El PSOE plantea modificar el Código Penal para que conducir superando en 50 km/h el límite en zonas urbanas y en 70 km/h el de vías interurbanas sea tipificado como delito.
Esta reforma no implica un aumento de las penas, pero sí amplía el rango de conductores que podrían obtener antecedentes penales por exceso de velocidad.
Las sanciones previstas comprenden de 3 a 6 meses de prisión, multas que oscilan entre 6 y 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y suspensión del permiso de conducir de 1 a 4 años.
El PSOE justifica la propuesta aludiendo al incremento de siniestros mortales y considera que los límites vigentes son «obsoletos» en comparación con los estándares europeos.
Este martes, los socialistas presentan en el Pleno del Congreso la propuesta para reformar el artículo 379.1 del Código Penal, buscando reducir los umbrales de velocidad que transforman una infracción administrativa en un delito.
El PSOE pretende que la ley califique como «delito» superar en 50 km/h el límite permitido en zonas urbanas y en 70 km/h el establecido para carreteras interurbanas.
Dado que la velocidad permitida en áreas urbanas varía entre 20 y 50 km/h, según el tipo de calle, exceder los 80 km/h en vías con límite de 30 km/h podría acarrear graves consecuencias para el conductor.
Del mismo modo, considerando que la velocidad máxima para carreteras convencionales es de 90 km/h, superar los 160 km/h sería también constitutivo de delito.
Esta iniciativa no incrementa las penas, pero amplía significativamente el grupo de conductores susceptibles de enfrentar antecedentes penales.
Las posibles sanciones incluyen prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y retirada del carnet por un periodo de 1 a 4 años.
Por ahora, el PSOE desconoce si cuenta con los apoyos suficientes y aguardará el debate para conocer si la propuesta será admitida a trámite.
Nuevamente, la atención se centra en Junts, que mantiene en reserva su postura y no revelará su voto hasta la sesión de este martes.
La semana pasada fue ERC quien bloqueó otro de los planes del Ejecutivo en materia vial: la reducción del límite permitido de alcohol de 0,5 g/l a 0,2.
El voto de los independentistas se unió al del PP y Vox, aunque por motivos distintos.
Los separatistas demandan un mayor número de examinadores de Tráfico en Cataluña, los populares criticaron el método empleado por el Gobierno para modificar el reglamento de la DGT, y Vox calificó la norma de «punitivista».
Tras este revés, los socialistas intentan reactivar la iniciativa para reducir la tasa de alcoholemia.
Límites «obsoletos»
En su exposición de motivos, el PSOE argumenta que la velocidad excesiva es responsable de una parte considerable de los accidentes mortales en ciudades y que los límites vigentes resultan «obsoletos» según los datos y los estándares europeos en materia de seguridad vial.
Los socialistas fundamentan su posición en estudios que muestran cómo un leve aumento en la velocidad incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes mortales, además de destacar una «violencia vial» que requiere una respuesta penal más rápida frente a conductas de alto riesgo.
La propuesta llega al Congreso en un contexto en el que el Gobierno busca mostrar firmeza ante la siniestralidad, después del aumento en la cantidad de víctimas de tráfico.
Durante el debate parlamentario de la semana pasada, tanto PP como Vox atribuyeron este aumento de víctimas al estado de mantenimiento de las carreteras.
Si la iniciativa del PSOE sobre los límites de velocidad es aprobada, pasará a comisión para su análisis y podría obtener aprobación definitiva en unos meses.