La Comunidad de Madrid denuncia que menores migrantes están siendo reubicados en la región sin respetar su voluntad ni su contexto familiar.
Madrid rechaza nuevos traslados al considerar que el mecanismo legal extraordinario ha caducado.
El ejecutivo madrileño ha identificado casos en los que menores tienen familia o empleo en otras autonomías, y también la separación de hermanos.
Madrid advierte que interpondrá recursos legales si el Gobierno central continúa con traslados fuera de la normativa vigente.
La Comunidad de Madrid ha incrementado las críticas hacia el Gobierno central por la política de reubicación de menores migrantes no acompañados, tras detectar varios episodios donde los jóvenes fueron desplazados «sin tener en cuenta su voluntad ni su situación familiar y personal».
El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha señalado este lunes que no aceptará nuevas reubicaciones amparadas en el Real Decreto-ley 2/2025, dado que considera que el mecanismo excepcional ha perdido cobertura legal tras finalizar los plazos establecidos.
La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha expresado esta postura en una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la cual ha accedido EL ESPAÑOL.
En el escrito, el Gobierno madrileño sostiene que ha actuado «con estricta observancia de la legalidad» y advierte que no asumirá acciones carentes de respaldo normativo.
En este sentido, la Comunidad enfatiza que cualquier intento de impulsar traslados fuera de los procedimientos establecidos por los protocolos vigentes «constituyen una actuación contraria a derecho.»
Por ello, Dávila insta al Ejecutivo central a suspender esta práctica extraordinaria fuera del marco legal y advierte que, de no hacerlo, Madrid emprenderá «todas las acciones jurídicas necesarias para defender sus competencias y la normativa vigente».
Sin embargo, el eje de la crítica excede el ámbito jurídico.
Según detalla la carta, la aplicación del Real Decreto-ley 2/2025 ha generado un sistema de traslados que, en la práctica, ha desatendido elementos fundamentales como la coordinación con las entidades públicas de protección, la evaluación individual de cada menor e incluso «su voluntad y situación familiar».
El Gobierno madrileño afirma haber identificado casos especialmente delicados: menores trasladados a Madrid pese a contar con familiares en otras comunidades autónomas, grupos de hermanos separados durante el procedimiento o jóvenes con empleo y entorno estable en su lugar de origen que estaban próximos a alcanzar la mayoría de edad.
Estas circunstancias, aseguran, los han conducido a situaciones de vulnerabilidad «y en ocasiones de auténtica marginalidad».
Este conflicto institucional surge en un contexto de tensión entre administraciones respecto a la gestión de la acogida de menores migrantes, asunto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado resolver mediante mecanismos extraordinarios de reubicación intercomunitaria.
No obstante, Madrid considera que ese modelo ha agotado su validez legal y cuestiona tanto su implementación como su impacto en los propios menores.