La iniciativa del Gobierno para integrar el aborto en la Constitución ha suscitado críticas por parte de Podemos, PNV, Junts y algunos miembros de Sumar.
El Ejecutivo busca modificar el artículo 43 para incorporar el aborto dentro de los principios rectores, lo que disminuye su actual protección como derecho fundamental.
La reforma ha sido señalada como «postureo» por el PNV y ha recibido objeciones de Podemos y juristas progresistas debido a la reducción en el nivel de salvaguarda del derecho al aborto.
Es evidente que la propuesta del Gobierno para consagrar el derecho de las mujeres al aborto en la Constitución no llegará a aprobarse.
Incluso desde Moncloa reconocen que requieren una mayoría parlamentaria que sólo obtendrían con el PP, por lo que la reforma constitucional no será publicada en el BOE.
El Gobierno quiso aprovechar las divisiones internas en el PP y la incomodidad que este tema genera en Alberto Núñez Feijóo para mantener el debate activo durante meses, presentando al Ejecutivo progresista frente a un hipotético gobierno de PP y Vox.
No obstante, esta estrategia ha causado tensiones entre sus aliados parlamentarios,
especialmente a la izquierda del PSOE, con Podemos y juristas progresistas mostrando rechazo. El Ejecutivo propone una reforma constitucional leve que en la práctica disminuye la protección existente del derecho al aborto.
Otros aliados políticos, como PNV y Junts, expresan su molestia ante un debate que consideran ya resuelto dentro de sus bases electorales.
Algunos de estos partidos sostienen que, si se lucha por el feminismo, sería preferible acometer una reforma agravada incluyendo la eliminación de la prelación masculina en la sucesión al trono.
El Gobierno ha elegido modificar el artículo 43 para insertar el aborto en el apartado de «principios rectores de la política social y económica«, en lugar de en los derechos fundamentales, que gozan de mayor protección y permiten recursos como el amparo ante el Tribunal Constitucional.
El motivo es que la segunda alternativa requeriría una reforma agravada con disolución de Cortes y referéndum, mientras que la vía seleccionada sólo exige mayoría cualificada en Congreso y Senado.
Los socios del Gobierno se preguntan por qué no optaron por la reforma agravada, dado que de todas formas no se aprobaría por falta de mayoría.
El Ejecutivo supone que ninguno de los aliados parlamentarios se atreverá a rechazar la reforma junto a PP y Vox, aunque el procedimiento empleado permite a todos ellos oponerse, ya que consideran que, en la práctica, implica un retroceso importante en la protección del derecho al aborto.
Por consiguiente, la propuesta recibe críticas desde posturas ideológicas que no se limitan sólo al PP y Vox.
Actualmente, el aborto ya se reconoce como un derecho fundamental, según estableció por primera vez el Tribunal Constitucional en la sentencia 44/23.
Dicha resolución garantizó que el aborto está protegido por derechos fundamentales de la mujer, sobre todo por la dignidad (artículo 10), el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10), la integridad física y moral (artículo 15), y la libertad e intimidad (artículos 16 y 18).
La Constitución reconoce a las mujeres la facultad de decidir libremente sobre la interrupción del embarazo dentro del marco legal. Por tanto, la norma que ampara la interrupción voluntaria del embarazo no es mera despenalización, sino una manifestación de derechos fundamentales, según el Constitucional.
Carmen Calvo, con Montero
La Ley del aborto en vigor comienza su exposición de motivos afirmando que «el desarrollo de la sexualidad y la capacidad reproductiva están vinculados directamente con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, y son protegidos por distintos derechos fundamentales, en particular aquellos que amparan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar».
Con la iniciativa del Gobierno, que arrancó su trámite el martes, esta protección retrocedería de nivel y perdería su carácter de derecho fundamental.
Así lo han manifestado líderes de Podemos, incluyendo a Irene Montero, impulsora de la ley vigente y candidata principal en las próximas elecciones generales.
Este viernes, Carmen Calvo se sumó a las críticas de su sucesora en el Ministerio de Igualdad y cuestionó la reforma constitucional propuesta sobre el aborto.
El acuerdo para esta propuesta lo alcanzaron el martes PSOE y Sumar, aunque curiosamente, en marzo Sumar, con Yolanda Díaz, había presentado una iniciativa para incluir el aborto como derecho fundamental en la Constitución, propuesta que entonces el PSOE, encabezado por Ana Redondo, rechazó.
Por ello, en Sumar existen críticas acerca de este cambio de postura que disminuye la protección del derecho al aborto.
Además, esta iniciativa del PSOE ha irritado al PNV, que no comprende que les exija soportar tensiones internas similares a las que vivieron con la ley de plazos durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Su presidente, Aitor Esteban, calificó esta semana la propuesta del Gobierno como un simple «postureo».
Una situación semejante a la del PNV sucede con Junts.