrés Martínez Arrieta, es un magistrado veterano (número uno en el escalafón) con un perfil moderado. La Sala también cuenta con los magistrados Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar (todos ellos conservadores), así como Andrés Palomo, Susana Polo y Javier Hernández (con sensibilidad progresista).
Durante el juicio oral se valorará el abundante conjunto de pruebas obtenidas en los registros a Koldo García, además de los testimonios previstos a lo largo de las 23 sesiones del juicio. Fundamental será la colaboración del empresario Víctor de Aldama, quien ha admitido los hechos y aceptado el escrito de la Fiscalía con la esperanza de beneficiarse de una atenuante por confesión muy cualificada. Se examinarán múltiples delitos en el Alto Tribunal:
PELOTAZO DE LAS MASCARILLAS.
Durante el momento más crítico de la pandemia de Covid, cuando el material sanitario escaseaba, Ábalos presuntamente facilitó al empresario Víctor de Aldama la obtención de equipos de protección. Aldama recibió información privilegiada respecto a la urgencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas, pero al no contar con la capacidad para suministrarlas, contactó con Soluciones de Gestión y con el Grupo Cueto, que finalmente fueron beneficiarios de un contrato con Transportes. El ex ministro, accediendo a la petición de Aldama, consiguió que el contrato por mascarillas se duplicara hasta alcanzar los ocho millones de euros. Además, dicho acuerdo permitió a Aldama que Soluciones de Gestión lograra contratos para suministrar material sanitario de protección a otras administraciones públicas, como Baleares y Canarias.
De hecho, en la sesión de hoy se leerán las declaraciones escritas de testigos como la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, según confirmaron fuentes jurídicas a EL MUNDO.
ENCHUFES A LAS AMANTES.
En el juicio declararán dos ex amigas cercanas del ex ministro, Jessica Rodríguez y Claudia Montes. Jessica fue contratada en dos empresas públicas, Tragsa e Ineco, pero en la instrucción declaró que «nunca» realizó trabajo alguno. Además, la red corrupta destinó 88.101 euros para el pago de una vivienda situada en la céntrica Plaza de España de Madrid. Jessica admitió que eligió ese piso porque «estaba cerca de Ferraz». Por otro lado, Claudia Montes, amiga de Ábalos y miss Asturias en 2017, fue contratada arbitrariamente en la empresa pública LogiRail, una filial de Renfe, gracias al ex dirigente socialista. El 8 de octubre de 2019, Ábalos envió un mensaje a Koldo solicitando la contratación de Montes «en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas», y el ex asesor respondió rotundamente: «Sí. Lo arreglo». Poco después, la amiga del ex ministro fue contratada.
TRAMA DE HIDROCARBUROS
La investigación judicial ha revelado que Koldo García, actuando en nombre y con el consentimiento de Ábalos, realizó numerosas gestiones de intermediación con los altos cargos de la Administración para beneficiar a Aldama. Entre estas acciones, Koldo promovió la organización de una reunión entre Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la ex ministra de Industria Reyes Maroto, y el empresario del sector hidrocarburos Claudio Rivas, interesado en conseguir la licencia para operar productos petrolíferos para la empresa Villafuel. El encuentro con el jefe de gabinete de la ministra tuvo lugar el 14 de enero de 2021 en la sede del Ministerio de Industria. Tras la cita, Rivas mostró gran satisfacción y esperanzas de que sus gestiones para la obtención de la licencia tan esperada estuvieran avanzando positivamente.
EL CHALÉ
Como contraprestación a dicha reunión y a las adjudicaciones relacionadas con las mascarillas, Aldama entregó varias dádivas al ex ministro y su asesor. Según las investigaciones, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, al menos desde octubre de 2019 hasta 2022, para repartir entre ambos. También se comprometió a comprar un chalé en la urbanización La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz) para uso de Ábalos. La trama también costearía la estancia vacacional del ex ministro en un chalet de Marbella (Málaga) por las gestiones realizadas para favorecer a la compañía Air Europa. Asimismo, como comisión por contratos «preadjudicados» a constructoras, Aldama ofreció un piso de lujo en el Paseo de la Castellana número 164, en Madrid, aunque Ábalos nunca llegó a habitarlo.
SESIONES
MARTES 7. Están citados a declarar Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos; Jessica Rodríguez, una de las amigas del ex ministro; y Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García Izaguirre.
MIÉRCOLES 8. Será el turno de Claudia Montes, ex Miss Asturias y otra de las mujeres a las que Ábalos facilitó empleo en empresas públicas.
JUEVES 9. Comparecerá Carmen Pano, empresaria que declaró haber llevado bolsas con «dinero» a la sede central del PSOE.
LUNES 13. El juez tomará declaración a Patricia Uriz, ex esposa de Koldo, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras durante el ministerio de Ábalos.