Comienza el juicio de la operación Kitchen, que investiga el espionaje a Luis Bárcenas para impedir que se revelaran los secretos relacionados con la financiación irregular del PP.
La investigación involucró a un infiltrado en la familia Bárcenas, la retención de su esposa e hijo por un falso sacerdote y la confiscación de documentos y dispositivos que contenían información delicada.
Entre los imputados figuran el exministro Jorge Fernández Díaz, altos mandos policiales y el comisario Villarejo, por quienes la Fiscalía solicita penas de hasta 19 años de prisión.
La operación tenía como objetivo evitar que pruebas incriminatorias llegaran al juez que investigaba el caso Gürtel y, según la Fiscalía, también buscaba chantajear a altos cargos del PP.
El extesorero Luis Bárcenas era la persona que conocía todos los secretos del PP: desde la financiación irregular de campañas electorales hasta los pagos de sobresueldos a altos dirigentes del partido.
Para impedir que estos secretos salieran a la luz, se le espiaba en prisión, infiltraron a un topo en su entorno familiar (el chófer y cocinero que dio nombre a la operación Kitchen), un falso sacerdote secuestró a su esposa y su hijo, y un comisario de Policía irrumpió en el escondite donde guardaba documentos y grabaciones.
Este se encontraba detrás de un doble fondo en un armario, en el taller de pintura y restauración de muebles que frecuentaba su esposa, Rosalía Iglesias.
«¿Qué pasa si saco el pendrive de Bárcenas?» «Nos matarán a todos».
Esta conversación de WhatsApp entre el exjefe de la Comisaría de Información Enrique García Castaño y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez demuestra, según el juez García-Castellón, que los miembros de la trama Kitchen lograron alcanzar su propósito.
Es decir, consiguieron apoderarse de los documentos comprometedores que Bárcenas ocultaba mientras estaba en prisión.
Lo hicieron con una doble intención. Primero, evitar que las pruebas sobre la financiación ilegal del PP llegaran al juez que investigaba el caso Gürtel.
Además, el comisario Villarejo y otros mandos policiales pretendían conservar esta documentación para protegerse o incluso para chantajear a altos cargos del PP, según indica la Fiscalía.
El exministro Jorge Fernández Díaz y otros nueve altos cargos del Ministerio del Interior están citados en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del lunes.
Se les imputa delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, además de omisión del deber de perseguir los delitos.
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para el exministro Jorge Fernández Díaz, su exnúmero dos Francisco Martínez, y el exDAO de la Policía Eugenio Pino.
La pena más alta, 19 años de cárcel, corresponde al comisario retirado José Manuel Villarejo (cuya documentación y grabaciones han contribuido a verificar los hechos).
«Estos asuntos delicados los tengo guardados, y digo, en caso de muerte o si yo doy la señal ¡pom! Tengo, obviamente copias de seguridad en el extranjero, cosas sensibles, fuera y demás…», explicó en una conversación que él mismo grabó en 2017 al comisario García Castaño.
Anticorrupción solicita 12 años y cinco meses de cárcel para el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, que actuó como infiltrado pasando información a la cúpula policial.
También están en el banquillo otros cinco comisarios: Andrés Gómez Gordo (para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión y 48 de inhabilitación), el exjefe de la Udef José Luis Olivera (3 años de cárcel), el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas (dos años y seis meses), José Ángel Fuentes Gago (tres años) y Bonifacio Díez (tres años).
Estos dos últimos eran los hombres de mayor confianza del DAO Eugenio Pino.
Entre los testigos citados a declarar figuran el expresidente Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quienes testificarán el 23 de abril.
El juez instructor decidió no imputarlos, al no hallar indicios de que ordenaran o tuvieran conocimiento de la operación.
Esta es la narración de los hechos que presentan tanto el juez instructor, Manuel García-Castellón, ya jubilado, como la Fiscalía Anticorrupción.
1. El ‘cocinero’: acompañando a Rosalía
Luis Bárcenas fue ingresado en la prisión de Soto del Real (Madrid) el 27 de junio de 2013, por orden del juez Pablo Ruz, que investigaba la financiación irregular del PP en el caso Gürtel.
