La Fiscalía Anticorrupción enfocó inicialmente su atención en Luis Felipe Baca Arubulu, banquero residente en Suiza, al comenzar las investigaciones sobre las operaciones de préstamo realizadas a la aerolínea española.

La Audiencia Nacional ha detenido al empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu acusado de blanqueo de capitales en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. Este exbanquero radicado en Suiza ya había sido señalado por la Fiscalía Anticorrupción al inicio de las pesquisas, tras recibir información de Francia y Suiza sobre los préstamos otorgados a la aerolínea española con capital venezolano, considerándolo una pieza clave en la trama.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a EL MUNDO que la detención tuvo lugar el miércoles pasado en la isla caribeña de Aruba. Además del arresto, el empresario fue objeto de un registro. El juez encargado, José Luis Calama, busca iniciar el proceso de extradición para que Baca declare en España. El Ministerio Público le atribuye el lavado de dinero ilícito mediante distintas operaciones inmobiliarias y la concesión de préstamos a Plus Ultra. Precisamente, este tipo de financiamientos constituyen el origen de la investigación, ya que la aerolínea recurrió a ellos durante la pandemia debido a problemas severos de liquidez.
Además de Baca, el Ministerio Público señala como otro vértice del entramado al financiero Simon Leendert Verhoeven, quien facilitó 1,3 millones a la aerolínea a través de sociedades offshore ubicadas en Suiza y Reino Unido. La investigación, aún bajo secreto judicial, sostiene que los implicados, entre ellos los principales directivos de Plus Ultra, su presidente Julio Martínez Sola y su mano derecha, Roberto Roselli, reintrodujeron en la economía legal fondos de origen ilícito mediante estos préstamos. Los créditos, otorgados con un interés del 9%, fueron devueltos usando los 53 millones del rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por esta razón, en las resoluciones emitidas tras las primeras detenciones en diciembre se señala a los imputados por «la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales con fondos públicos».
Junto a los financieros relacionados con estas operaciones de préstamo, también fue detenido el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y asesor externo de Plus Ultra.
En el domicilio de Martínez se incautaron entre 300.000 y 400.000 euros. Fue contratado por la empresa para actuar como intermediario ante las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro. Como ha revelado este medio, Plus Ultra le encargó gestionar la negociación para aplazar una deuda millonaria por combustible y agilizar diferentes trámites operativos.
Por estos servicios, Martínez recibió entre 600.000 y 700.000 euros, de los cuales transfirió 660.000 euros a Zapatero y a la empresa de marketing digital de sus dos hijas. Ellos defienden que se trató de trabajos de asesoría para Julito. Este empresario de origen alicantino niega cualquier relación con los préstamos investigados, sostiene la legalidad de sus consultorías y desvincula al histórico dirigente socialista de cualquier irregularidad.

