Según el órgano consultivo, la norma presenta importantes deficiencias, como la ausencia del cálculo de costes, la omisión del impacto en las pymes y la falta de protección de datos
El proyecto del Ministerio de Trabajo para fortalecer el control del registro horario ha sufrido un duro revés por parte del Consejo de Estado, que cuestiona tanto su diseño como su efecto real sobre empresas y empleados. En este sentido, el órgano consultivo considera que la norma, promovida por la entidad dirigida por Yolanda Díaz, no está adecuadamente justificada y presenta carencias significativas, entre ellas: la falta de ajuste a las particularidades de cada sector económico, la ausencia de un cálculo de costes, la no consideración del impacto en las pymes ni de la protección de los datos personales.
El dictamen, aprobado el pasado viernes y al que tuvo acceso El País, concluye de manera contundente que “no procede aprobar el real decreto proyectado”. Aunque este informe no es vinculante, su contenido representa un notable obstáculo para la aprobación de la norma y fortalece la postura de las organizaciones empresariales, que ya han manifestado su intención de recurrir a los tribunales si el texto es aprobado.
La propuesta del Ministerio de Trabajo busca endurecer el registro diario de la jornada laboral mediante la instauración de un sistema digital que permita a la Inspección de Trabajo supervisar con mayor eficacia el cumplimiento de los horarios. El propósito es combatir las horas extra no remuneradas, una práctica que afecta a centenares de miles de trabajadores.
Esta iniciativa se lanzó tras la derrota parlamentaria de la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Ante este revés, el Ministerio optó por rescatar uno de los elementos centrales de la reforma, que consistía en el fortalecimiento del control horario, también contemplado en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Es “poco realista” pensar que la medida no afectará a las empresas
No obstante, el Consejo de Estado considera que la propuesta presenta deficiencias fundamentales. Aunque reconoce la finalidad positiva de la norma, orientada a evitar el trabajo extra no remunerado y a mejorar el monitoreo efectivo de la jornada, advierte que el texto no valora correctamente sus repercusiones económicas ni su encaje jurídico.
Uno de los aspectos más críticos es el impacto sobre las empresas. El dictamen señala que la memoria de impacto normativo no evalúa adecuadamente el costo de implementar el sistema digital obligatorio, que afectaría a más de un millón de compañías. Según los cálculos indicados en el propio informe, el coste inicial podría alcanzar los 867 millones de euros anuales, sin considerar gastos adicionales como la formación o el mantenimiento. Por ello, el Consejo califica de “poco realista” la afirmación del ministerio de que esta medida no supone una carga significativa.
Además, el órgano consultivo recoge las observaciones de otros departamentos del Gobierno. El Ministerio de Economía había emitido informes desfavorables, señalando la necesidad de establecer un periodo transitorio más amplio y de diseñar mecanismos para mitigar el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, resalta que la imposición de un modelo uniforme no contempla las diferencias existentes entre sectores diversos.
Justamente, esta es una de las críticas principales del Consejo de Estado: la ausencia de adaptación a las “peculiaridades” específicas de ciertas actividades. El dictamen menciona expresamente casos como la hostelería, los trabajadores ferroviarios o los porteros de fincas, donde las condiciones laborales dificultan la aplicación de un sistema digital homogéneo. Por lo tanto, el organismo recomienda que la norma no se aplique a las jornadas especiales de trabajo.
Incertidumbres sobre privacidad, legalidad y proceso de aprobación de la norma
Otro punto cuestionado es la protección de datos. En consonancia con el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo advierte que el proyecto no garantiza de forma suficiente la privacidad de los trabajadores. “No es suficiente afirmar que no accederán a los datos personas no autorizadas”, señala el dictamen, que demanda mayor detalle respecto al funcionamiento técnico del sistema, incluyendo si se usarán datos biométricos y cómo se restringirá el acceso a la información.
Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario
El informe también pone en duda la base jurídica del real decreto. En opinión del Consejo de Estado, el texto no se limita a desarrollar la legislación vigente, sino que introduce nuevas obligaciones, lo cual podría exceder las competencias propias de un reglamento. En otras palabras, su contenido requeriría una ley aprobada por el Parlamento, tal y como han reclamado las organizaciones empresariales.
De igual forma, el órgano critica la tramitación urgente del proyecto, aduciendo que no está suficientemente justificada, y reprocha al ministerio no haber considerado adecuadamente las observaciones de otros organismos. “No se trata solo de acumular informes”, advierte, sino de integrar sus conclusiones para lograr una norma más sólida.
A pesar de todo, el Consejo de Estado reconoce que el objetivo de la iniciativa es legítimo y necesario. “La jornada laboral no debería exceder lo establecido por las normas”, destaca, subrayando que un control efectivo puede favorecer el bienestar de los trabajadores.