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Un "repetición de impunidad".
Así definió la ONG Provea la designación de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa de Venezuela, en reemplazo de Vladimir Padrino López, quien ocupó ese cargo durante 12 años.
El anuncio se realizó este miércoles y rápidamente encendió las alarmas en organizaciones de derechos humanos debido al pasado de este militar, sancionado por varios países por hechos vinculados con corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Tras la asunción temporal de Rodríguez a la presidencia en enero, González López fue designado jefe de la Guardia de Honor Presidencial y también de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Su período más extenso fue al mando de la inteligencia nacional como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en dos etapas: entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.
En 2015, durante la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos le aplicó sanciones personales por considerarlo "responsable o cómplice de actos importantes de violencia o conductas que constituyen abusos graves o violaciones significativas de los derechos humanos".
La respuesta de Nicolás Maduro fue nombrarlo ministro de Interior «para que, con su premio otorgado por el imperio americano, asegurara la paz, la seguridad ciudadana y nacional». Ocupó ese puesto entre 2015 y 2016, sin dejar su liderazgo en el Sebin.
Precisamente por su gestión en ese cuerpo de seguridad recibió sanciones de la Unión Europea, que señaló que durante su dirección, "funcionarios bajo su mando cometieron detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide".
Como explicó a BBC Mundo la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, "nombrarlo ministro de Defensa implica, en la práctica, mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por graves violaciones de derechos humanos, incluso tortura o detenciones arbitrarias".
Por su parte, Rafael Uzcátegui, codirector de Laboratorio de Paz en Venezuela, indicó a BBC Mundo que el nombramiento de González López representa "una pésima señal para la posibilidad de transición democrática, un respaldo a la impunidad" ya que, asegura, no existía "un candidato peor o con más señalamientos por violaciones a derechos humanos".
"Es el funcionario con más evidencias sobre crímenes graves contra la humanidad", resalta Uzcátegui.
Dentro de la trayectoria de González López hay tres eventos relevantes que han propiciado cuestionamientos y sanciones.
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Operación de Liberación del Pueblo (OLP)
La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) fue la estrategia de mano dura impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro en 2015 para atacar uno de los principales problemas de Venezuela en ese momento: la violencia.
Consistió en un despliegue de fuerzas especiales y militares que incluía una ocupación temporal de áreas específicas en diversas ciudades del país, con foco especial en Caracas. Para entonces, la capital tenía la tasa más alta de homicidios a nivel mundial, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
No existió ningún documento oficial público que describiera su metodología ni los objetivos, denuncian las organizaciones de derechos humanos.
La OLP impactó principalmente en los barrios más pobres y peligrosos, donde la presencia estatal es limitada y donde la policía es vista como enemiga por las bandas. En ese momento, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), cada semana morían 2,6 agentes solo en Caracas.
La OLP seguía un patrón claro, según los testimonios que familias de víctimas brindaron a Daniel García Marco, corresponsal de BBC Mundo en Venezuela en esa época.
Las operaciones se realizaban generalmente en la madrugada o a primeras horas del día, relataba Araceli, familiar de una víctima.
Los agentes "ingresaban encapuchados, tomaban el territorio como si hubiera un conflicto bélico, con helicópteros, drones (…) y comenzaban a derribar puertas", recordó.
Los objetivos de la OLP estaban bien definidos: hombres jóvenes. Según Cofavic, el 78% de las víctimas eran menores de 25 años y el 99% hombres.
Las muertes, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, fueron en muchos casos "ejecuciones extrajudiciales".
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Como ministro de Interior, González López tenía bajo su coordinación a las fuerzas policiales encargadas de las OLP.
El Ministerio Público reportó que entre marzo de 2015 y julio de 2017 se registraron 505 personas "abatidas" en estas operaciones.
Durante ese período, González López también lideraba el Sebin y, según Uzcátegui, «fue el funcionario de mayor jerarquía responsable del despliegue de las OLP, algo que está bien documentado».
Luego de las graves denuncias de diversas ONG sobre las OLP, esta política fue abandonada oficialmente, aunque más tarde fue retomada de facto por otro organismo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), dependientes de la Policía Nacional Bolivariana y el Ministerio de Interior, en última instancia.
En un informe de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bajo la dirección de Michele Bachelet, documentó decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
"Las violaciones de derechos fueron tan severas que Michele Bachelet no recomendó reestructurar estos cuerpos, sino su desaparición. Desde las OLP esto generó una enorme alerta", afirma Uzcátegui.
El Sebin como mecanismo de "represión selectiva"
El nombre de Gustavo González López no es desconocido en la estructura del poder. Asumió la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por primera vez en febrero de 2014, año en que ocurrieron protestas masivas antigubernamentales que fueron reprimidas con rigor, generando múltiples denuncias de detenciones arbitrarias, tortura y violencia.
La situación se repitió, con mayor intensidad, durante las protestas de 2017.
Un informe de Laboratorio de Paz señala que el Sebin fue empleado como un instrumento para la represión selectiva, concepto certificado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.
Dicho informe denuncia que el Sebin se enfocó en neutralizar a personas consideradas como opositoras o críticas al gobierno, utilizando mecanismos de inteligencia con fines de control político.
"En ese marco, González López tomó parte en la criminalización de líderes políticos, en la estigmatización de organizaciones de derechos humanos y estableció procedimientos para ello. Básicamente, el Sebin funcionó como un organismo de persecución política, creando un sistema de seguimiento, vigilancia y detención de dirigentes políticos. Se consolidaron numerosos patrones de violación de derechos humanos", detalla Uzcátegui.
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Juanita Gobertus, de Human Rights Watch, señala que el informe de la ONU "presenta razones fundadas para considerar que González López tuvo conocimiento y participación en graves delitos contra opositores" y afirma que "bajo su mando, los funcionarios realizaron detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo violencia sexual".
Uzcátegui también menciona que las "denuncias de tortura, asfixias, golpizas, violencia sexual y descargas eléctricas son impactantes".
Gobertus añade que la misión de la ONU "recibió testimonios que indicaron que González López estuvo involucrado en varias de las detenciones arbitrarias y que no ordenó liberaciones directas".
Entre estos hechos se encuentran los crímenes cometidos en El Helicoide, prisión reconocida como el "principal centro de tortura en Venezuela" y sede principal del Sebin.
El caso Albán
En octubre de 2018, el caso del concejal opositor Fernando Albán conmocionó a Venezuela.
Albán fue detenido acusado de intentar atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y otras autoridades, mediante un ataque con drones en un desfile militar en agosto de ese año.
Días después, murió al caer desde una ventana del décimo piso del Sebin en Plaza Venezuela, zona conocida de Caracas.
Inicialmente, el gobierno informó un suicidio mientras Albán estaba bajo custodia policial, pero diversos actores políticos y ONG denunciaron asesinato y pidieron una investigación.
Luego, el Ministerio Público reconoció irregularidades en la investigación y condenó en 2021 a dos funcionarios del Sebin por homicidio culposo (no intencional) en relación con la muerte del concejal, una decisión criticada por ONG que todavía exigen una investigación imparcial y sentencia adecuada.
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En ese período, González López dirigía el Sebin y, como señala Uzcátegui, "hubo numerosas denuncias sobre su implicación tanto en El Helicoide como en las instalaciones de Plaza Venezuela. Incluso la exfiscal general Luisa Ortega Díaz lo relacionó con el caso. Se generó un escándalo y finalmente fue removido del cargo".
Pocos días después, en octubre de 2018, fue destituido como director del Sebin, aunque regresó en abril de 2019.
Ahora, como ministro de Defensa, Gustavo González López tendrá bajo su control no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la Milicia Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la DGCIM, la contrainteligencia del país.
"Este nombramiento no indica una relajación en los derechos políticos, sino todo lo contrario. Es un mensaje claro de que las políticas de persecución y acoso continuarán. En términos de derechos humanos, representa un escenario grave y una mala señal para la sociedad venezolana y cualquier proceso de transición", pronostica Uzcátegui.