Siguiendo directrices superiores (dijo el juez y la Fiscalía), el comisario Villarejo inició una operación para reclutar como confidente a Sergio Ríos, que había sido chófer de Bárcenas y ahora trabajaba para su esposa, Rosalía Iglesias.
El comisario jefe de información Enrique García Castaño intentó primero sin éxito, y más tarde lo logró el también comisario Andrés Gómez Gordo.
De este modo, la cúpula policial conocía todos los movimientos de Rosalía Iglesias, con quién se reunía (amigos, periodistas o abogados) y el contenido de sus llamadas telefónicas.
A cambio, Villarejo entregaba cada mes al ‘cocinero’ (como le llamaban en clave) un sobre con 2.000 euros, provenientes de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Estos pagos (gestionados luego por Gómez Gordo) se prolongaron durante más de dos años, desde junio de 2013 hasta septiembre de 2015.
También cargaron a los fondos reservados 700 euros para adquirir una pistola Glock para Sergio Ríos, y le facilitaron una licencia de armas tipo b.
Una vez agotados los pagos, Villarejo y sus allegados lograron que Sergio Ríos fuera admitido en septiembre de 2015 en la Escuela de Formación de la Policía en Ávila.
2. El espionaje a Pedro J. y Gómez de Liaño
Con la información proporcionada por el chófer, la cúpula del Ministerio del Interior organizó un dispositivo de vigilancia para seguir los movimientos de Rosalía Iglesias.
Bajo la dirección de los comisarios Martín Blas y García Castaño, participaron en este seguimiento ocho inspectores de la Policía Nacional, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes (que desconocían el propósito ilegal de la operación), según expone la Fiscalía en su acusación.
La meta era descubrir dónde escondía Luis Bárcenas, entonces en prisión, la contabilidad paralela del PP.
Los agentes espiaron dos reuniones de Rosalía Iglesias con el periodista Pedro J. Ramírez, en ese momento director del diario El Mundo, que había publicado los SMS de Rajoy al extesorero del PP («Luis, sé fuerte«) y después sus Cuatro horas con Bárcenas.
La primera reunión tuvo lugar a finales de julio de 2013 en el hotel Adler de Madrid. Apenas empezaron a cenar, una pareja que, pese a estar el restaurante casi vacío, pidió sentarse en la mesa más cercana a la que ocupaban Rosalía, su hijo Guillermo, Pedro J. y su pareja.
El periodista tuvo que reprender a la pareja al evidenciar que estaban grabando la conversación con la cámara trasera de su iPad.
Tres meses después, el 6 de octubre, ocurrió algo similar cuando El Mundo reservó un salón privado en el restaurante Jai Alai de Madrid para una reunión con Rosalía Iglesias, sus abogados (Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado), Pedro J. Ramírez y el periodista Raúl del Pozo.
Solo dos días después, la web Periodista Digital reprodujo detalladamente y con citas textuales aquella conversación, resultado del seguimiento ordenado por Interior.
Por orden de García Castaño (quien no se sentará en el banquillo por su grave estado de salud), los agentes instalaron en febrero de 2014 una cámara oculta en un portal de la calle Velázquez de Madrid, donde estaba el despacho del abogado Javier Gómez de Liaño, con la intención de controlar las visitas que recibía el abogado de Bárcenas.
3. Espionaje en prisión
El chófer Sergio Ríos no solo espió a Rosalía Iglesias, sino que además facilitó a Villarejo notas manuscritas que Bárcenas conservaba en prisión sobre reuniones con terceros, contratos, justificantes de pago, cuadros contables e incluso «un presupuesto para una campaña electoral del Partido Popular», según detalla la Fiscalía.
A partir de «fuentes no identificadas dentro de la prisión», los responsables policiales supieron que Bárcenas había solicitado a otro preso con conocimientos informáticos, llamado Isidro, borrar varios audios de conversaciones con Mariano Rajoy y Javier Arenas, que había guardado y cifrado en la nube.
El recluso debía cumplir esta tarea durante un permiso de salida en marzo de 2024.
