El aumento del precio del combustible incrementa el coste del transporte, eleva los gastos agrícolas y presiona al alza los precios de fertilizantes y otras materias primas esenciales. Todo esto se traslada gradualmente a la cesta de la compra.
El temor a una “guerra perpetua” en Oriente Medio es una realidad. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó este lunes la inquietud del Gobierno ante un conflicto que “no muestra señales de detenerse”. Y no será por falta de intentos de Donald Trump. La semana comenzó con amenazas dirigidas a destruir las centrales eléctricas de Irán, los pozos petroleros e incluso la isla de Kharg si no se alcanza pronto un acuerdo. Pero, más allá de las cuestiones geopolíticas, el Ejecutivo ya está considerando las posibles repercusiones económicas para España en caso de que el conflicto se prolongue y si, llegado el momento, es necesario adoptar nuevas medidas.
Los efectos iniciales ya se observan. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo ha subido hasta el 3,3% interanual, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes. La energía vuelve a ser el principal canal que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos, aunque no será el único. Según los análisis de Funcas, la próxima fuente de inflación será la alimentaria. La lógica económica es sencilla: la subida del precio del combustible incrementa los costes del transporte, eleva los gastos en el sector agrícola y presiona al alza los costos de fertilizantes y otras materias primas necesarias. Todo esto se traduce, de manera progresiva, en un aumento en el precio final de los alimentos.
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Esta perspectiva es compartida por el economista Raymond Torres en una publicación del blog de Funcas titulada Perspectivas tras un mes de guerra, que coincide con lo expresado este lunes por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien afirmó que estará siguiendo de cerca la evolución de los precios en la cesta de la compra. Por ahora, se ha fijado un periodo de tres meses para evaluar el impacto de una guerra que parece lejos de concluir, a pesar de la urgencia mostrada por Donald Trump.
Los dos escenarios posibles en Oriente Medio
Existen dos posibles desarrollos del conflicto. El primero, más favorable, contempla un cese de hostilidades relativamente cercano. En este caso, el impacto económico sobre España sería limitado y controlable. La inflación podría mantenerse alrededor del 3% durante el año, acorde con las previsiones de entidades como el Banco de España o la OCDE. Según Funcas, esto implicaría una pérdida moderada del poder adquisitivo y una leve ralentización del crecimiento.
Sin embargo, el segundo escenario, que genera mayor preocupación en el Gobierno, corresponde a un conflicto prolongado, con episodios de escalada y la posibilidad de interrupciones en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es fundamental para el abastecimiento energético mundial, y su bloqueo repercute directamente en el precio del petróleo. “Nos enfrentamos a una guerra prolongada hasta alcanzar unos objetivos, que, hay que decirlo, son aberrantes. Israel, que lo ha expresado claramente, está en una guerra que no muestra señales de detenerse, al igual que Estados Unidos”, afirmó el ministro de Exteriores José Manuel Albares.
En este contexto, Torres señala: “Las presiones sobre los precios serían más intensas y duraderas que en el escenario base, pudiendo mantener una desviación inflacionaria por encima de las metas definidas por los bancos centrales”. El Banco de España no descarta que el IPC pueda alcanzar cerca del 6% en un escenario adverso, prácticamente duplicando la meta de estabilidad de precios.
El problema no radica solo en la magnitud del aumento, sino también en su duración. Una inflación alta durante un período prolongado erosiona de manera más profunda y persistente el poder adquisitivo de los hogares. Además, suele extenderse a toda la economía, afectando salarios, servicios y las expectativas empresariales. Un contexto de precios elevados reduce el consumo, encarece la inversión y genera incertidumbre. En este sentido, España, como economía dependiente de las importaciones energéticas, se muestra especialmente sensible a estas influencias externas.
El impacto no se limita únicamente a los precios. La prolongación del conflicto condiciona la política monetaria. Los mercados ya anticipan nuevas alzas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, mientras que la Reserva Federal estadounidense podría posponer eventuales reducciones. Esto se traduce en un encarecimiento del crédito tanto para los gobiernos como para el sector privado.
Otro problema: hipotecas más caras
En España, el euríbor ya supera el 2,8%, medio punto más que antes del estallido del conflicto. Ha registrado su mayor aumento en tres años, elevando las cuotas hipotecarias hasta en 300 euros anuales. Este incremento reduce la capacidad de consumo e inversión de los hogares. “El euríbor vuelve a tensionar las hipotecas variables y confirma un cambio de tendencia: se abandona el período de alivio y se entra en una fase de mayor incertidumbre”, comenta Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.
Frente a este panorama, la respuesta de la política económica se complica. El Gobierno ya ha implementado medidas para mitigar el efecto, como la reducción de impuestos sobre productos energéticos. No obstante, su coste es elevado. La recaudación anual por estos impuestos ronda los 22.500 millones de euros, y sostener estas rebajas durante todo el año podría generar un déficit fiscal superior a los 10.600 millones, equivalente al 0,7% del PIB.
Torres advierte que estas medidas resultan poco eficientes si se aplican de forma generalizada. En un escenario de conflicto prolongado, recomienda concentrar los esfuerzos en los sectores más afectados. “Habrá que prepararse para ello, focalizando la respuesta a la crisis en las medidas más efectivas, como el apoyo al transporte profesional, al sector primario y a los grupos vulnerables, descartando la renovación de las reducciones universales en impuestos energéticos, que son poco eficientes y muy costosas”, concluye Torres en su artículo.