Sumar emplea la prórroga extraordinaria de alquileres como una táctica destinada a captar a 2,7 millones de arrendatarios y distinguirse del PSOE.
Esta medida faculta a los inquilinos a prolongar sus contratos por hasta dos años adicionales, con un incremento anual máximo del 2%, beneficiando prioritariamente a Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
El Ministerio de Justicia ha notificado a grandes inmobiliarias y fondos de inversión la obligación de implementar la prórroga cuando el arrendatario la solicite y cumpla los requisitos establecidos.
Sumar intenta movilizar a los afectados y asociaciones afines en vista de la posible invalidación del decreto en el Congreso, intensificando la confrontación política sobre la vivienda con el PSOE.
Para Sumar, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler aprobada recientemente por el Gobierno, cuya ratificación en el Congreso sigue siendo incierta, no es simplemente una medida de urgencia para controlar los precios.
Para la formación liderada por Yolanda Díaz, en un contexto de debilidad interna y competencia por el espacio político a la izquierda del PSOE, constituye ante todo una maniobra política destinada a acercarse a 2,7 millones de inquilinos.
Según datos del Ministerio de Consumo, a los que ha accedido EL ESPAÑOL, la medida afecta a más de 1.037.000 contratos que expiran entre 2026 y 2027 (excluyendo Euskadi y Navarra), vinculados a aproximadamente 2.687.000 posibles beneficiarios.
Esta cantidad de ciudadanos involucrados permite al Ejecutivo promover el decreto como una «barrera social» y otorga al socio minoritario un claro componente electoral, especialmente si fracasa su aprobación en el Congreso de los Diputados, como parece probable.
Con este objetivo, el Ministerio de Justicia ha remitido una misiva a 13 grandes inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas en España, recordándoles la obligación de aplicar la prórroga.
El comunicado es categórico: los propietarios deberán consentir la extensión de los contratos si el inquilino cumple las condiciones y la solicita.
El departamento de Pablo Bustinduy destaca que la norma crea «un nuevo derecho» para el arrendatario, quien podrá prolongar el contrato hasta dos años guardando las condiciones actuales.
Esta iniciativa se interpreta de dos maneras: por un lado, pretende garantizar la aplicación efectiva del decreto durante su corta vigencia (dado que no se prevé su aprobación definitiva). Por otro, fortalece el discurso político de confrontación: grandes tenedores frente a inquilinos.
No resulta casual que, simultáneamente, Bustinduy y Yolanda Díaz hayan aumentado sus llamados públicos a los inquilinos a solicitar la prórroga cuanto antes.
Tras los malos resultados en Castilla y León y sin una figura clara en la refundación del partido, la formación de Yolanda Díaz sabe que el tiempo apremia y la estrategia pasa por activar este derecho mientras la norma esté vigente, aunque su futuro en el Parlamento sea incierto.
Movilizar a estos ciudadanos y exhibir la bandera de la vivienda, aun cuando el ministerio esté controlado por los socialistas, puede ofrecer un impulso tangible y diferenciar claramente a Sumar del PSOE.
El impacto de la medida traza con precisión el mapa electoral al que aspira Sumar.
Comunidad de Madrid y Cataluña concentran cerca de 400.000 contratos afectados y más de 1,1 millones de personas. Son, además, las regiones con alquileres más elevados y donde el voto urbano de izquierda presenta mayor volatilidad.
A este bloque se suman Andalucía y Comunidad Valenciana, que suman otros 250.000 contratos y más de 600.000 inquilinos que pueden beneficiarse.
En conjunto, estas cuatro comunidades aglutinan la mayoría de los efectos de la medida y coinciden con los principales mercados con alta presión.
En el resto del territorio, el impacto es menor en cifras absolutas, pero políticamente relevante. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Canarias y Murcia cuentan con decenas de miles de contratos afectados.
Decreto en riesgo
La disposición permite extender los contratos hasta dos años más, con un aumento máximo del 2% anual, evitando alzas que, según estimaciones, podrían oscilar entre el 10% y el 20% —o incluso más en las zonas más tensionadas—.
Sin embargo, su vigencia puede ser breve. El decreto requiere de la convalidación del Congreso antes del 29 de abril, y a fecha actual, los apoyos no son suficientes.
El PP y Vox mantienen una oposición firme, mientras que socios clave como Junts han manifestado rechazo, señalando que la norma perjudica a los pequeños propietarios.
Independientemente del resultado en el Congreso, Sumar ha logrado que la prórroga del alquiler destaque la brecha existente con el PSOE en materia de vivienda.
La negativa de los ministros de Sumar a respaldar la inclusión del decreto en el paquete anticrisis evidenció dos posiciones opuestas frente al mismo problema, y el papel del ministro Bustinduy, que aunque no es ministro de Vivienda sino de Consumo pilota esta bandera, resulta simbólico.
Mientras los socialistas adoptan una postura más prudente frente a medidas que puedan afectar a la oferta, el socio minoritario ha elegido endurecer su discurso y presentar el debate como un conflicto directo.
Desde Sumar ya preparan movilizaciones sociales y han convocado a sindicatos de arrendatarios, asociaciones vecinales y colectivos afines para organizar manifestaciones que presionen a los grupos políticos.
¿La meta? Si el decreto fracasa, que la responsabilidad no recaiga en Sumar. Ellos «forzaron» al PSOE a crear este decreto, a pesar de que el ala socialista intentó eliminarlo tras retirarlo del primer borrador.
En un momento de división en la izquierda y con el PSOE captando parte del voto útil, Sumar define un perfil propio en un ámbito con alta carga social.
Los más de 2,6 millones de inquilinos afectados representan no solo una cifra, sino colectivos como jóvenes, familias urbanas y clases medias afectadas por la presión del precio del alquiler. Se trata de un electorado que puede resultar clave en el ciclo electoral.