Los expertos sostienen que habrá mayor inflación, descenso del consumo y facturas energéticas incrementadas si el conflicto se extiende
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya impacta en el presupuesto de los hogares españoles. Abastecer el depósito, abonar la electricidad o hacer la compra son algunos de los gastos que reflejan la tensión de un enfrentamiento que ya se aproxima a su cuarta semana —duración prevista inicialmente por Donald Trump— y cuyo efecto podría agravarse si se prolonga.
Así lo pronostican diversos expertos, quienes alertan que, en caso de extenderse la guerra, el impacto energético podría afectar al conjunto de la economía nacional, encarecer el transporte, aumentar los costes productivos y reducir el consumo.
El primer efecto se aprecia en los combustibles. Un informe de Funcas estima que entre finales de febrero y el 15 de marzo, llenar un depósito estándar de 60 litros se ha encarecido unos 20 euros de media, mientras que el gasto anual en carburantes ha crecido alrededor de 225 euros por hogar. La misma fuente señala que, si continúan las tensiones en el mercado del crudo, la gasolina y el diésel podrían rozar los 2 euros por litro, lo que elevaría el sobrecoste anual hasta cerca de 400 euros.
En el ámbito de la electricidad y el gas, el riesgo en España es más indirecto pero también existente: el BCE contempla escenarios en los que el gas europeo podría alcanzar los 90 euros por MWh e incluso superar los 100 si el conflicto mantiene la presión sobre el suministro energético. Aunque España está mejor protegida que otros países europeos por su menor dependencia del gas, un conflicto prolongado puede terminar elevando las facturas si la energía en Europa sigue encareciéndose.
A esta amenaza se añade la incertidumbre política. El Gobierno ha aprobado una reducción temporal del IVA de los carburantes y combustibles del 21% al 10% hasta el 30 de junio, dentro del paquete para afrontar la crisis, y mantiene también bonificaciones fiscales sobre la electricidad y el gas para mitigar el impacto energético en los hogares. No obstante, el decreto todavía deberá ser ratificado por el Congreso el jueves 26 de marzo, y si esta protección desaparece, el impacto para conductores y familias sería más grave.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso su objetivo de acelerar la expansión de la energía renovable en el país mediante un decreto ley para mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)
Del surtidor al supermercado
Luego, la presión se traslada a la cesta básica. Un aumento del coste energético eleva el precio del transporte, los gastos agrícolas y artículos esenciales como los fertilizantes, por lo que el impacto se refleja finalmente en los alimentos.
La OCU ya ha detectado esta tendencia: la cesta analizada por la organización alcanzó en marzo los 320,78 euros al mes, el máximo registrado desde que empezaron a monitorear estos precios en junio de 2024, tras subir un 1,53% respecto a febrero. Frutas y verduras experimentaron el mayor incremento, del 5,78% en solo 20 días.
Este incremento ocurre además en un momento en que muchas familias aún no han recuperado del todo su poder adquisitivo tras las oleadas anteriores de inflación.
El IPC podría resistir la disminución
El principal riesgo macroeconómico es que el conflicto detenga la desinflación y complique la moderación del Índice de Precios de Consumo (IPC). Funcas anticipa que la inflación general llegue al 3,6% en marzo, supere el 4% en los meses siguientes y comience a descender desde junio, pero solo si la situación energética no empeora. Según su análisis, la media anual se situaría en 3,6%, cifra claramente superior a la esperada antes del aumento de tensiones en Oriente Medio.
La Cámara de España también ha ajustado sus pronósticos considerando el conflicto como telón de fondo. En su escenario base, que asume un conflicto breve de semanas, la economía española crecería un 2,3% en 2026. Pero si la guerra dura entre dos y tres meses, el PIB crecería tres décimas menos y la inflación subiría medio punto.
Por su parte, BBVA Research ofrece una visión algo menos pesimista, con una previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, aunque destaca que el contexto internacional es más incierto que hace solo tres meses y que el escenario depende en gran medida de la duración del conflicto.
Menor consumo y menor crecimiento
La lógica es clara: si aumentan los precios de la gasolina, la luz y la compra, los hogares disponen de menos renta disponible para otros consumos. Esto enfría la demanda interna, reduce los márgenes de las empresas y finalmente afecta al crecimiento. En otras palabras, una guerra prolongada no solo implica costes mayores para llenar el depósito, sino también una economía española con menor dinamismo.
En este contexto, el paquete anticrisis aprobado por el Gobierno busca actuar como un amortiguador. Además de la reducción fiscal en carburantes, el real decreto-ley incluye medidas sobre electricidad, gas y apoyos a los sectores más afectados. El propósito es evitar que el impacto energético golpee de lleno a hogares y empresas, aunque el alcance real del escudo dependerá de dos elementos: su aprobación parlamentaria y, principalmente, la duración del conflicto.
Vivienda: un impacto más indirecto
El sector inmobiliario también podría resentirse si el conflicto se prolonga. Si la guerra mantiene elevada la inflación durante más tiempo, el esperado alivio en el coste de financiación podría ralentizarse, encareciendo las hipotecas y frenando una parte de la demanda. Sin embargo, los expertos sitúan este efecto en un nivel más indirecto y condicionado que el impacto en carburantes o alimentos.
De hecho, especialistas consultados por Infobae consideran que una guerra corta no sería suficiente para abaratar la vivienda. Solo en un escenario mucho más prolongado, de alrededor de un año y medio o más, podría observarse una caída en los precios.
A corto plazo, por el contrario, el mercado sigue tensionado por la escasez de oferta y los analistas advierten incluso que la vivienda nueva podría encarecerse si suben los precios de las materias primas en construcción.