Francisco —Paco— Martínez fue arrestado precisamente el día que cumplió 50 años. Fue el pasado 27 de mayo.
Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional procedieron a registrar su despacho, al que suele acudir casi diariamente. Allí, tras dejar la política, ahora ejerce la abogacía en el ámbito privado.
Su detención causó sorpresa tanto entre allegados como desconocidos. Paco representa muchas facetas. Algunos lo rememoran como el «brillante» y «prestigioso» abogado de las Cortes que, en 2016, accedió al Congreso como diputado por el PP.
La hemeroteca reciente lo vincula con el exsecretario de Estado de Seguridad, segundo en el Ministerio del Interior, quien será juzgado por el caso Kitchen, un presunto operativo parapolicial dedicado a espiar a Luis Bárcenas.
Sus antiguos compañeros de colegio lo describen como el «mejor alumno» de su generación y delegado de curso en COU en el Colegio de los Jesuitas de Nuestra Señora del Recuerdo, uno de los centros más exclusivos de la capital en aquel entonces.
Sin embargo, pocos anticipaban que justo al cumplir cinco décadas, su biografía añadiera este oscuro episodio. Alrededor del mediodía del 27 de mayo, Martínez fue arrestado por orden de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.
Este licenciado en Derecho (con premio extraordinario) enfrenta crecientes problemas legales. Las pesquisas de una investigación secreta iniciada en 2023 sitúan a Martínez como miembro destacado de una presunta red criminal conformada junto al joven hacker conocido como Alcasec.
Los investigadores sostienen que ambos se habrían beneficiado económicamente mediante la comercialización de datos obtenidos de los ciberataques masivos liderados por el joven. Martínez fue el abogado de este, cuyo nombre real es José Luis Huertas.
Paco, en cambio, se considera algo más que su simple defensor legal. En la declaración ante la juez, Martínez manifestó este jueves que se convirtió en un «referente» para Alcasec, huérfano de padre. Aseguró que intentó orientar su vida, así como asesorarle en la creación de dos empresas, de las cuales se desligó posteriormente.
En la Audiencia Nacional, negó haber obtenido beneficios de los hackeos llevados a cabo por el joven pirata informático. Sin embargo, el fiscal José Perals pidió su ingreso en prisión provisional sin fianza debido al «riesgo de reincidencia delictiva». La juez Tardón pronto adoptó esta medida.
Su defensor, Pedro Colina, solicitó que el expolítico fuera recluido en el llamado módulo de respeto de la prisión de Soto del Real, curiosamente la misma cárcel en la que Bárcenas cumplió una condena superior a cinco años tras ser sentenciado.
El ‘caso Kitchen’
En su etapa como abogado en las Cortes, tanto diputados como periodistas consultados por EL ESPAÑOL resaltan su «brillantez» en asuntos de Derecho constitucional, campo en el que se especializó. «Nos aclaraba todas las dudas», comenta un exparlamentario. «Y a nosotros también», añade sorprendida una periodista.
No obstante, en menos de una década, ese brillo se tornó oscuro. El 11 de enero de 2013, fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, convirtiéndose en número dos del ministro del Interior de aquel entonces, Jorge Fernández Díaz. Era la mano derecha del máximo responsable de la Policía, la Guardia Civil y prisiones.
Paco accedió al poder sin haber formalizado aún su afiliación al PP —la solicitó años después, en 2016—; sin embargo, se convirtió en un alto cargo del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Esa etapa política concluirá —salvo acontecimiento extraordinario— con el expolítico enfrentando un juicio. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción le reclama 15 años de cárcel por la Operación Kitchen, presunto dispositivo parapolicial destinado a vigilar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraer documentación dañina para el partido.
En 2013, la formación enfrentaba un oscuro futuro judicial con el estallido del caso Gürtel. Bárcenas era el custodio de los secretos del PP. Anticorrupción sostiene que, junto a Fernández Díaz, Martínez dirigió esta operación. Se le imputan delitos graves, como malversación y encubrimiento.
Tras ser repudiado por su partido, compartirá banquillo con Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, y el excomisario José Manuel Villarejo, figuras destacadas de la llamada Policía patriótica.
«Mi peor error en el Ministerio [del Interior] fue ser leal a personajes miserables como Jorge [Fernández Díaz], [Mariano] Rajoy o [la entonces secretaria general del PP, María Dolores de] Cospedal», llegó a escribir Martínez en un wasap incluido en el sumario del caso Kitchen. Durante la instrucción, tuvo que enfrentarse incluso en un careo con quien había sido su superior en Interior, el mismo que lo reclutó y lo ascendió en el Gobierno.
Ya se ha fijado fecha para el juicio por el supuesto espionaje a Bárcenas: mayo y junio de 2026. No obstante, no está previsto que el exdiputado reciba libertad próximamente. Por ahora, permanecerá en prisión.
Este jueves, la juez Tardón, al informarle sobre su encarcelamiento provisional, le adelantó que podrá recuperar la libertad cuando la Policía intervenga y bloquee las bases de datos que creó el hacker Alcasec, coprotagonista, junto al expolítico, de este nuevo capítulo en la caída de Paco Martínez.

