El Ejecutivo central ha inaugurado un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en Pinto, sin haber informado previamente al Ayuntamiento.
La puesta en marcha de este centro se produce en el contexto del conflicto entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso acerca de la gestión y traslado de menores migrantes.
La Comunidad de Madrid rechaza admitir más menores bajo su régimen autonómico, argumentando irregularidades y falta de respaldo legal en los traslados.
El Gobierno central defiende que el procedimiento de derivación prioriza el bienestar de los menores y cuenta con soporte jurídico.
El conflicto por la recepción de menores migrantes entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez suma un nuevo episodio.
El Ejecutivo central ha establecido un centro de acogida para estos jóvenes no acompañados en Pinto, municipio gestionado por el PP, sin comunicación previa con el Ayuntamiento, según denuncian fuentes del propio Consistorio.
Esta acción sucede después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciara su negativa a aceptar más menores bajo el régimen autonómico tras detectar irregularidades en varios traslados.
El Ayuntamiento de Pinto ha manifestado su descontento por la «decisión unilateral» del Gobierno central de crear esta casa de acogida, gestionada por una entidad privada en una vivienda particular y financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De acuerdo con el Consistorio, fueron informados de la medida por los vecinos y no participaron «en ningún momento» en la evaluación de recursos disponibles ni en el análisis del impacto sobre los servicios públicos, la convivencia o la seguridad.
Al mismo tiempo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha recordado a la Comunidad de Madrid que el mecanismo de asignación de menores establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 permanece vigente mientras se mantenga la contingencia migratoria en zonas de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla.
En una misiva dirigida a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en respuesta a una enviada el lunes por el equipo de Ayuso, Torres subraya que las reubicaciones «cuentan con respaldo jurídico y deben implementarse conforme a lo establecido por la ley».
El enfrentamiento institucional presenta dos líneas diferenciadas.
Por un lado, el centro de Pinto es gestionado a nivel estatal y acoge a menores bajo tutela del Gobierno central, fuera del sistema autonómico madrileño. Por eso no notificaron nada al Ayuntamiento, aunque sea responsabilidad del Consistorio de Pinto proveer servicios educativos o sanitarios a estos menores cuando lo necesiten.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha declarado que no recibirá nuevos traslados de menores desde otras CCAA a centros bajo su administración, alegando anomalías en los traslados y ausencia de respaldo legal para asumir su custodia.
Según la carta de la consejera Ana Dávila publicada por EL ESPAÑOL, Madrid detectó casos de menores trasladados pese a contar con familiares en otras comunidades, hermanos separados en el proceso o jóvenes con empleo y arraigo previos.
Estas circunstancias, advierte, han provocado situaciones de vulnerabilidad que ponen en duda la eficacia del procedimiento.
Dávila solicita al Ejecutivo central la suspensión de estos traslados y avisa que, si continúan, la Comunidad emprenderá «todas las acciones legales necesarias para defender sus competencias y la legalidad vigente».
Torres, en su réplica, sostiene que el sistema estatal prioriza el interés superior del menor y asegura que su aplicación ha contado con la colaboración de la mayoría de las comunidades autónomas, contribuyendo a aliviar el hacinamiento en las zonas de llegada y a mejorar la vida de los menores migrantes sin alterar la convivencia.
Con este episodio, la tensión entre Moncloa y la Comunidad de Madrid se intensifica.
Mientras el Gobierno central insiste en la necesidad de mantener los mecanismos estatales de tutela y acogida, la presidenta Ayuso refuerza su rechazo a asumir nuevos traslados bajo la gestión autonómica.
Como respuesta, el Ejecutivo central establece centros, aunque sean de menor tamaño como un piso de tutela, en su territorio y acaba ‘obligando’ a Ayuso o sus ayuntamientos a aceptar a dichos menores.