«No se le ocurra presentar otro decreto ómnibus», exigió Feijóo, quien considera evidente que el Gobierno «se aprovecha de la guerra».
Pedro Sánchez es consciente de la dificultad que enfrenta y busca agotar las horas previas al consejo de ministros extraordinario del viernes para hallar la fórmula que resuelva el problema. El decreto destinado a mitigar el impacto económico de la guerra en Irán sobre familias y empresas enfrenta líneas rojas trazadas por los grupos parlamentarios, quienes son finalmente los responsables de aprobar el paquete de medidas el próximo jueves.
El presidente junto a sus ministros más involucrados –Félix Bolaños, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo– navegan entre las presiones de su socio gubernamental, los grupos de izquierda y las claras advertencias de las formaciones de derecha, que en esta ocasión incluyen al PP, Junts y PNV.
Estos tres grupos alertaron ayer al presidente, desconfiando de que, una vez más, el Gobierno apruebe un decreto ómnibus que, bajo el pretexto de las ayudas para enfrentar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, intente introducir medidas «extremas», «ideológicas» o «intervencionistas» promovidas por Sumar, EH Bildu, Podemos, ERC y BNG.
El principal punto de disputa reside en la demanda de estos grupos de incorporar en el paquete la prohibición de desahucios, la extensión de los contratos de alquiler y el límite a sus precios.
«No arriesgue de nuevo», advirtió la portavoz de los nacionalistas vascos, Maribel Vaquero, recordándole a Sánchez la falta de mayorías claras y exigiendo que presente hoy en Bruselas la necesidad de que el gasto derivado de mitigar el impacto de la guerra quede fuera de las reglas fiscales.
«No se le ocurra traer otro decreto ómnibus», insistió el líder del PP, Núñez Feijóo, para quien está claro que el Gobierno «se aprovecha de la guerra», ya que mientras más suben los precios, mayor es la recaudación fiscal. El diputado Juan Bravo respaldó esta afirmación con números: «En las dos semanas de conflicto, el Gobierno ha recaudado 50 millones de euros únicamente con el alza en el precio de los carburantes».
«Medidas anticrisis, sí; chantajes y okupaciones, no», concluyó más tarde el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, durante una interpelación dirigida a la vicepresidenta Montero.
Las advertencias son precisas y el Gobierno las toma en cuenta. Sánchez no puede permitirse que el decreto de ayudas frente a la guerra fracase en la Cámara, como ocurrió con el llamado escudo social. Teniendo en cuenta que PP, Vox, UPN, Junts y PNV conforman un bloque mayoritario —183 votos— las propuestas más estrictas de los socios de izquierda no prosperarán.
Según adelantaron ayer Montero y Bolaños, el decreto no incluirá la prohibición de desahucios ni la prórroga de los contratos de alquiler. De hacerlo, el rechazo de la derecha lo tumbaría. En el mejor de los casos, se podría considerar fijar un tope del 2% para la actualización anual de los alquileres firmados antes de mayo de 2023. Sin embargo, ni siquiera esto está garantizado.
El tira y afloja entre los grupos se reflejó también dentro del Gobierno: por un lado, los ministros socialistas y, por otro, los de Sumar. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, y Mónica García, ministra de Sanidad, lideraron la demanda de los socios de izquierda para incluir medidas de vivienda en el decreto. Bustinduy se mostró dispuesto a «pelear» por la extensión de los contratos de alquiler y subrayó que Sumar «no entiende la razón para oponerse a proteger a millones de inquilinos en España».
Por su parte, la ministra de Hacienda respondió que «solo se incorporarán medidas que cuenten con consenso» y que en relación a los alquileres, ante la falta de acuerdo, lo que provocan son tensiones.