No obstante, según la Fiscalía, Isidro fue detenido durante ese permiso «por una causa judicial inexistente pendiente y devuelto a la prisión de Soto del Real», por lo que no pudo llevar a cabo la tarea.
4. El falso sacerdote secuestra a Rosalía
Se trata sin duda del episodio más perturbador, aunque resulta improbable que se esclarezca en el juicio, dado que quedó fuera de la investigación.
El 23 de octubre de 2023, un hombre vestido de sacerdote llamó a la puerta de la familia Bárcenas, donde se encontraban Rosalía Iglesias, su hijo Guillermo y una empleada doméstica.
Afirmó ser un sacerdote de instituciones penitenciarias y quería informar sobre la situación del marido, que entonces cumplía condena en Soto del Real.
Sin embargo, al entrar en la vivienda sacó un revólver del maletín que llevaba, apuntó con el arma a Rosalía y ató con bridas a los tres presentes. «¡Se acabó el teatro!», gritó al sacar el arma.
El falso sacerdote, que en realidad era un delincuente común, Enrique Olivares, parecía conocer la distribución de la casa.
Manifestó que buscaba pendrives con documentación que «pudiera hundir al gobierno» y se dirigió al despacho del extesorero del PP.
Su hijo Guillermo consiguió liberarse y sometió al secuestrador, quitándole el arma.
Justo en ese momento apareció el chófer Sergio Ríos, y en pocos minutos llegaron numerosos agentes, como si hubieran estado esperando en las cercanías del domicilio, según relata la familia en su acusación.
Enrique Olivares fue condenado a 22 años de prisión por estos hechos, acusado de allanamiento, secuestro, amenazas, tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones.
Mientras cumplía condena, el juez García Castellón tuvo que postergar varias veces su declaración debido a que, según los médicos, no presentaba las «condiciones psíquicas ni físicas» necesarias.
El juez instructor del caso Kitchen finalmente descartó que este incidente estuviera vinculado a la trama organizada por Villarejo.
El falso sacerdote falleció en enero de 2022, a los 72 años, cuando se encontraba en tercer grado.
5. Un escondite en el taller de pintura
Gracias a la vigilancia y a las informaciones proporcionadas por el chófer Sergio Ríos, la cúpula policial supo que Bárcenas había guardado toda la documentación que sustrajo de su despacho en la calle Génova en un local ubicado en la calle General Díaz Porlier de Madrid.
Este era el taller de pintura y restauración de muebles antiguos que Rosalía Iglesias frecuentaba. Sospechaban que Bárcenas podía haber ocultado allí grabaciones con dirigentes nacionales del partido como Mariano Rajoy o Javier Arenas.
García Castaño accedió al local en una fecha no determinada, aproximadamente en octubre de 2013.
Según los mensajes intervenidos, el juez instructor da por confirmado que el comisario de Información se incautó de la documentación, hallada en un «zulo» detrás del doble fondo de un armario.
6. Chantajear al PP
Los responsables de la trama también lograron apoderarse del contenido de dos teléfonos móviles y una tablet de Bárcenas, que les facilitó el chófer Sergio Ríos.
Con estos dispositivos en su posesión, Ríos y García Castaño fueron a un VIPS en la calle Velázquez de Madrid, donde dos agentes les ayudaron a transferir el contenido a un pendrive, que incluía mensajes de texto, correos electrónicos y su agenda de contactos.
García Castaño declaró ante el juez que entregó el pendrive al secretario de Estado Francisco Martínez.
El juez instructor menciona un SMS que Martínez recibió del ministro Jorge Fernández Díaz el 18 de octubre de 2013: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad)”.
Tras ser cesado como comisario de Información, García Castaño envió el 24 de febrero de 2017 un mensaje a Francisco Martínez: «¿Si saco el pendrive de Bárcenas qué pasa?».
El juez instructor señala que, más allá de las órdenes recibidas, «la finalidad que tenía tanto José Manuel Villarejo Pérez como Enrique García Castaño» al conservar la documentación de Bárcenas era protegerse y obtener «impunidad en las actividades ilícitas que aparentemente realizaban», incluso «extorsionando o presionando con esa documentación a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior».