La constructora admite ciertas irregularidades vinculadas con la investigada Servinabar, a la que pagó 6,8 millones de euros
Acciona Construcción SL ha presentado un informe interno a Anticorrupción donde la principal constructora revisa sus vínculos con la pequeña Servinabar, investigada como posible vehículo para pagos irregulares en la trama del caso Koldo. La Fiscalía y la Audiencia Nacional mantienen a Acciona en el foco por varias licitaciones en las que los investigadores creen que recibió el apoyo de involucrados en la red.
Hasta el momento, algunas ex figuras directivas de la constructora han sido acusadas. La imputación de Acciona Construcción como entidad jurídica parece altamente probable. Para evitar responsabilidades penales, deberá demostrar que contaba con un sistema interno eficaz de prevención de delitos (compliance).
La empresa indica que «dentro de su programa de cumplimiento», emprendió diversas medidas, entre ellas la elaboración de este informe de 151 páginas, que la Fiscalía ha remitido al juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
Junto con el informe, la constructora adjunta un escrito en el que reconoce la existencia de ciertas irregularidades vinculadas a Servinabar, las cuales minimiza y justifica su no detección: «El modus operandi empleado fue indetectable —y de hecho no detectado— debido a una supuesta mendacidad y ocultación, probablemente diseñada para impedir que los sistemas de cumplimiento identificaran el comportamiento irregular».
El informe detalla que entre 2015 y 2025, Acciona pagó un total de 6,8 millones de euros a Servinabar, empresa creada por el empresario Antxon Alonso. Según documentos confiscados, un 45% habría sido vendido al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Acciona explica que, tras su análisis, identificó «determinadas situaciones» que se deben comunicar a Anticorrupción, «ya que no se ha logrado encontrar evidencia suficiente que confirme la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a Servinabar».
En particular, señala dos obras en revisión: un soterramiento de vías en Sant Feliú (Barcelona) y la construcción de un tramo de la A-68 en La Rioja. «En ambos casos se observaron formalidades y trazabilidad habituales que permitieron que el modo irregular de actuar no fuera detectado», señala Acciona.
En el proyecto de Sant Feliú, se descubrió que los informes periódicos que facturaba Servinabar eran, en realidad, una consolidación de datos elaborada por Acciona sobre calidad y seguimiento.
En la obra de La Rioja, Servinabar recibió un pago de 95.000 euros (más IVA) por la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud que, según las comprobaciones, no fue realizado por su personal, sino que fue firmado por dos empleados de Acciona Construcción.
Además, en la lista de circunstancias sospechosas se incluye el hecho de que se pagó a Servinabar por dos proyectos de supuesto desarrollo de negocio que «no generaron resultados». También se resalta que Servinabar recibía pagos mensuales frecuentes por sus servicios, mientras otros proveedores cobraban únicamente por trabajos específicos. En algunos casos —4.000 euros mensuales por asesoramiento en prevención, 3.000 por seguimiento del plan de seguridad— «no se pudo obtener documentación que respaldara la prestación del servicio».
El informe señala que en ciertas ocasiones —en referencia al proyecto de Mina Muga, el primero que relacionó a cargos de Acciona con la red— se podrían haber fraccionado pagos para eludir los controles internos de la empresa.
Relacionada de nuevo con esta constructora, el juez Moreno ha decidido, a petición de la Guardia Civil y con el respaldo de la Fiscalía, ampliar la investigación patrimonial a las cuentas de cuatro sociedades que compartieron participación con Acciona en algunas de las obras bajo sospecha.