El Gobierno ha alterado los Presupuestos prorrogados de 2023 mediante el decreto anticrisis por la guerra de Irán, habilitando la posibilidad de gastar sin control parlamentario.
Esta reforma anula las restricciones del artículo 50 en lo relativo a partidas sociales, suprimindo la obligación de financiar con el Fondo de Contingencia e informar al Congreso.
Ahora el Ejecutivo podrá incrementar el gasto social financiándolo directamente con deuda, sin la necesidad de realizar recortes ni contar con autorización parlamentaria.
El PP critica esta maniobra calificándola de «trampa» y prepara su rechazo al decreto, considerándolo un método para evitar la falta de mayoría necesaria para aprobar nuevos presupuestos.
El Gobierno ha utilizado el decreto anticrisis por la guerra de Irán para modificar sigilosamente los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que son los únicos vigentes tras tres prórrogas consecutivas.
Lo ha hecho por medio de la Disposición Final Duodécima del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, una norma presentada como un conjunto de medidas de emergencia contra el aumento de precios del crudo y la energía. Sin embargo, oculta «una arbitrariedad», según fuentes de la dirección del PP, que ya advierte que esta «trampa» imposibilita garantizar su apoyo.
«Se trata de una reforma oculta de unos Presupuestos prorrogados tres veces porque no disponen de mayoría para elaborar unos nuevos», agregan dichas fuentes. «Feijóo ya advirtió que Sánchez no presentaría otro decreto ómnibus o no lo votaríamos».
La modificación añade un nuevo apartado en la Ley 31/2022 de Presupuestos que suspende, en lo que respecta a partidas de la Seguridad Social y Clases Pasivas, las limitaciones del artículo 50 de la Ley General Presupuestaria. Este artículo obliga al Gobierno a financiar cualquier gasto extraordinario mediante el Fondo de Contingencia e informar trimestralmente al Congreso sobre el gasto realizado y su destino.
De ahora en adelante, esa obligación «desaparece» para las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, la protección familiar y las cuotas de la Seguridad Social.
El PP lleva varios días evaluando el contenido del decreto y sus conclusiones no son favorables. Fuentes del partido describen la operación de manera directa: «En este RDL de las ayudas colaron una reforma de la ley presupuestaria que habían modificado con la ley de presupuesto de 2023 y así se otorgan mayor libertad para actuar sin necesidad de contar con PGE».
Para los populares, esta disposición no tiene relación con la crisis provocada por Irán. Lo consideran una maniobra con importantes consecuencias políticas y financieras disfrazada de urgencia.
Desde Génova interpretan que el Ejecutivo pretende proteger el tramo final de la legislatura sin la necesidad de aprobar nuevas cuentas, algo inviable actualmente al no contar con mayoría. «Buscan asegurar la ampliación de sus partidas sociales sin necesidad de aprobarlas en el Congreso hasta el término de la legislatura», señala una fuente cercana al partido.
En otras palabras: gasto social estructurado sin pasar por la Cámara y “en periodo preelectoral”.
Lo que esta modificación permite técnicamente es sustituir el artículo 50 por el artículo 59 de la Ley General Presupuestaria como norma para financiar las ampliaciones de crédito en esas partidas.
El artículo 59 no obliga a acudir al Fondo de Contingencia ni a compensar el gasto adicional con recortes en otras partidas. Permite cubrir ese exceso directamente con deuda.
Fuentes del PP resumen así: «Se saltan los controles del Fondo de Contingencia y la trazabilidad para aumentar a voluntad todos los gastos de capítulo social. Es una arbitrariedad más, sin relación alguna con la crisis de Irán. Es irracional».
Lo crucial políticamente es que el Fondo de Contingencia constituía la única restricción cuantitativa real para ese gasto adicional. Al eliminarlo para estas partidas, el Gobierno se asegura la posibilidad de aumentar esos créditos en periodo preelectoral sin requerir la aprobación del Parlamento y sin la necesidad de informar detalladamente el uso de cada euro extra.
Frente a esta situación, el PP prepara su rechazo al decreto. La dirección nacional ya avisó el viernes por la tarde que «el único voto favorable del PP hacia el Gobierno sería para un decreto que incluya todas y cada una de las medidas de la Proposición no de ley presentada hace dos semanas y sin ninguna otra propuesta».
El portavoz fue claro: «Cualquier decreto que no incluya todas o incluya alguna extra será analizado por la Dirección nacional, pero nuestra posición se comunicará en el momento oportuno. Sánchez debería convencer a todos sus socios de investidura para que apoyen el texto».
La advertencia conecta con la lanzada por Alberto Núñez Feijóo en la última sesión de control al Gobierno: «No intente traer otro decreto ómnibus porque no lo apoyaremos». Para el PP, el decreto anticrisis de Irán incluye, de facto, una modificación de las reglas presupuestarias que va mucho más allá de las medidas de emergencia. No es un decreto ómnibus en su forma, pero sí en su fondo.
Este lunes, el Comité de Dirección del PP se reúne en Madrid para examinar el decreto y determinar su postura. La votación para la convalidación se realizará esta misma semana en el Congreso. Según fuentes del partido, la decisión final no está decidida: «Votaremos en contra del decreto de izquierdas y analizaremos el decreto de derechas cuando corresponda», expresó el portavoz parlamentario Miguel Tellado, en referencia al decreto impulsado por el motín de los ministros de Sumar con medidas sobre vivienda.
Lo evidente es que el Gobierno ha aprovechado una crisis exterior para resolver, indirectamente, un grave problema interno: cómo incrementar el gasto sin mayoría y sin rendición de cuentas.