El PP ha remitido una carta a Félix Bolaños solicitando la retirada inmediata del actual decreto anticrisis y la aprobación de uno nuevo que incluya sus propuestas.
Entre las demandas planteadas, el PP exige mantener la energía nuclear, actualizar el IRPF para aliviar la carga fiscal de las familias y duplicar las ayudas por hijos a cargo.
Asimismo, el partido pide la eliminación de la inflación regulatoria y rechaza la inclusión de medidas no relacionadas con la crisis energética, criticando la falta de información a las Comunidades Autónomas sobre el impacto económico del decreto.
El respaldo del PP al nuevo decreto dependerá de que el Gobierno integre todas estas exigencias antes de la votación de convalidación en el Congreso.
La dirección del PP ha enviado a Félix Bolaños una carta demandando la retirada inmediata del Real Decreto-ley 7/2026, que responde a la crisis energética.
De acuerdo con el texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, dado que el decreto anticrisis «seguirá vigente durante los próximos 30 días», el Ejecutivo de Pedro Sánchez dispone de tiempo suficiente para retirarlo y «aprobar uno nuevo que incorpore los aspectos» que el PP considera «esenciales para responder con eficacia a esta crisis».
La carta, enviada al ministro por la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, condiciona cualquier apoyo a un nuevo texto que incluya reducciones en el IRPF para las familias, preserve la energía nuclear y elimine la inflación regulatoria «injustificada», que permite al Gobierno un gasto social sin control.
Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, es el autor de la propuesta contenida en la carta, anunciada este lunes al mediodía por Cuca Gamarra.
En ella se reconoce que el decreto incorpora medidas «coincidentes o parcialmente coincidentes» con la Proposición no de Ley que el PP presentó el 11 de marzo.
Sin embargo, el grupo popular sostiene que el conjunto es «insuficiente» para proteger a familias y empresas, y no garantiza una respuesta «integral y estructuralmente sólida» ante la crisis energética provocada por la guerra en Irán.
Estas son las medidas que el PP demanda que se incluyan «de forma urgente» en un nuevo texto legal antes de la votación de convalidación en el Congreso, prevista para esta misma semana.
«Continuidad nuclear»
La primera gran condición se refiere a la «coherencia» de la política energética y a la continuidad del parque nuclear.
La carta señala que el Ejecutivo proclama querer hacer la economía «más resistente» frente a futuros shocks, mientras mantiene un calendario de cierre de «la fuente de generación base más estable y descarbonizada del sistema eléctrico español».
El PP considera ambas declaraciones «incompatibles» entre sí y con la seguridad de suministro.
Muñoz recuerda que el parque nuclear aporta «el 20% de la electricidad neta generada en España». Advierte que prescindir de esa generación entre 2027 y 2035 «sin una alternativa estable» debilita «estructuralmente» la resiliencia energética y eleva la tensión al alza en los precios.
Por ello, exige que el Gobierno derogue la Orden TED/773/2020 y «dé por finalizado el calendario de cierre nuclear previsto en su ejecución».
Este paso es la única garantía con la que el PP interpretaría que el Gobierno se compromete con la continuidad nuclear. Una decisión imprescindible para una «política energética sensata» y para cualquier acercamiento de los populares a un nuevo decreto anticrisis.
Deflactar el IRPF
El aspecto con mayor impacto directo en los ciudadanos, dentro de la ofensiva popular, se centra en el IRPF. El PP critica que el decreto «no contempla ninguna medida de actualización» del impuesto.
Además, solicita que el Ejecutivo asuma la propuesta de aumentar el mínimo personal y la duplicación de la ayuda por hijos a cargo, «frente a la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias debido a la inflación».
La carta denuncia que esta ausencia de actualización ha consolidado «una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias, especialmente las familias con hijos».
Por ello, lo considera «incomprensible» que una norma, que el Ejecutivo presenta como el mayor escudo social de la Unión Europea, no incluya «ningún alivio directo en la tributación de las familias trabajadoras, ahorradoras y sustentadoras de sus hogares».
En este marco, el PP exige «la actualización de los parámetros del IRPF», es decir, subir el mínimo personal y duplicar los mínimos por descendientes.
Sin Presupuestos
La tercera demanda se dirige contra lo que el PP define como «intervencionismo y rigidez regulatoria innecesarios».
La carta sostiene que el decreto ha introducido «disposiciones ajenas a la respuesta requerida por la crisis energética». Asimismo, señala que estas generan «mayores cargas regulatorias, inflexibilidades e intervencionismo discrecional» dañino para el tejido productivo.
El texto también destaca la dimensión presupuestaria del decreto.
Se indica que la Disposición Final 12ª introduce «una modificación significativa en el presupuesto» que altera la Ley General Presupuestaria «a través de unos Presupuestos Generales prorrogados».
Una reforma tildada de «tramposa» por fuentes de la dirección del PP y cuya «conexión» con «la urgencia que justifica el Real Decreto Ley es prácticamente inexistente«.
Por otro lado, el PP critica que el Ejecutivo no haya informado a las Comunidades Autónomas sobre el impacto económico de estas medidas.
El texto señala que el Gobierno «es plenamente consciente del impacto que estas medidas pueden tener sobre la financiación» autonómica, que comparte ingresos de los impuestos intervenidos a la baja, pero, «sin embargo, no ha informado sobre su alcance«.
Por todo esto, y dado que el decreto podría mantenerse vigente «durante los próximos 30 días», los populares exigen al Gobierno que lo retire del orden del día de este pleno.
Con este margen, el PP defiende que «existe tiempo suficiente para aprobar uno nuevo» que integre sus demandas sobre el IRPF, energía nuclear y eliminación de medidas que considera «ajenas». Se deduce del texto que solo así el PP brindaría su voto favorable.
Sin un nuevo texto legal «que ofrezca una respuesta más efectiva al impacto sobre familias y empresas españolas», no podrá articularse «una verdadera respuesta de país, orientada a proteger a las clases medias y fortalecer la seguridad energética«.
Y solo eliminando medidas que convierten una norma de urgencia en un instrumento legal «para introducir elementos impropios, insuficientes o perjudiciales para el interés general», el PP consideraría votar a favor.