El informe elaborado por la IGAE, junto con las grabaciones incautadas a Koldo García, respaldan la hipótesis de irregularidades en contratos de obras públicas, siendo la multinacional Acciona una de las principales beneficiarias.
La investigación sobre el presunto amaño de grandes proyectos públicos en el Ministerio de Transportes, durante la etapa en la que estuvo al frente el ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, avanza sin prisas pero de forma constante.
Para la Fiscalía Anticorrupción, el informe remitido la semana pasada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional —actualmente sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 2— ha reforzado las sospechas sobre irregularidades en la adjudicación de obras públicas dentro del Gobierno.
Este informe, realizado por la unidad de la IGAE asignada a Anticorrupción, es fruto de un análisis detallado llevado a cabo durante varios meses por peritos de Hacienda sobre 11 contratos —cinco de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras—.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO destacan que la IGAE detectó modificaciones al alza sospechosas en algunos contratos iniciales. Estas alteraciones alcanzaban hasta cerca del 20% de incremento presupuestario —sin superarlo— lo que permitía evitar controles más estrictos. Además, el análisis señala sobreprecios en ciertos materiales y cómo, mediante valoraciones subjetivas, se adjudicaron previamente las obras en cuestión.
Actualmente, en esta pieza separada están imputados, junto con Ábalos y su ex asesor Koldo, el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el ex director general de Carreteras Javier Herrero y varios exdirectivos de Acciona (entre ellos el ex director de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini, el directivo Manuel José García Alconchel, responsable de Zona Sur y África en Acciona Construcción, y el encargado de la Zona Norte, Tomás Olarte Sanz), entre otros.
Por otro lado, el documento emitido por la IGAE reafirma las sospechas iniciales que tuvo el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando la causa se tramitaba en el Tribunal Supremo; es decir, que las supuestas mordidas cobradas por Ábalos, Koldo y Cerdán por adjudicaciones estaban vinculadas a modificaciones de los contratos, práctica común en la corrupción contemporánea.
Fuentes fiscales aseguran que el informe de la IGAE, junto con los audios incautados a Koldo García, donde los líderes de la red corrupta se repartían las comisiones, refuerzan la teoría de amaños en obras públicas, con Acciona como una de las principales beneficiadas.
Mientras tanto, Anticorrupción y el juez Ismael Moreno esperan que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue el informe que analiza el material incautado durante los registros en las oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao el pasado noviembre. Desde hace meses, se investiga la posible imputación legal de la empresa como persona jurídica, situación considerada altamente probable según informan fuentes de la investigación a este medio.
Asimismo, el juzgado de Moreno contará con refuerzo judicial en breve. Se trata de Javier Ángel Fernández Gallardo, que hasta ahora apoyaba al magistrado instructor José Luis Calama. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional justificó recientemente esta incorporación, dado que Moreno investiga no solo los presuntos amaños en obras públicas, sino también el proceso relativo a pagos en efectivo en la sede del PSOE y la trama de las mascarillas durante la pandemia (excepto para los investigados cuya causa remitirá el 7 de abril la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo).
Fernández Gallardo posee sólida experiencia en casos de corrupción de alta relevancia política. Destaca haber sido secretario judicial del juez Pablo Ruz, instructor de la caja B del PP, y quien encabezó, junto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Judicial, la entrada en Génova 13 en busca de documentos relacionados con las obras de la sede.
En un futuro próximo, este magistrado asistirá al juez Ismael Moreno en la investigación sobre la posible financiación irregular del PSOE.