La sentencia reconoce que los captores sometieron a la víctima a “condiciones degradantes e inhumanas”, negándole toda autonomía personal
Durante varios meses, Marisol permaneció recluida en una vivienda okupada en Salamanca, un lugar sin luz, sin agua, sin calefacción y sin un sanitarios adecuado. La crónica de su cautiverio, caracterizada por hambre, suciedad y total indefensión, cuestiona cualquier noción de protección hacia los más vulnerables. Esta mujer, con una discapacidad psíquica reconocida, perdió tanto su libertad como su dignidad a manos de quienes inicialmente se presentaron como sus protectores.
La vida de Marisol dio un giro cuando María Virtudes y Héctor aparecieron en su camino. Consiguieron convencerla para que se fuera con ellos, ofreciéndole cuidado y compañía. Sin embargo, su intención real era otra: controlar a alguien incapaz de defenderse, aislarla y apoderarse de su pensión.
Desde el principio, la mantuvieron encerrada junto a ellos en la vivienda okupada, donde sobrevivir era una batalla diaria. Su colchón sucio, la ropa en mal estado, el cubo usado como baño y la escasez de alimentos mostraban la crudeza de esos meses. La única salida era una puerta cerrada con llave, que solo abrían sus captores.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca establece que María Virtudes y Héctor sometieron a Marisol a “condiciones degradantes e inhumanas”, privándola de toda autonomía. El tribunal destaca que la víctima perdió peso de forma alarmante y enfrentó un riesgo real para su vida.
El cautiverio no solo privó a Marisol de su libertad física, sino que también la aisló socialmente en total soledad. Los autores utilizaron la tarjeta bancaria de la víctima para retirar dinero y realizar compras, apropiándose de sus recursos mientras la tenían retenida. Gracias a la intervención de un vecino, alertado por sus gritos, Marisol fue finalmente liberada y trasladada al hospital, donde se le atendió por desnutrición y deterioro físico.
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Encerrada en un piso okupado de Salamanca
El origen del drama de Marisol se sitúa a comienzos de junio de 2024, cuando María Virtudes y Héctor lograron ganar su confianza. Marisol, con un 79% de discapacidad psíquica y dependencia grado II, acudía periódicamente a la Clínica Médico-Forense, donde se constataba su alta vulnerabilidad y falta de autonomía. Tras persuadirla, la pareja la trasladó a un piso okupado en Salamanca a principios de agosto.
Allí, el encierro fue total: la luz y el agua habían sido cortadas, la vivienda carecía de calefacción y Marisol quedó bajo el control absoluto de sus captores. Por más de cuatro meses, la mujer vivió en estas condiciones, perdiendo peso paulatinamente y sin acceso a ayuda externa.
El único contacto con el exterior se limitaba a los momentos en que Ezequías, un cómplice con discapacidad intelectual leve, estaba en la casa y también se encargaba de que Marisol no saliera. Durante ese tiempo, los acusados se aprovecharon para apoderarse de la tarjeta bancaria de la víctima, utilizando tanto el efectivo retirado como las compras realizadas.
El sufrimiento concluyó el 18 de diciembre de 2024, cuando un vecino llamado Obdulio escuchó los gritos de auxilio de Marisol y llamó a la policía. Los bomberos forzaron la entrada y encontraron a la víctima en un estado de abandono extremo. Fue trasladada inmediatamente al hospital, donde los médicos confirmaron su desnutrición y deterioro físico.
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Once años y medio de prisión para los captores
Tras la liberación de Marisol, el caso pasó a manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, que inició diligencias bajo el Procedimiento Abreviado 27/2025. La sentencia, emitida el 16 de marzo de 2026 por la Audiencia Provincial de Salamanca, condenó a María Virtudes y Héctor a un total de 11 años y medio de prisión por detención ilegal, delito contra la integridad moral y estafa.
Ezequías, por su parte, fue sentenciado a dos años y medio de cárcel como cómplice en la detención ilegal y delito contra la integridad moral, aunque fue absuelto del cargo de estafa. Además, el tribunal impuso una indemnización de 6.000 euros a favor de Marisol por daños morales y el reintegro de 2.171,52 euros correspondientes a las sumas sacadas de su cuenta. Las partes disponen ahora de un plazo de diez días para presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.