La Policía señala al exdiputado de Podemos Serigne Mbaye por negarse a identificarse, lo que provocó un altercado y su detención junto a otras seis personas en Madrid.
El suceso tuvo lugar en Usera-Villaverde tras que la Policía recibiera un aviso sobre un posible robo de vehículo, desencadenando un forcejeo y la intervención de más efectivos.
Mbaye y Podemos afirman que la detención fue motivada por un sesgo racista, en tanto que la Delegación del Gobierno sostiene que la actuación policial fue proporcional.
Organizaciones como Amnistía Internacional, SOS Racismo y CEAR exigen el cese de las redadas racistas y denuncian el acoso policial a personas racializadas en España.
El informe policial sobre el incidente ocurrido la tarde del jueves, cuando el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye fue arrestado junto a seis personas por desobediencia y atentado a agentes de la autoridad, señala que Mbaye sería quien se negó a identificarse y dio inicio al enfrentamiento.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19.45 horas del jueves en los alrededores del aparcamiento de un supermercado en la calle Antonio López, distrito madrileño de Usera-Villaverde.
Allí, agentes policiales observaron a dos individuos que rondaban y miraban atentamente el interior de varios vehículos estacionados en un área donde se han registrado robos recientes.
Los policías procedieron a identificar a ambos sospechosos, pero uno de ellos huyó corriendo para evitar ser reconocido.
Fuentes próximas indican que esa persona era Mbaye, quien corrió hacia un portal cercano al lugar.
Frente a ese edificio se produjo un forcejeo con agentes, momento en que un vecino alertó a otros residentes y realizó un llamado para que bajaran y evitaran la detención de Mbaye.
Los policías quedaron rodeados por un grupo de aproximadamente diez personas, por lo que solicitaron refuerzos, según las mismas fuentes.
Finalmente, con la llegada de más efectivos, la Policía Nacional pudo arrestar a Mbaye y otras seis personas, acusadas de atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y lesiones leves sufridas por cinco agentes.
Los detenidos permanecieron en la Comisaría de Usera hasta la 1:30 de la madrugada.
«Racismo puro y duro»
La Delegación del Gobierno en Madrid y la Policía Nacional investigan el suceso y han entregado el atestado a la autoridad judicial. Sin embargo, a la salida de la comisaría, el exdiputado y actual secretario de Antirracismo de Podemos declaró que su arresto fue un claro caso de «racismo puro y duro» y denunció una persecución «contra personas racializadas».
Posteriormente, en una entrevista para TVE, Mbaye afirmó que la Policía «siempre encuentra una excusa» para pararlo y detenerlo, situación que asegura ha vivido en múltiples ocasiones, y calificó esta violencia como «psicológica, verbal y física».
«Es evidente que actúan por mi color de piel, lo hacen diariamente. Y todo el mundo puede observar cómo detienen selectivamente y de forma discriminatoria en metros, estaciones y calles, además de las acciones violentas que ejercen contra nosotros», añadió, refiriéndose a las personas negras.
Críticas de Podemos y Sumar
En paralelo, los líderes de Podemos rechazaron el uso «injustificado» de la fuerza en la detención de Mbaye, actual secretario de Antirracismo de Podemos, y lo señalaron como un ejemplo de la «violencia institucional, policial y racista».
Este viernes, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, solicitó explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien responsabiliza directamente de la «detención extremadamente violenta y racista».
Fernández reclamó que se investiguen las responsabilidades dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras la «brutalidad policial» que asegura ocurrió en la detención de Mbaye y otras seis personas, considerando este operativo como una «redada racista».
Además, anunció que Podemos presentará preguntas en el Congreso para esclarecer lo ocurrido y «depurar las responsabilidades correspondientes» respecto a la detención del exdiputado y actual secretario estatal de antirracismo.
Su partido también someterá una proposición no de ley que demande una investigación independiente y solicite que las fuerzas de seguridad del Estado «cesen las redadas basadas en perfil étnico» y reciban «formación en antirracismo». «En Estados Unidos se observa cómo opera el ICE, la policía represiva de Trump, y lamentablemente, en España se evidencian comportamientos similares a los del ICE», advirtió.
Por su parte, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, calificó como «inaceptables» las imágenes grabadas por testigos durante la detención y rechazó la normalización de la violencia.
El Gobierno defiende la actuación
Ante tales críticas, fuentes de la Delegación del Gobierno justificaron que la intervención policial se efectuó «en respuesta a una llamada ciudadana» y en cumplimiento de las funciones de «prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló debido a la negativa de uno de los implicados a cooperar».
De acuerdo con estas fuentes, la Policía Nacional actuó motivada por un aviso ciudadano, ejerciendo sus funciones de prevención, identificación e intervención ante un caso que se agravó por la negativa al colaboramiento y la resistencia de varias personas.
Recordaron que los hechos comenzaron tras una alerta al 091, donde se notificó un posible robo de vehículo cometido por dos sujetos.
Este delito es común en la zona y existe un dispositivo policial específico para su seguimiento, indicaron las fuentes de la Delegación, que agregaron que, ya en el sitio, los agentes intentaron identificar a los sospechosos.
Desde la Delegación y la Policía Nacional, aseguraron continuar trabajando para garantizar que las actuaciones policiales sean adecuadas y proporcionales, respetando los derechos y obligaciones de los ciudadanos conforme al Estado de Derecho.
Rechazo de las ONG
Amnistía Internacional y SOS Racismo han solicitado, tras la detención de Mbaye, que se prohíban legalmente las redadas racistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una práctica recurrente contra personas racializadas.
Por su parte, Red Acoge coincidió al calificar los hechos como un caso de «acoso y hostigamiento» a personas racializadas mediante controles policiales basados en perfil racial, denuncias respaldadas por Naciones Unidas, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Consejo de Europa.
Se recordó que tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU como el Defensor del Pueblo han instado a España a aplicar medidas para erradicar estas prácticas, pero que el Ministerio del Interior continúa haciendo «oídos sordos» y mantiene estas medidas discriminatorias.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha rechazado contundentemente estas «detenciones violentas», considerándolas la «punta del iceberg» de la realidad cotidiana que enfrentan personas migrantes, refugiadas y racializadas.
Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, también en redes sociales, denunció que esta actuación policial «violenta y desproporcionada» no es un caso aislado y elogió la respuesta vecinal al intentar detener la actuación y grabar los hechos, vídeos que han sido y serán «clave» para esclarecer lo sucedido.