La Audiencia Nacional ratifica el procesamiento de Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, por un presunto delito de estafa agravada.
Romillo está acusado de encabezar una estructura piramidal que habría defraudado 260 millones de euros y fue quien entregó 100.000 euros a Alvise Pérez para financiar su campaña europea.
La Sala apoyó continuar con el procesamiento sin esperar a que la Fiscalía incorpore cargos por fraude fiscal, aunque no descarta la posibilidad de ampliar la acusación más adelante.
El tribunal indicó que el caso debe avanzar con rapidez debido a que Romillo permanece en prisión provisional, y no considera incorrecta la resolución de procesarlo por estafa mientras se desarrollan otras investigaciones.
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En un reporte, la fiscal Mar Scharfhausen detallaba que, en los últimos años, Romillo, con una postura crítica y dura y «de fuerte oposición al Estado», se dedicó a publicar en redes sociales contenido relacionado con «elusión fiscal». Para monetizar esta actividad, el empresario creó Madeira Invest Club, el grupo que se convirtió en el núcleo de la presunta estafa masiva. Tanto que este caso judicial es conocido como caso Madeira.
. Así se actuó y de esa forma era adecuado.
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La Sala enfatiza que la instrucción no finaliza con el procesamiento. De hecho, la resolución de Calama «no es definitiva». La legislación establece que, en el futuro, puede «ampliarse tanto subjetiva como objetivamente». «Incluso modificarse mientras el sumario permanezca abierto», explica el tribunal.
De hecho, se abre la posibilidad de emitir posteriormente un «nuevo auto de procesamiento que incluya otros hechos», si la investigación revela delitos contra la Hacienda Pública.
Es cierto que la Sala, por motivos de «economía procesal», considera «más adecuado» que Calama hubiera «esperado los resultados de las diligencias referentes al delito fiscal para emitir una única resolución».
Sin embargo, su decisión no se considera equivocada ni apresurada. La Sala recuerda que «no se puede ignorar el resultado incierto» de dichas diligencias, que podrían aportar pruebas del supuesto delito fiscal más adelante, pero también podrían no hacerlo.
La postura de la Fiscalía también generó división entre las víctimas de la presunta estafa. Un sector apoyó al Ministerio Público y otro no.
El abogado Víctor Soriano, que representa a 15 afectados, ya pidió a la Sala que rechazara la solicitud de la fiscal, lo que finalmente ocurrió.
En un escrito, el letrado señaló que los presuntos delitos fiscales no están ligados a la supuesta estafa piramidal.
«La única diferencia con la acusación pública [la Fiscalía] es que considera que los posibles delitos fiscales cometidos por los procesados —sobre los cuales no existe diligencia alguna practicada ni tienen relación con la estafa— deben investigarse en este proceso», explicó Soriano.